La “escribanía” se traslada a Olivos





Desde el 10 de diciembre, las cuestiones giran siempre (y seguirán girando) en torno al mismo punto: de dónde emana la fuente de poder.


Fue insistente la versión el viernes en Olivos acerca de que el presidente y la ministra de Justicia no fueron informados sobre los cambios en el proyecto de ley de reforma judicial. Desde allí se dijo a esta columna que al presidente Alberto Frnández le pareció “innecesaria” la modificación dispuesta por el bloque oficialista en el Senado que obliga a los jueces a denunciar cualquier tipo de presiones “de los poderes mediáticos” en el curso de sus investigaciones, una intervención que amenaza con un recorte de derechos consagrados en la Constitución. Más allá del alcance de esa enmienda, propuesta por el senador Oscar Parrilli, el episodio muestra un giro en la dinámica interna de la coalición peronista en el poder: la vicepresidenta ha decidido que avanzará con su propia agenda si es necesario sin Fernández.

La novedad de la cláusula que condiciona a la prensa se conoció la noche del jueves, cuando se hizo público el dictamen aprobado un día antes en un plenario de comisiones de la Cámara alta con el voto de la mayoría oficialista. En el medio transcurrieron largas horas de incertidumbre sobre cuáles terminarían siendo las modificaciones al proyecto: algunos gobernadores reclamaban la creación de cámaras de apelaciones, además de la apertura de juzgados federales en sus provincias prevista en el proyecto original. Se accedería a hacerlo. Se supo que en esas horas periodistas acreditados en el Congreso le consultaron informalmente a la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, una senadora fiel a Cristina Kirchner, sobre el destino de la enmienda de Parrilli. Respondió que era solo una iniciativa del neuquino.

Oscar Parrilli ha defendido la facultad del Congreso de introducir cambios en el proyecto del Ejecutivo con el eficaz argumento de que el Senado “no es una escribanía” del Ejecutivo, una reivindicación de la división de poderes republicana de un Parrilli “madisoniano”. Podríamos sin embargo estar asistiendo a una curiosa inversión de roles según la cual el escribano termine siendo el presidente. Desde el 10 de diciembre, las cuestiones giran en la Argentina (y seguirán girando) en torno al mismo punto: de dónde emana la fuente de poder.


La reforma judicial amenaza ahora con llevar al presidente Fernández a una aporía, a una situación en la que cualquier resultado acabe para él en derrota.


La alusión a los “poderes mediáticos” en el proyecto confirma, como ya se dijo, que la reforma representa una traducción institucional de la teoría del “lawfare”, o de persecución judicial-político-mediática sobre la que la expresidenta desarrolla su argumento de defensa ante los tribunales. Todo resulta así fruto de una enorme conspiración.

Se presume que uno de los compromisos fundantes del acuerdo de binomio Fernández es el de despejar el frente judicial de la doctora Kirchner. Sólo ellos conocen sus términos. El presidente ha revisado posiciones del pasado en dirección a ese objetivo: también él adhirió a la teoría de la persecución y dijo haber concluido que no hay pruebas que la comprometan en ninguna de las causas. Aun así, la intención del presidente Fernández era hacer suya la reforma de Comodoro Py, tal como prometió en campaña y anunció durante la presentación del mes pasado en la Casa Rosada. Pero con el ingreso al Senado la vicepresidenta parece haberse apropiado finalmente de la iniciativa.

La reforma abre un escenario incierto. Se descuenta que será aprobada en el Senado, pero es cada vez más estrecho el camino en Diputados, donde el oficialismo necesita 11 votos de aliados para iniciar su tratamiento. El titular de la Cámara, Sergio Massa, dijo esta semana que “no hay ningún apuro” para hacerlo.

¿Buscará Fernández desactivar la cláusula Parrilli? “Se está hablando”, responden en Olivos.

Tras el fracaso con Vicentin, el presidente enfrenta un nuevo desafío autoimpuesto. La radicalización de la agenda en la que inexplicablemente se involucró en medio de la tormenta del virus impactó en su imagen. La reforma judicial amenaza ahora con llevarlo a una aporía, a una situación en la que cualquier resultado acabe para él en derrota.


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La “escribanía” se traslada a Olivos