La cuestión policial
MARÍA BEATRIZ GENTILE (*)
En la Argentina, buenas partes de las policías se configuraron históricamente en el autoritarismo en tanto racionalidad política. Como bien analiza Máximo Sozzo, nacieron “militarizadas” y su compromiso no fue con el “servicio a la comunidad” sino con el “resguardo del orden”. Copiaron la estructura jerarquizada y la normativa propia de la institución militar y esta particularidad, así como les facilitó amoldarse rápidamente en la década de 1960 a la Doctrina de la Seguridad Nacional y apropiarse de las prácticas terroristas, veinte años después les impidió adecuarse al Estado de derecho. Con jerarquías fijas, normativas autoritarias y representaciones propias de la criminalística positivista, las policías se encontraron incapacitadas para asumir el compromiso con un nuevo marco de garantías constitucionales que la naciente democracia a partir de 1983 pretendió imponer. De esta forma, cuando el poder político intentó reestructurar la institución policial, se encontró con una realidad marcada por la sensación de impunidad de sus miembros; la autonomía institucional con respecto al poder político; la anarquía evidenciada en el predominio de objetivos institucionales; la existencia de pujas internas y la desconfianza del personal subordinado hacia sus superiores. Éste fue el diagnóstico mayoritario con el que se encontraron los distintos gobiernos provinciales y nacionales al enfrentar la “cuestión policial”. ¿Qué se hizo al respecto? Hubo intentos variados de acuerdo a las diferentes experiencias provinciales y nacionales, pero en casi todas ellas primó el diseño de imprecisos “planes de seguridad” que en general descansaron sobre un “pacto con los uniformados”. Estos acuerdos –el más famoso fue el de la llamada “policía del siglo XXI” del entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde– implicaban que el gobierno se comprometía a reequipar a la fuerza y a no interferir en sus asuntos internos; a cambio, pedía subordinación, presencia en las calles y mano dura a cualquier costo. El plan de seguridad del exministro Manganaro bajo el gobierno de Jorge Sobisch en la provincia de Neuquén siguió líneas similares a las planteadas. El énfasis fue puesto en el armamentismo en detrimento del “factor humano”. La capacitación de la Policía neuquina corrió con notoria desventaja y el compromiso asumido ante la sociedad de una mayor exigencia en la selección e incorporación del personal fue desatendido y olvidado. A las sospechas de corrupción en la compra de equipamiento para este “plan” denunciadas por legisladores provinciales, se sumó una agudización en las prácticas violentas con que la Policía actuó durante esos años; entre ellas la golpiza y aplicación generalizada de tormentos a los internos de la Unidad Carcelaria Nº 11 en el año 2004 y luego el asesinato macabro de Carlos Fuentealba fueron, tal vez, las muestras más sádicas de lo que estaba sucediendo. Las detenciones indiscriminadas de personas para la averiguación de antecedentes y los consecuentes malos tratos en las comisarías, el uso de métodos violentos en el marco de investigaciones y los interrogatorios policiales y el acoso posterior al que se vieron sometidos el individuo y su familia cuando denunciaron apremios por parte de la Policía fueron prácticas que resultaron más rutinarias de lo que la opinión pública consideró, al punto que el gobierno que sucedió a la gestión Sobisch tuvo que gestionar la instalación de cámaras en las comisarías, decisión que igualmente no se completó hasta el día de la fecha. A esta realidad compleja se suma que, en los últimos años del siglo XX y primeros del siguiente, los medios de comunicación han reforzado climas y “consensos” que convalidan y facilitan prácticas de “mano dura”, con consecuencias gravísimas. Por último, el hecho de que se impulse un derecho penal expansivo, inflacionario, en franco crecimiento, más cruento, más duro, más selectivo y discriminatorio –que es lo que la criminalística mediática a veces pide– constituye el marco idóneo para la reproducción de formas de violencia que tradicionalmente se expresaban a través de los conflictos armados que vivió la región y que ahora continúan expresándose pero bajo la forma de una violencia policial que exige “mano dura” para combatir el delito y “manos libres” para hacer negocios. Todo esto es parte de un debate que no se quiere dar pero que urge hacer. Como bien dice Zaffaroni: “Hay una criminología académica… una mediática y hay una realidad, que son los cadáveres… y la seguridad sería entonces tratar de que cada cadáver llegue a su debido tiempo y no antes”. (*) Secretaría Nacional de DD. HH. Delegación Neuquén
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