La defensa pide impugnar la sentencia contra quienes usurparon tierras en Viedma
Para el abogado Diego Sacchetti la jueza que actuó en la causa violó el principio de legalidad y el derecho de un juez imparcial. En contra de la presentación se pronunció el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro.
La defensa de Facundo Raúl Llancafil, Mauro Raúl Calvo y Jonathan Britos presentó un pedido de impugnación y cuestionó el accionar de la jueza Daniela Zágari en la causa en la que tres personas fueron condenadas por la toma de tierreas en la capital provincial.
Ese hecho derivó en diferentes causas judiciales, con una veintena de imputados que aguardan la realización de las respectivas audiencas de formulación de cargos.
El 22 de junio se conoció la primera sentencia, dictada por Zágari, que condenó a dos imputados a penas condicionales y tareas comunitarias y, al tercero, a un año de prisión efectiva por sus antecedentes.
El defensor Diego Sacchetti presentó la impugnación y anticipó que cuestionará la “violación del principio de legalidad”, el “incumplimiento de las reglas de la sana crítica” por una “setencia arbitraria” y la “violación al derecho de un juez imparcial”.
En el escrito cuestionó que la jueza “ha ampliado el tipo penal conforme criterios jurisprudenciales que invoca, pero no cita, sin el mínimo rigor técnico, interpretando la ley a efectos de atribuirle un sentido ampliatorio de las conductas punibles, incluso más allá del absurdo” y agregó que “la sentencia se aparta de toda conceptualización técnica sobre el punto y amplía el tipo penal persiguiendo conductas no punibles”.
Por otra parte considera que la sentencia es arbitraria porque “no hay una sola referencia a razonamiento alguno que, considerando las pruebas en autos permita observar cómo es que la sentenciante ha reconstruido la propuesta fáctiva de la Fiscalía”.
Por último, planteó que la juez Zágari no cumplió con el derecho de imparcialidad porque “es titular, junto a sus hermanos y hermanas, de un desarrollo inmobiliario de características muy similares” que “se encuentra a menos de 500 metros del inmueble cuya ocupación debía resolver” y que fue “desarrollado inicialmente” por Miguel Angel Battisti “quien fuera denunciante y testigo en la presente causa”.
Sacchetti planteó que “no es posible pensar que cuando la Dra. Zágari escuchaba al querellante hablar del daño económico que la ocupación le causaba pudiera abstraerse de su propia condición de desarrolladora inmobiliaria vecina al loteo ocupado”.
La opinión del Colegio de Magistrados y funcionarios
Sobre el tema también se pronunció el Colegio de Magistrado y Funcionarios de la provincia que consideró que «sostener y convalidar este tipo de argumento llevaría al absurdo de que ningún juez/a podría juzgar ningún conflicto jurídico» porque «los jueces y juezas son, al igual que el resto de los ciudadanos, titulares de bienes jurídicos protegidos por la ley, se divorcian, conducen automóviles, son propietarios, son madres y padres, etc y de aceptar el criterio que expone el defensor estarían vedados para juzgar en todos los casos que llegan a juicio».
La entidad recordó que «por ello la ley sólo admite en excepcionalísimos supuestos el apartamiento de los jueces/as de las causas que les asignan, y esos casos tienen que ver con la existencia de un interés directo en el conflicto que se resuelve, cuestión que en el presente, y por las propias manifestaciones referidas no se verifica en absoluto».
Frente a esta situación el Colegio «llama a la reflexión para distinguir argumentos razonables de los que no lo son, y a hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de la conversación pública y contribuir a la paz social».
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