La Justicia bajo sitio

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Para la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus asesores militantes, “democratización” es sinónimo de “kirchnerización”, de suerte que es natural que quieran que la reforma judicial que tienen en mente sea aprobada a libro cerrado por la mayoría automática oficialista puesto que, como nos recuerda el senador Aníbal Fernández, todo “ya viene discutido y preparado”, razón por la que no será necesario cambiar nada a menos que se trate de un “error involuntario” del tipo que, dicho sea de paso, los improvisados equipos gubernamentales cometen con cierta frecuencia cuando se ponen a escribir un proyecto de ley. Aunque virtualmente todos los integrantes de los partidos opositores han protestado airadamente por la manera agresiva en que el gobierno está tratando un tema de tanta importancia como el supuesto por la autonomía del Poder Judicial, sabrán que sus objeciones no servirán para nada. Los kirchneristas tienen motivos de sobra para confiar en que quienes conforman el bloque oficialista están tan acostumbrados a obedecer sus órdenes que votarán a favor de cualquier proyecto que se les ocurra presentar, y que por lo tanto sería una pérdida de tiempo participar de “diálogos” con quienes no comparten sus puntos de vista porque saben de antemano el resultado. Es factible que la prepotencia así manifestada les cueste caro en las próximas elecciones legislativas que deberían celebrarse a fines de octubre, pero también lo es que los votantes la tomen por evidencia de la firmeza de un gobierno fuerte y de la debilidad de una oposición dividida e impotente. Aunque buena parte de la ciudadanía entiende que en nuestro país el sistema judicial deja mucho que desear, el asunto sólo figuraría entre las prioridades populares si el gobierno se propusiera forzar a los magistrados a condenar de forma mucho más severa a los delincuentes, incluyendo a los funcionarios corruptos, abandonando así el “garantismo” penal reivindicado por el miembro más oficialista de la Corte Suprema, el juez Eugenio Raúl Zaffaroni. ¿Por qué, pues, está actuando el gobierno con tanto apuro? De acuerdo común, porque los kirchneristas, conscientes de que su momento de supremacía casi absoluta podría terminar pronto al agravarse la situación económica del país, quieren blindarse lo antes posible, ya que la experiencia les ha enseñado que una vez caído en desgracia un movimiento político coyunturalmente hegemónico, sus integrantes suelen verse obligados a rendir cuentas ante la Justicia, lo que en su caso no sería nada agradable. Al fin y al cabo, a juicio de organismos tan respetados como Transparencia Internacional, el gobierno actual es percibido como uno de los más corruptos de América Latina. Además de los engorrosos problemas judiciales que tendrían que enfrentar el actual vicepresidente Amado Boudou, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y muchos otros funcionarios del gobierno que se suponen “emblemáticos”, la mismísima presidenta podría verse constreñida a responder a una larga serie de preguntas muy ingratas. Por lo tanto, puede entenderse la voluntad oficialista de aprovechar lo que podría ser su última oportunidad para poner en su lugar al Poder Judicial, “democratizándolo” para que no les ocasione demasiados dolores de cabeza en el futuro no muy lejano. Como algunos han señalado, mientras que en el 2006 la en aquel entonces senadora Cristina apoyó con su fervor habitual el achicamiento del Consejo de la Magistratura, a su juicio “un cuerpo elefantiásico” con 20 miembros “y más de 200 funcionarios” que operaban como asesores, ahora quiere inflarlo nuevamente, elevando el número de consejeros a 19, por suponerse en condiciones de colonizarlo con sus propios simpatizantes. Con todo, no nos vemos frente a una contradicción flagrante. La verdad es que Cristina sigue siendo una enemiga intransigente de la “elefantiasis”; aspira a que el Consejo de la Magistratura termine con un solo miembro con poder, ella misma, y que los demás sean tan obedientes que actúen como autómatas, sin opiniones propias, con la eventual excepción de algunos opositores o independientes que cumplan una función meramente decorativa, ya que no influirían en las decisiones tomadas por una institución que, en teoría por lo menos, desempeñaría un papel fundamental en la democracia argentina.