La democracia aún incipiente

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No se equivocaban los muchos que calificaron de golpe a la democracia la muerte del fiscal Alberto Nisman. Lo ha sido no porque existan buenos motivos para creer que se trató de un asesinato o de un “suicidio inducido”, puesto que episodios tan luctuosos pueden darse hasta en las democracias más maduras sin que debiliten el sistema imperante, sino porque la mayoría de los habitantes del país se siente convencida de que nunca sabremos la verdad acerca de lo que aconteció el domingo pasado en aquel departamento de Puerto Madero y que, como ha ocurrido con los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, además del supuesto suicidio en 1990 del exadministrador de la aduana, el brigadier Rodolfo Echegoyen y otras muertes sospechosas, el asunto terminará sumándose a una lista ya demasiado larga de misterios no aclarados. Para que la democracia sea algo más que la costumbre de celebrar elecciones a intervalos previsibles, es necesario que, con la excepción inevitable de una franja reducida, la ciudadanía confíe plenamente en las instituciones, sobre todo en las vinculadas con la Justicia, pero sucede que en la Argentina actual virtualmente todos los fiscales, jueces, policías y funcionarios de organismos como la Anses están bajo sospecha. Hay un consenso tácito de que antepondrán sus propios intereses, o aquellos de sus presuntos jefes políticos, a los del resto de la población, minimizando la importancia de las infracciones cometidas por algunos y castigando indebidamente a otros, como suele suceder en sociedades tribales de costumbres premodernas. Así, pues, aunque la mayoría se afirma a favor de la democracia y decidida a conservarla, sigue siendo una aspiración, una obra que apenas se ha iniciado. Parecería que se ha avanzado muy poco en tal sentido en las décadas transcurridas desde 1983, cuando el país por fin dejó atrás una etapa prolongada en que, a juicio de muchos, una dictadura militar era una alternativa viable a un gobierno elegido inoperante. Si bien desde entonces las elecciones se han hecho rutinarias, sólo se trata de la parte más fácil y, para muchos políticos, más grata de lo que les corresponde hacer para que la democracia se consolide, ya que a menudo los gobiernos resultantes se han visto dominados por personas reacias a respetar ciertas reglas básicas u oponerse a los intereses creados atrincherados en diversas reparticiones del Estado. Es como si coincidieran con los militares, o con los líderes del régimen chino y otros parecidos, en que el sistema democrático es tan ineficiente que sería mejor reemplazarlo por uno más autoritario. De más está decir que el gobierno kirchnerista no se ha caracterizado por su voluntad de mejorar las instituciones nacionales. Por el contrario, luego de improvisar una ideología que le sirve para justificar virtualmente cualquier arbitrariedad, se puso a “colonizar” el sector público llenándolo de “militantes”. Los esfuerzos kirchneristas más notorios, y más perjudiciales, en tal sentido han sido los encaminados a hacer del Poder Judicial un apéndice del Ejecutivo con el propósito evidente de brindarles a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus allegados la protección legal que necesitarán cuando se encuentren en el llano, pero distan de ser los únicos. En efecto, uno de los muchos problemas que tendrá que procurar solucionar el próximo gobierno y, es posible, sus sucesores, consiste en el planteado por el superávit de militantes kirchneristas incorporados al plantel permanente del Estado nacional y de algunos provinciales. El impacto de la muerte del fiscal Nisman ha sido muy fuerte. ¿Sabrá reaccionar de manera coherente y constructiva frente al desafío que le ha supuesto la parte realmente democrática de la clase política nacional? Para que lo haga, los representantes de las principales agrupaciones no sólo tendrían que cerrar filas en defensa de algunos principios básicos, lo que no les costaría nada, sino también comprometerse a llevar a cabo una serie de medidas concretas destinadas a fortalecer las instituciones que en su conjunto conforman el Estado. No es una cuestión de elegir entre un Estado grande y uno reducido, como algunos quisieran hacer pensar, sino de asegurar que todo lo relacionado con el sector público funcione lo mejor posible.

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