“La corrupción se reproduce favorecida por la impunidad”

Para Garrido no basta con crear órganos de control y poner una chapa en la puerta. Es necesario designar en ellos a personas con compromiso y capacidad.



MANUEL GARRIDO, ex fiscal de investigaciones administrativas

estela jorquera

estelajor@yahoo.com.ar

Manuel Garrido estuvo a cargo de la Oficina Anticorrupción hasta que, en noviembre del 2003, el entonces presidente Duhalde lo propuso para la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Renunció hace un año, cuando el procurador Righi recortó sus facultades.

–¿Es más correcto decir que se fue o que lo fueron de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? (Risas)

–Un poco de todo. Me fui cuando consideré que no tenía sentido quedarme después del modo de interpretar las competencias de la Fiscalía que aplicó el procurador general Esteban Righi. Quedarme era convalidar lo que ocurría. Y sucedió lo que predije: que la jurisprudencia era sacar resoluciones en contra de las facultades de la Fiscalía y que este organismo comenzaría a ocupar un lugar intrascendente. Me equivoqué en esto último porque el lugar que está ocupando ahora es lamentable, teniendo como interino a cargo a Guillermo Noailles.

–¿Su encontronazo fue con Righi?

–Righi decidió, a partir del conflicto que se había planteado con varios fiscales que no impulsaban la acción en determinados casos y lo hacíamos nosotros. El procurador resolvió a favor de los fiscales tratando de manera restrictiva las facultades de la Fiscalía, pero no dijo nada del desempeño de esos fiscales, que en algunos casos fue verdaderamente escandaloso, como la renovación de Aeropuertos Argentina 2000, un concurso de las empresas Soldati donde cuestionamos la actitud del Banco Nación como uno de los acreedores. Tiempo después la Corte Suprema falló compartiendo lo que había sostenido la Fiscalía.

–¿El encargado de controlar la corrupción es mal mirado por el gobierno?

–Pasa en todos lados. La función de controlar la corrupción es molesta para los que son controlados. Son las reglas del juego. Lo que es desalentador es que las consecuencias de las investigaciones que uno desarrolla, por lo menos en la Argentina, son casi nulas. Hay una impunidad casi total en el ámbito judicial y las conductas corruptas se siguen reproduciendo favorecidas por ese marco de impunidad. En la medida en que no se revierta esa impunidad es algo con lo que estaremos habituados a convivir.

–¿En todo gobierno hay corrupción?

–Es muy importante la voluntad política para luchar contra la corrupción, porque si a los órganos de control se los vacía de sus facultades, si no se apoya su rol, si se pone a cargo de ellos gente incompetente y sin compromiso, no habrá resultados ni políticas anticorrupción exitosas. No basta con poner órganos de control con una chapa en la puerta. Si los gobiernos no están involucrados activamente en esas políticas, es una fachada para los foros internacionales o para aparentar que se está haciendo algo cuando en realidad no se hace nada.

–¿Tiene que ver una investigación exitosa con una Justicia independiente?

–Es fundamental que el órgano que hace la investigación sea independiente y que la Justicia también lo sea. Está claro que la Federal de la capital que se ocupa de los casos de corrupción no es independiente o eficaz.

–¿Cuántos hechos de corrupción llegan a juicio?

–Casi ninguno. Se traban en la etapa de instrucción y no se puede responsabilizar sólo a los jueces por esto, porque el Congreso no ha modificado desde el 92 el Código Procesal Penal, cuando es un adefesio. Hay una serie de factores que son organizacionales pero que favorecen que la Justicia evite avanzar en casos que implicarán un costo político para los jueces. Porque avanzar en casos de corrupción genera conflictos con el poder de turno y eso no conviene en la carrera judicial ni para gozar de ciertas ventajas.

–¿Importa cómo se elige a un juez para garantizar independencia?

–El modo de designación es una de las formas de asegurar la independencia judicial. Y tiene que complementarse con que ese juez tenga un mandato fijo, que no pueda ser removido fácilmente, establecer códigos de conducta para evitar contactos indebidos con el poder político, que haya rendición de cuentas, una ciudadanía activa, una prensa libre y observadora de lo que hacen los jueces.

–¿Llegar a juez hoy no significa ser el abogado más formado del concurso?

–Los sistemas deberían apuntar a una designación meritocrática, de los mejores, pero eso depende de factores como los mecanismos de selección, cuestiones salariales y las condiciones en las que desenvuelven sus funciones. El ideal sería que sean abogados calificados en condiciones de cumplir de manera independiente con su rol.

–¿Conoce el método de designación de jueces y funcionarios en Río Negro?

–Tengo una vaga idea pero no puedo opinar seriamente porque no sigo cómo funciona el Consejo de la Magistratura. Estos organismos se establecieron para garantizar mayor independencia de la Justicia y poner un dique a la intervención del Ejecutivo y selección arbitraria de los jueces. Cómo funciona en cada provincia y a nivel nacional depende de su conformación, qué controles tiene, si hay una ciudadanía activa o no, si la prensa está atenta a lo que decide, si hay acceso a la información sobre las actuaciones del Consejo no sólo en los concursos. Es ideal que no sea un organismo estrictamente corporativo y que haya mecanismos para designar jurados que garanticen independencia y que no haya manipulaciones en los concursos.

–¿Corrupción es sinónimo de poder?

–Corrupción es sinónimo de abuso de poder y por lo general con una finalidad económica. Para controlar la corrupción hay que controlar al poder y eso es un desafío permanente en una democracia relativamente joven como la Argentina.

–¿Hubo momentos de mayor control?

–Pudo haber oleadas respondiendo a cuestiones o a un mayor reclamo de la ciudadanía. Me resulta difícil identificar a algún gobierno por lo menos del 83 en adelante que haya tenido una política sostenida sobre esta cuestión. A fines del gobierno de Menem hubo un reclamo de la ciudadanía y eso generó la creación de la Oficina Anticorrupción, que luego se desvaneció en el medio de la crisis económica y del escándalo de coimas en el Senado. Habría que ver si es realmente una preocupación del pueblo o no en este momento. En los políticos hay dos vicios habituales: la introducción en los discursos de referencias a la corrupción pero de manera vacía y hablar de la corrupción de los gobiernos que pasaron cuando en realidad una política pública contra la corrupción debe hacerse cargo del futuro.

–¿Será que la sociedad no tiene conciencia de su poder para controlar y no sólo para votar?

–Se vota cada dos o cuatro años y hay un gran ámbito para participar que tiene que ver con exigir el acceso a la información y controlar lo que pasa en los gobiernos.

–¿Son muchos los hechos de corrupción en el actual gobierno nacional?

–En todos los gobiernos. En éste también, en casos que son notorios y en varios de los que denuncié vinculados con renegociaciones abusivas de contrataciones públicas, con sobreprecios en obras públicas, dádivas a funcionarios. Fuimos los primeros que investigamos a Jaime, que es un caso escandaloso pero no el único. Hay una opacidad total sobre los subsidios y también en el manejo de la pauta publicitaria estatal.

–¿Hubo enriquecimiento ilícito en el matrimonio Kirchner-Fernández?

–Lo que no hubo fue una investigación seria. Es lo que reclamé desde la Fiscalía en su momento y apelé cuando se cerró la investigación del período 2004/07 sin profundizar. Lo mismo pasó con la última resolución de Oyarbide y sin embargo el caso se cerró y el fiscal no apeló. O sea: si hubo o no enriquecimiento ilícito no lo sabremos hasta que no haya una investigación seria.

–¿Faltan investigaciones serias en el país?

–Nos faltan funcionarios que cumplan con su rol.

Evangelina Martínez


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