La justicia aún queda lejana
Como ya es habitual toda vez que se celebra un nuevo aniversario del atentado contra la embajada israelí en que murieron 29 personas y fueron heridas muchas más, el viernes pasado integrantes del gobierno y representantes de la sociedad civil reclamaron “justicia” a sabiendas de que, a menos que se vea respaldada por la fuerza, sólo se trata de una palabra, ya que en las circunstancias actuales no hay la menor posibilidad de enjuiciar aquí a los islamistas acusados de ser responsables de las atrocidades terroristas más sanguinarias de nuestra historia. Aunque en esta ocasión los voceros del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desistieron de aludir a la presunta participación de integrantes del régimen teocrático iraní, entre ellos el ministro de Defensa, Ahmad Vahidi, en el ataque contra la sede diplomática, los funcionarios israelíes que asistían al acto conmemorativo en la capital federal no vacilaron en subrayarla. Mientras que los israelíes, que viven en una parte del mundo en que rige la ley de la selva, no pueden darse el lujo de limitarse a hablar de “paz y amor” o informarnos que “la violencia no puede resolver ningún conflicto” –aportes éstos del vicepresidente Amado Boudou–, nuestro gobierno no está en condiciones de hacer mucho más que hablar en términos abstractos y confesar su impotencia. A lo sumo puede protestar esporádicamente en los foros internacionales y solidarizarse con países como Israel que son blancos permanentes de la agresión iraní, además, desde luego, de intentar investigar con mayor seriedad la conexión local que es de suponer ayudó a los terroristas a perpetrar los atentados contra la embajada israelí primero y, dos años más tarde, la sede de la AMIA. Sin embargo, últimamente integrantes de la cúpula kirchnerista parecen haber llegado a la conclusión de que les convendría procurar reconciliarse con el régimen islamista de Teherán, razón por la que al embajador de nuestro país, a diferencia de los de otras democracias, le fue ordenado por Cristina permanecer sentado en el recinto de la Asamblea General de la ONU cuando el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad pronunciaba una de sus ya rutinarias diatribas contra Israel, Estados Unidos y el Occidente en su conjunto, acaso por querer ocupar una posición equidistante entre Irán, que cuenta con el respaldo del caudillo venezolano Hugo Chávez y el dictador cubano Raúl Castro, por un lado y los países occidentales por el otro. Por desgracia, será necesario algo más que palabras acaso bienintencionadas acerca de paz y justicia para frenar a los fanáticos religiosos iraníes que desde 1979 están en guerra contra el resto del mundo, en especial contra “el pequeño satanás”, Israel, y su aliado principal, “el gran satanás”, Estados Unidos. Ahmadinejad y otros líderes iraníes no han ocultado que aspiran a eliminar “el ente sionista” de la faz de la Tierra, empresa ésta que apoyan decenas, tal vez centenares, de millones de musulmanes no sólo chiitas sino también sunnitas y miembros de otras corrientes sectarias. Conscientes de esta realidad, incluso los integrantes más moderados del gobierno israelí han llegado a la conclusión de que pronto no les quedará más alternativa que la de tomar medidas militares a fin de impedir que Irán consiga equiparse con armas nucleares. Aunque el presidente norteamericano Barack Obama y los mandatarios europeos insisten en que las sanciones económicas que ya están aplicando y presiones diplomáticas más fuertes obligarán a los iraníes a asumir una postura menos belicosa, no hay señales de que resulten suficientes. Es que la clase de gente que no titubea en planificar para entonces llevar a cabo atentados terroristas como los que sufrimos en marzo de 1992 y julio de 1994 no suele dejarse impresionar ni por palabras ni por dificultades económicas. Así las cosas, los demás tendrán que optar entre resignarse a permitir que los teócratas iraníes adquieran un arsenal nuclear que serían plenamente capaces de emplear, ya directamente o ya a través de una de las agrupaciones terroristas que subsidian, lo que forzaría a otros países de la región más explosiva del planeta como Arabia Saudita y Turquía a emularlos, y arriesgarse emprendiendo una ofensiva militar destinada a poner un fin definitivo a su proyecto revolucionario.
