La Corte ataca
Aunque hasta el último momento el gobierno esperaba que la Corte Suprema desistiera de declarar inconstitucional el recorte de los haberes de los estatales y jubilados mejor remunerados que fue ordenado por el presidente Fernando de la Rúa en mayo del año pasado, pocos se sintieron demasiado sorprendidos por el fallo que finalmente llegó. No es que la mayoría entendiera que la ley estaba del lado de los estatales, sino que suponía que la Corte aprovecharía la oportunidad para enviar un nuevo mensaje a un gobierno que, a comienzos de su gestión, había hecho de la defenestración de los nueve ministros actuales una de sus banderas principales pero que últimamente ha dejado saber que se conformaría con la renuncia de dos. Claro está que el hecho de que virtualmente todos, sin excluir a los partidarios de los estatales, hayan interpretado tanto este fallo como otros relacionados con el corralito en términos netamente políticos, cuando no personales, nos dice mucho sobre la situación imperante en el país. A juicio de buena parte de la ciudadanía, el Poder Judicial está en guerra contra el Ejecutivo y un sector del Legislativo y no le importan en absoluto las consecuencias para los demás: son lo que se llama «daños colaterales».
En el país real, los estatales, entre ellos los jueces, ocupan una posición decididamente privilegiada. En promedio, sus ingresos son muy superiores a aquellos de los empleados en el sector privado. Además, mientras que en casi todo el país la desocupación ha alcanzado niveles angustiantes, los estatales siguen gozando de un grado envidiable de estabilidad laboral. El desfasaje así supuesto podría justificarse si no hubiera duda de que los empleados públicos son más eficientes y mejor preparados que el resto de la población, pero ocurre que nadie imagina que éste sea el caso. Por el contrario, es notorio que desde hace muchos años los políticos hayan tratado al sector público como una suerte de red de seguridad destinada a proteger a muchos que de otro modo serían inempleables y también, es innecesario decirlo, a sus respectivas clientelas.
La politización del sector público constituye una de las causas fundamentales de la crisis que está devastando al país. No es que el presupuesto estatal sea extraordinariamente elevado, es que aquí el Estado no está en condiciones de cumplir con sus funciones básicas. Sin embargo, a través de los años los comprometidos con el esquema existente se las han arreglado para pertrecharlo de tantas defensas jurídicas que reformarlo parece virtualmente imposible. Como acaba de recordarnos la Corte Suprema, institución cuyas deficiencias de toda clase reflejan fielmente aquellas del «modelo» populista que tantos perjuicios nos ha causado, a menos que un gobierno esté dispuesto a hacer gala de su lealtad hacia jueces nominados por motivos indisimuladamente políticos, ni siquiera le será dado soñar con modificar el sector público sin verse enfrentado con la Justicia.
Si bien sería poco razonable exigir que los jueces sean expertos en economía, convendría que se dignaran a tomar en cuenta algunos detalles, como los supuestos por el aumento de aproximadamente tres mil millones de pesos anuales que ordenaron agregar al déficit presupuestario más los cinco mil millones que costarían las retroactividades. Aunque según los demagogos de siempre y los lobbistas estatales tales sumas no plantearían problemas porque, al fin y al cabo, conforme a su modo de pensar los bancos recibieron más, la verdad es que los encargados de pagarlas serán primero los no estatales y después, la inflación -o hiperinflación- mediante, los estatales mismos. En el fondo, lo que la Corte Suprema pretende hacer, en el contexto de un conflicto de poderes que es escandaloso por la conducta tanto de tirios como de troyanos, es obligar a la mayoría ya casi asfixiada de la población a entregar una cantidad enorme de dinero a otra parte que, a pesar de haberse visto golpeada por la crisis, ha sufrido menos. En cuanto a la incidencia de este espectáculo en la relación del país con el FMI y los gobiernos de los países que podrían sentirse tentados a colaborar con un esfuerzo auténtico por mejorar el manejo de la economía, no podrá ser sino negativa al confirmar su sospecha de que la Argentina está resuelta a suicidarse.
