La estafa al Ipross y su primer número oficial: $ 58.483.461,50

Por primera vez desde que empezó la investigación, la causa por la presunta defraudación de farmacéuticos al Ipross tiene un número concreto difundido en forma oficial: 58.483.461.50 pesos.

Esa fue la cifra de perjuicio inicial estimado que presentó la Fiscalía de Estado en la audiencia de revisión realizada ayer en los tribunales provinciales de Roca, a partir de datos incorporados al expediente durante los últimos días.

Desde la representación del Estado y desde el Ministerio Público Fiscal se detalló luego que ese monto es nominal, que corresponde a cuatro de las cinco farmacias investigadas y que se limita al período 2013-2019. Actualizada, incorporando intereses, sumando los registros del otro prestador investigado y agregando información del período 2010-2013, la cifra final del perjuicio denunciado contra la obra social estatal sería muchísimo más alta.

La conclusión preliminar sobre el monto de la estafa corresponde a las diferencias entre la liquidación enviada por cuatro farmacias de Roca -Tucumán, Santa Teresita, Araucana y Farmacentro- al Colegio de Farmacéuticos y la facturación remitida por esa entidad al Ipross, que finalmente hizo los pagos.

Qué pasó en el camino -o mejor dicho, qué pasó en la sede del Colegio, donde realizaban las auditorías- es el eje central de la investigación, que atraviesa por su período inicial luego de la denuncia presentada el 13 de mayo por las actuales autoridades de la entidad que agrupa a 451 farmacéuticos y que representa a 270 farmacias en la provincia.

¿Y por qué se hizo mención ayer a ese dato? Porque de esa manera intentó justificar el abogado Federico Rosbaco los embargos e inhibiciones solicitados para los imputados en la causa.

El representante de la querella aportó el número para que el juez Alejandro Pellizón tomara dimensión del perjuicio que podría haberse generado al Estado con las maniobras denunciadas y de esa manera se confirmaran las decisiones que anunció la jueza Natalia González el 14 de junio pasado.

Esa magistrada dispuso el embargo de todas las sumas devengadas correspondientes a la facturación que hicieron al Ipross las farmacias denunciadas en el período febrero/abril de este año.

Cabe recordar que el escándalo se desató en marzo y una vez conocido el alcance, la obra social congeló los pagos a todos los farmacéuticos. Fueron unos 110 millones de pesos, que no se movieron hasta que no se confirmó que los sospechados no recibirían un peso de lo último que facturaron, porque si cobraban podría haberse extendido el delito denunciado.

La jueza también ordenó la inhibición de los bienes, por seis meses, para cinco de los siete imputados.

En la audiencia de ayer se presentaron los cuatro farmacéuticos investigados; Fabio Caffaratti, Rodolfo Mastandrea, Raúl Mascaró y Marianela Guidi. También la exauditora del Colegio, Sandra Fasano. No estuvieron Marcela Guidi ni Cecilia Balladini.

Patricia Espeche, abogada de los tres primeros y de Fasano, aseguró que la jueza González no fundamentó esas medidas cautelares y que cometió un “exceso en la interpretación de las normas del Código”.

Para la defensora, no quedó acreditada la verosimilitud del derecho, porque “la jueza tomó como palabra cierta, como prueba, lo dicho por la Fiscalía de Estado, que no acreditó el eventual perjuicio”.

“En esta causa no existe monto”, dijo Espeche antes de que Rosbaco expusiera la cifra millonaria. Luego de escuchar ese dato, advirtió que se estaba incorporando un elemento que no se había presentado ante la jueza de garantías.

Por otra parte, Espeche planteó que no hay peligro en la demora, resaltando que “no hay prueba para embargar por temor a un eventual daño”.

“Embargar todo lo producido por su trabajo es anticonstitucional”, insistió.

En la parte final de la audiencia, que se extendió por cuatro horas, la defensa de los imputados volvió a la carga para que se declare nulo el allanamiento a la sede del Colegio de Farmacéuticos, realizado el 20 de mayo.

“No se notificó a las partes sobre todas las actividades del allanamiento, cuando una de ellas requería del control de la contraparte. Se accedió solo a uno de los servidores. No hubo cadena de custodia ni resguardo de la evidencia. Estropearon, alteraron y modificaron la prueba”, enumeró Espeche.

La fiscal jefa, Teresa Giuffrida, replicó considerando que la abogada no pudo confrontar los argumentos de la jueza, sobre todo los que destacaron que la causa está en la etapa preliminar y que definir una exclusión probatoria es prematuro.

Ante la complejidad de los elementos para analizar, el juez Pellizón abrió un cuarto intermedio. Hoy pasadas las 13 se conocerá si los embargos y las inhibiciones quedan confirmados y si se ratifica la validez del allanamiento, considerado clave por la Fiscalía del Poder Judicial para seguir avanzando en la pesquisa.

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La abogada Espeche insistió ayer en resaltar el “conflicto social” que supuestamente está generando el Poder Judicial con la investigación sobre la defraudación al Ipross.

“Esta gente (sus representados) por no haber cobrado ya despidió a personas”, afirmó la defensora.

Luego aseguró que “la farmacia es su único sostén de vida” y puso como ejemplo que el 50% de la actividad de Mastandrea depende del convenio con el Ipross.

“Esto hasta tiene que ver con un derecho alimentario”, avanzó Espeche.

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La investigación está centrada en cuatro de las cinco farmacias sospechadas porque Hugo Fasano, el otro prestador sospechado, falleció en el 2016 y su local en Allen fue cerrado.

De todas maneras, desde el Ministerio Público se informó que la búsqueda de información relacionada con los pagos realizados desde el Ipross a esa farmacia entre el 2013 y el 2016 seguirá adelante, ante la posibilidad de que aparezcan otras personas involucradas en el cobro de cheques de la obra social estatal.