“La educación como rehén”
Desde fines del año pasado hasta hoy se suscita una situación de conflicto en la UNC que de manera directa afecta el funcionamiento de la unidad académica de Roca. Conocido por todos es el reclamo de los extrabajadores de la empresa Litoral Cleaning SRL. Concuerdo plenamente en que los trabajadores deben recibir el pago por su tarea, aunque me resulta difícil consentir una idea: que el derecho a la educación de más de tres mil matriculados en las distintas carreras, juntamente con las familias que los apoyan mientras cursan en la unidad académica, valga menos que el derecho a la protesta de los trabajadores de limpieza. Resulta muy difícil apoyar, pues es una medida de protesta que lesiona gravemente los intereses de la comunidad educativa, circunstancia que plantea un enfrentamiento entre quienes podrían o deberían en otros términos colaborar. Hasta la fecha (11 de febrero) el conflicto impide la realización de cualquier tipo de actividad académica en cualquiera de las carreras dictadas en la sede Roca. La pregunta que surge, en mi humilde opinión, es: ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios de la Fadecs? Posiblemente su respuesta sea “ninguna”. Pero ¿puede ser esto verdad? ¿Es que en realidad nadie conocía la existencia de facultades de contralor sobre los prestadores de servicios, con la posible responsabilidad patrimonial subsecuente para la Facultad de Derecho –entre otras–, en un conflicto que no es para nada nuevo? Difícil resulta creerlo. Es triste ver la educación universitaria pública y gratuita gravemente dañada por una dirigencia política y gremial intransigente y desinteresada de los verdaderos intereses de la mayoría de los estudiantes. ¿Cómo una conducción universitaria no cumple el deber para el cual fue elegida, garantizar la enseñanza agotando toda medida de gestión, contralor y accionar legalmente? Estos ideales son su obligación en carácter de funcionarios públicos y no pueden renegar de ellos bajo la sola frase ya desgastada del no apoyo a la “criminalización de la protesta social”. Dadas las actuales condiciones, resulta imposible pensar como legítimo el hecho de que unos pocos puedan literalmente aniquilar el derecho a la educación de cientos sin que ningún funcionario emita la menor de las quejas. Sres., la educación pública no puede ser rehén de absolutamente nadie. Pedro A. Urra DNI 31.358.309 Roca
Desde fines del año pasado hasta hoy se suscita una situación de conflicto en la UNC que de manera directa afecta el funcionamiento de la unidad académica de Roca. Conocido por todos es el reclamo de los extrabajadores de la empresa Litoral Cleaning SRL. Concuerdo plenamente en que los trabajadores deben recibir el pago por su tarea, aunque me resulta difícil consentir una idea: que el derecho a la educación de más de tres mil matriculados en las distintas carreras, juntamente con las familias que los apoyan mientras cursan en la unidad académica, valga menos que el derecho a la protesta de los trabajadores de limpieza. Resulta muy difícil apoyar, pues es una medida de protesta que lesiona gravemente los intereses de la comunidad educativa, circunstancia que plantea un enfrentamiento entre quienes podrían o deberían en otros términos colaborar. Hasta la fecha (11 de febrero) el conflicto impide la realización de cualquier tipo de actividad académica en cualquiera de las carreras dictadas en la sede Roca. La pregunta que surge, en mi humilde opinión, es: ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios de la Fadecs? Posiblemente su respuesta sea “ninguna”. Pero ¿puede ser esto verdad? ¿Es que en realidad nadie conocía la existencia de facultades de contralor sobre los prestadores de servicios, con la posible responsabilidad patrimonial subsecuente para la Facultad de Derecho –entre otras–, en un conflicto que no es para nada nuevo? Difícil resulta creerlo. Es triste ver la educación universitaria pública y gratuita gravemente dañada por una dirigencia política y gremial intransigente y desinteresada de los verdaderos intereses de la mayoría de los estudiantes. ¿Cómo una conducción universitaria no cumple el deber para el cual fue elegida, garantizar la enseñanza agotando toda medida de gestión, contralor y accionar legalmente? Estos ideales son su obligación en carácter de funcionarios públicos y no pueden renegar de ellos bajo la sola frase ya desgastada del no apoyo a la “criminalización de la protesta social”. Dadas las actuales condiciones, resulta imposible pensar como legítimo el hecho de que unos pocos puedan literalmente aniquilar el derecho a la educación de cientos sin que ningún funcionario emita la menor de las quejas. Sres., la educación pública no puede ser rehén de absolutamente nadie. Pedro A. Urra DNI 31.358.309 Roca
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