La Corte se defiende



Con el propósito de asegurar que el proyecto “nacional y popular” supuestamente impulsado por el gobierno actual se mantenga vivo después del 10 de diciembre próximo, agrupaciones fieles a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner están procurando llenar de militantes todas las reparticiones estatales; contar, gracias a la ayuda brindada por empresarios amigos, con una presencia fuerte en los medios periodísticos y dominar el Poder Judicial. Es su propia versión de “la larga marcha sobre las instituciones” que recomendó casi un siglo atrás el pensador marxista italiano Antonio Gramsci, ya que a su juicio la mejor manera de llevar a cabo una revolución del tipo que quería consistía en reemplazar el relato de los comprometidos con el viejo orden por otro y poner las instituciones “burguesas” al servicio de lo que sería el nuevo. En esta empresa los kirchneristas han logrado mucho. Se han apropiado de la Cancillería, creen que será suya la Agencia Federal de Inteligencia –es decir, la ex-SIDE– y se han atrincherado en zonas estratégicas del Poder Judicial. Así y todo, parecería que no les será dado conquistar el baluarte judicial más importante: la Corte Suprema. Para indignación de los oficialistas, pero alivio de todos los demás, los cuatro miembros del tribunal máximo fallaron que sería inconstitucional cubrir vacantes designando, como pretende el gobierno, conjueces que no consiguieron la aprobación de dos tercios de los senadores, sino que tuvieron que conformarse con la de una mayoría simple. De tal manera, pusieron un obstáculo difícilmente superable en el camino de los decididos a ampliar la Corte a nueve miembros para que haya una mayoría kirchnerista o, cuando menos, una afín a su forma de pensar, por muchos años más. Y, para rematar, los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt reeligieron a Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte para tres años más, a partir del 1 de enero del año que viene. Aunque es de prever que Cristina y sus simpatizantes sigan tratando de conquistar terreno en el mundillo judicial, les queda cada vez menos tiempo para alcanzar sus objetivos. El que la Justicia y las instituciones que la representan evolucionen con lentitud suele ser motivo de frustración para políticos deseosos de romper con el pasado inmediato sin tener que preocuparse por nimiedades legales. Por ser la Justicia intrínsecamente conservadora, ya que los magistrados siempre tienen que respetar decisiones tomadas en otros tiempos, que en ocasiones son remotos, aun cuando los legisladores hayan introducido modificaciones drásticas o leyes totalmente nuevas, todo gobierno, sea izquierdista o derechista, estatista o liberal, que aspira a “cambiar la historia” se ve obligado a proceder con mucha cautela. Aunque es lógico que los que, como los menemistas en su momento y los kirchneristas desde mayo del 2003, se sienten víctimas del obstruccionismo judicial protesten contra lo que les parece antidemocrático, la alternativa sería decididamente peor. No sólo aquí, sino también en otros países que no son dictaduras arbitrarias, las preferencias políticas mayoritarias pueden cambiar con rapidez desconcertante, razón por la que es necesario que el sistema institucional incluya mecanismos de control y equilibrio adecuados de los cuales los vinculados con el Poder Judicial son los más importantes. Sin ellos, la Argentina sería un país aún más caótico de lo que ya es. Se parecería a un auto veloz sin frenos que a menudo se aceleraría hacia el abismo más cercano dejando a los pasajeros a merced de los caprichos del conductor de turno. Sucede que, mal que les pese a los impacientes, para que funcione bien la democracia los gobernantes han de acatar los fallos de quienes no necesariamente comparten sus prioridades o ideología. La mayoría se resigna de antemano a la realidad así supuesta pero algunos, entre ellos Cristina y sus allegados, quisieran privar al país de los frenos institucionales previstos por la Constitución por suponer que todo debería subordinarse a sus propios intereses tanto políticos como personales; de ahí la ofensiva, por fortuna tardía, que han emprendido contra la Corte Suprema y aquellos sectores del Poder Judicial cuyos integrantes se resisten a desempeñarse como militantes del proyecto oficialista.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Ítalo Pisani Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Sábado 25 de abril de 2015


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