La Corte en la mira
Si bien el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, asegura que el gobierno nacional no se ha propuesto modificar radicalmente la conformación de la Corte Suprema, agregándole cinco o seis nuevos miembros –todos, o casi todos, debidamente “democráticos” y “legítimos” según las pautas kirchneristas–, el temor a que un proyecto en tal sentido esté gestándose en las entrañas del oficialismo mantiene en vilo no sólo a la oposición sino también al presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Hace poco, en el transcurso de una entrevista radial, Lorenzetti advirtió que no se trata de algo “que se pueda hacer porque cambiaron las conveniencias” y subrayó que en el 2006 la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner había impulsado la reforma que redujo de nueve a cinco el número de jueces de la Corte. Pero, claro está, los tiempos han cambiado y, con ellos, “las conveniencias” del gobierno. Desde el punto de vista de la presidenta, la Corte Suprema se ha convertido en un bastión enemigo que quisiera tomar antes de irse en diciembre y la mejor manera de lograrlo consistiría en llenarla de jueces –o conjueces–, adictos, reeditando así lo que el kirchnerismo ya ha hecho en la Cancillería, el Ministerio de Economía, la mayoría de las reparticiones estatales o paraestatales y la aún embrionaria Agencia Federal de Inteligencia. Con la esperanza de hacer “irreversible” la en buena medida imaginaria revolución kirchnerista, el gobierno ha entregado miles de cargos públicos a militantes de La Cámpora que, en muchos casos, carecen de calificaciones profesionales. La preocupación que ha motivado el interés evidente del Poder Ejecutivo en cambiar la composición de la Corte Suprema puede entenderse, ya que lo que le atribuye no sólo es querer aprovechar una oportunidad para impulsar la candidatura de un jurista de ideas afines para reemplazar a Raúl Zaffaroni, lo que sería perfectamente normal en una democracia presidencialista como la nuestra, sino también de llevar a cabo una especie de revolución judicial con el propósito de obligar a los gobiernos próximos a procurar convivir con una Corte netamente kirchnerista dispuesta a frustrar cualquier esfuerzo por modificar el rumbo socioeconómico. Sería como si los presidentes Néstor Kirchner y Cristina hubieran tenido que resignarse a verse acompañados por una Corte Suprema resuelta a defender, cueste lo que costare, todas las medidas ensayadas por su antecesor “neoliberal” Carlos Menem, lo que, entre otras cosas, les hubiera impedido reanudar los juicios contra los militares acusados de cometer violaciones gravísimas de los derechos humanos en los años setenta. Pero no sólo se trata de la voluntad comprensible de un gobierno saliente de prolongar la vida de un “modelo” o “proyecto” económico y político determinado. Tanto Cristina como sus allegados saben muy bien que, una vez en el llano, correrían el riesgo de tener que rendir cuentas ante la Justicia por el aumento difícilmente explicable de sus respectivos patrimonios. Además de las causas vinculadas con los negocios hoteleros de la presidenta y miembros de su familia, podría reabrirse la de enriquecimiento ilícito que, para alivio del gobierno y asombro de muchos juristas, en diciembre del 2009 el juez Norberto Oyarbide se las arregló para cerrar en un lapso sospechosamente breve. Parecería que, por ahora, el gobierno ha abandonado la esperanza de conseguir la aprobación de dos tercios de los senadores para la designación a la Corte de Roberto Carlés, un aspirante que dio a entender que contaba con el respaldo del papa Francisco, un privilegio hipotético que, en opinión de los dirigentes opositores y muchos juristas, no bastaba como para compensar su falta de experiencia o los datos dudosos con los que había enriquecido su currículum vitae, pero así y todo seguirá tratando de influir en la composición de una institución que, a pesar de todas las presiones, ha logrado conservar su autonomía. Puesto que no les queda mucho tiempo, los kirchneristas tendrán que apurarse, de suerte que es de prever que en los meses próximos proliferen maniobras encaminadas a debilitar la resistencia de Lorenzetti a permitir la duplicación o triplicación del número de jueces de la Corte Suprema pero, tal y como están las cosas, lo más probable es que todas fracasen.
Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Lunes 20 de abril de 2015
Si bien el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, asegura que el gobierno nacional no se ha propuesto modificar radicalmente la conformación de la Corte Suprema, agregándole cinco o seis nuevos miembros –todos, o casi todos, debidamente “democráticos” y “legítimos” según las pautas kirchneristas–, el temor a que un proyecto en tal sentido esté gestándose en las entrañas del oficialismo mantiene en vilo no sólo a la oposición sino también al presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti. Hace poco, en el transcurso de una entrevista radial, Lorenzetti advirtió que no se trata de algo “que se pueda hacer porque cambiaron las conveniencias” y subrayó que en el 2006 la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner había impulsado la reforma que redujo de nueve a cinco el número de jueces de la Corte. Pero, claro está, los tiempos han cambiado y, con ellos, “las conveniencias” del gobierno. Desde el punto de vista de la presidenta, la Corte Suprema se ha convertido en un bastión enemigo que quisiera tomar antes de irse en diciembre y la mejor manera de lograrlo consistiría en llenarla de jueces –o conjueces–, adictos, reeditando así lo que el kirchnerismo ya ha hecho en la Cancillería, el Ministerio de Economía, la mayoría de las reparticiones estatales o paraestatales y la aún embrionaria Agencia Federal de Inteligencia. Con la esperanza de hacer “irreversible” la en buena medida imaginaria revolución kirchnerista, el gobierno ha entregado miles de cargos públicos a militantes de La Cámpora que, en muchos casos, carecen de calificaciones profesionales. La preocupación que ha motivado el interés evidente del Poder Ejecutivo en cambiar la composición de la Corte Suprema puede entenderse, ya que lo que le atribuye no sólo es querer aprovechar una oportunidad para impulsar la candidatura de un jurista de ideas afines para reemplazar a Raúl Zaffaroni, lo que sería perfectamente normal en una democracia presidencialista como la nuestra, sino también de llevar a cabo una especie de revolución judicial con el propósito de obligar a los gobiernos próximos a procurar convivir con una Corte netamente kirchnerista dispuesta a frustrar cualquier esfuerzo por modificar el rumbo socioeconómico. Sería como si los presidentes Néstor Kirchner y Cristina hubieran tenido que resignarse a verse acompañados por una Corte Suprema resuelta a defender, cueste lo que costare, todas las medidas ensayadas por su antecesor “neoliberal” Carlos Menem, lo que, entre otras cosas, les hubiera impedido reanudar los juicios contra los militares acusados de cometer violaciones gravísimas de los derechos humanos en los años setenta. Pero no sólo se trata de la voluntad comprensible de un gobierno saliente de prolongar la vida de un “modelo” o “proyecto” económico y político determinado. Tanto Cristina como sus allegados saben muy bien que, una vez en el llano, correrían el riesgo de tener que rendir cuentas ante la Justicia por el aumento difícilmente explicable de sus respectivos patrimonios. Además de las causas vinculadas con los negocios hoteleros de la presidenta y miembros de su familia, podría reabrirse la de enriquecimiento ilícito que, para alivio del gobierno y asombro de muchos juristas, en diciembre del 2009 el juez Norberto Oyarbide se las arregló para cerrar en un lapso sospechosamente breve. Parecería que, por ahora, el gobierno ha abandonado la esperanza de conseguir la aprobación de dos tercios de los senadores para la designación a la Corte de Roberto Carlés, un aspirante que dio a entender que contaba con el respaldo del papa Francisco, un privilegio hipotético que, en opinión de los dirigentes opositores y muchos juristas, no bastaba como para compensar su falta de experiencia o los datos dudosos con los que había enriquecido su currículum vitae, pero así y todo seguirá tratando de influir en la composición de una institución que, a pesar de todas las presiones, ha logrado conservar su autonomía. Puesto que no les queda mucho tiempo, los kirchneristas tendrán que apurarse, de suerte que es de prever que en los meses próximos proliferen maniobras encaminadas a debilitar la resistencia de Lorenzetti a permitir la duplicación o triplicación del número de jueces de la Corte Suprema pero, tal y como están las cosas, lo más probable es que todas fracasen.
Registrate gratis
Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento
Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
