La Corte israelí aprobó la expulsión de palestinos

Jerusalén/Londres (ANSA/dpa) – Una década después de la última deportación masiva desde los territorios palestinos, la Corte Suprema de Israel autorizó ayer nuevamente la expulsión de palestinos por «razones de seguridad», en una decisión calificada como otro «crimen de guerra» por sus dirigentes.

Los nueve jueces confirmaron la expulsión de Cisjordania a la Franja de Gaza de dos hermanos palestinos acusados de haber ayudado a un hermano a cometer un atentado suicida en Tel Aviv en julio pasado. La corte dictaminó, sin embargo, que los dos palestinos, Kifah e Intisar Ajur, procedentes del campo de refugiados de Askar, cerca Nablus, no podrán ser enviados a la Franja de Gaza por tiempo indefinido, sino que tendrán derecho a retornar a Cisjordania en dos años.

Respecto al caso de un tercer palestino que el Ejército pretendía expulsar de Cisjordania, el tribunal concluyó que no había pruebas suficientes de que hubiera ayudado activamente a su familiar a perpetrar el atentado.

Tras el fallo, extremistas palestinos amenazaron a Israel con nuevos actos de violencia, mientras que la Autoridad Nacional Palestina (ANP) reaccionó con dureza contra la decisión.

Los jueces les dieron a los afectados -que según el fallo judicial colaboraron con su hermano en la ejecución del crimen y representan un peligro para la seguridad de Israel- 24 horas para prepararse para la expulsión.

El hermano de los tres palestinos, Ali Ajuri, había sido acusado por el Ejército israelí de ser el autor intelectual del atentado suicida del 17 de julio en Tel Aviv. El presunto terrorista fue abatido a tiros por soldados israelíes el 6 de agosto. El atentado costó la vida a cinco personas, tres de ellas trabajadores extranjeros.

La política israelí de expulsar a familiares de presuntos terroristas palestinos y demoler sus casas está reñida con el derecho internacional y es motivo de duras críticas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Luego de varios atentados terroristas, el gobierno de Ariel Sharon mandó detener el 19 de julio a numerosos familiares de los supuestos responsables de los atentados. El 1 de agosto el Ejército ordenó la deportación de los tres palestinos, que fue frenada por La Corte Suprema.

Según explicó el Tribunal, el dictamen no choca contra la Cuarta Convención de Ginebra, e invocó para ello el artículo 78 de la Convención. «Toda persona tiene el derecho básico de mantener su lugar de residencia», aceptó la corte, pero añadió: «La misma ley internacional -en el artículo 78 de la Cuarta Convención de Ginebra- reconoce que hay circunstancias en las cuales este derecho puede ser invalidado por otros intereses, es decir razones imperativas de seguridad».

Los comandantes militares israelíes en Cisjordania están ahora en la búsqueda de nuevos «candidatos» para ser expulsados.

El ministro de Defensa israelí, Benjamin Ben Eliezer, sostuvo que junto con la demolición de casas de supuestos terroristas suicidas, las expulsiones son a su entender «eficaces», ya que «previenen atentados y ahorran vidas humanas».

El portavoz del presidente palestino Yasser Arafat, Nabil Abu Rudeina, anticipó que la cuestión, en términos de una denuncia de «crimen de guerra», será presentada ante Naciones Unidas. «Las masacres y las deportaciones deben terminar. El Consejo de Seguridad debe detener a Israel», dijo Rudeina.

Defensores de los derechos humanos criticaron que no se levantó una acusación contra los palestinos y que serán expulsados sin comprobación judicial de su culpabilidad.

Amnistía Internacional (AI) señaló que los dos palestinos estuvieron detenidos pero no fueron acusados, señaló la organización.»El fallo de hoy realmente permite una grave violación de uno de los principios más básicos de las leyes internacionales de derechos humanos, el derecho de cualquier acusado a un juicio justo y a cuestionar la evidencia utilizada en su contra», dijo.

Entrevista: Las medidas «criminalizan a toda la población»

La violencia entre palestinos e israelíes no transcurre sólo en las calles de los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania: también tiene su reflejo en una compleja red jurídica y política que reprime no sólo a los terroristas palestinos sino también a los pueblos que participan de las diversas formas de protesta contra la ocupación israelí. Esta es una de las conclusiones a la que llegaron los juristas de la Asociación Internacional de Juristas, una ONG que agrupa a abogados de todo el mundo que defienden la vigencia del estado de derecho y los derechos humanos.

Como integrante de esta asociación en Argentina, el abogado Martín Lozada, secretario el Juzgado I del Crimen de Bariloche y profesor de Derecho Internacional en la Universidad FASTA estuvo hace un mes en la región. El colaborador de «Río Negro» participó en un encuentro realizado en El Cairo y de una visita a los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania hace dos semanas, para analizar la situación de los prisioneros palestinos.

– ¿Cuál es la situación de los prisioneros palestinos?

– Realmente grave. Hay 8.000 palestinos detenidos sin proceso judicial en su contra; es decir, sin que se les impute en forma puntual y precisa delito o crimen alguno. Estas personas en su gran mayoría no tienen acceso a un abogado, se ven privadas de mantener contacto con sus familias y están fuera del alcance de cualquier garantía que rige las reglas del debido proceso legal.

– ¿Vieron a los prisioneros?

– Los visitamos en la prisión de Jericó y luego en Ramallah. Todos los entrevistados ya tenían sentencia firme de absolución por parte del Superior Tribunal Palestino y, pese a ello, seguían presos por presión de Israel. Si son puestos en libertad, podrían ser asesinados o secuestrados.

– ¿Cuál es la explicación, si la hay, para esos abusos ?

– La ocupación militar israelí del territorio palestino se desarrolla en franca violación a las más elementales reglas del derecho internacional y resulta injustificable desde una perspectiva legal. En este contexto se produce la criminalización de aquellos palestinos comprometidos, no ya desde las armas, sino desde la faz política y social con la lucha por los territorios ocupados y su autonomía.

– ¿Existe una persecución legal a los palestinos?

– Existe una variada forma de menoscabar los derechos de los habitantes de los territorios. Tienen una carácter asistemático, es decir, se aplican en forma arbitraria, caprichosa, un día en un sitio y luego, sin razón aparente, en otro. Comprenden las confiscaciones de tierras, la demoliciones de barrios enteros, tal como ha sucedido en Jenín y en Gaza, y también los traslados forzosos de la población palestina de un sitio a otro. Y por supuesto que hay muchos pueblos sujetos al toque de queda y otras restricciones .

– ¿Tiene idea de deportaciones de palestinos ( familiares de ) presuntos atacantes suicidas?

– Las deportaciones de parientes de presuntos terroristas es una de las principales directivas del gobierno israelí para combatir el terrorismo. Según la ley en vigencia, esta medida solo se podrá aplicar en aquellos casos en que se demuestre que el pariente en cuestión tuvo algún grado de complicidad o conocimiento previo de los atentados. El problema es que esta norma se aplica en forma arbitraria y discrecional. Las organizaciones de derechos humanos locales, tanto palestinas como israelíes, han condenado la norma por suponer una violación de la IV Convención de Ginebra, de la cual Israel es signatario.

– ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que arribaron?

– Que los palestinos son personas protegidas por la cuarta Convención de Ginebra y por todos los derechos que de allí emanan. Por lo tanto, los arrestos masivos que sufren los palestinos representan una violación a la prohibición de aplicar castigos y sanciones de carácter colectivos. El castigo sólo es posible de ser aplicado como consecuencia de actos cometidos por personas individuales, y tras un procedimiento que comprende la posibilidad de ejercer la defensa legal de la persona acusada.