La Justicia pendiente

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DE DOMINGO A domingo

Río Negro vota. Hoy se resolverá parte del poder provincial. Aquél que convive en la Legislatura y el Ejecutivo. El otro dominio reside en la Justicia, ajeno a la directa conmoción electoral.

Exento de esa evaluación ciudadana, el mundo judicial persiste en un letargo que en nada se modificó con el recambio de magistrados y el promovido incremento de la integración del STJ.

No llegó ese tiempo prometido. Perduran fiscales y jueces ligados al poder político por lealtad o por temor, salvo excepciones de quienes creen que hay vida en la ruptura con los que gobiernan.

La ampliación del Superior Tribunal de Justicia, de tres a cinco jueces, cumplió un año y medio. Sus beneficios promocionados no aparecen.

Vale profundizar. Un análisis objetivo está en el número de resoluciones. Ese repaso no es posible con los registros del Poder. No hay estadísticas recientes o, por lo menos, no se las conoce. La última publicada pertenece al 2013.

Un relevamiento propio arroja una conclusión temida: la cantidad de fallos del 2014 persiste en la media. Lo peor es que esa performance es inferior a la del 2012, que fue el último año con tres miembros. Incluso, el STJ se integró parte de ese período con sólo un vocal titular, Víctor Sodero Nievas, que resistió el aluvión político de Carlos Soria. Previsores, en el 2011, Alberto Balladini y Luis Lutz se habían jubilado. En mayo asumieron Sergio Barotto y Enrique Mansilla mientras Sodero finalizó ese año, aunque elevó su renuncia en junio frente a un apremiante juicio político.

La Corte provincial transcurrió el 2013 sólo conformada por Barotto y Mansilla, pues recién en septiembre se sumaron Adriana Zaratiegui, Ricardo Apcarian y Liliana Piccinini. Allí se cristalizó finalmente un proyecto del gobierno, con un inicial traspié parlamentario en octubre del 2012, cuando ya se insinuó el quiebre del Frente para la Victoria. Ese objetivo se consiguió en mayo del 2013, repitiéndose argumentaciones como la búsqueda de celeridad, pluralidad y consenso.

Esos augurios no se corroboran en este primer tramo. La celeridad no aparece. El Penal -el fuero siempre más sensible- registró 218 resoluciones en el 2014 y esa labor en el 2012 había totalizado 250 expedientes. Aseguran que la Secretaría Laboral acumula trámites. Lo comprobable: la cantidad de fallos del año pasado fue un tercio menor y el primer cuatrimestre del 2015 tampoco repunta.

El consenso tampoco llega y es un frágil componente en el STJ. Ni hablar de las desavenencias expuestas por la procuradora general, Silvia Baquero Lazcano. La convivencia siempre es determinante en la fijación y la concreción de las políticas del Poder. Y, entre otros desafíos, este STJ deberá implementar el reformado Código Procesal Penal a partir del año próximo.

La renovación del STJ de por sí fue un aislado soplo de aire fresco frente al contraste del retiro escandaloso de los antecesores, que fueron denunciados por su participación en la autorización o cobro de licencias no gozadas. Esas causas penales concluyeron con sus sobreseimientos, aunque Lutz debió reintegrar parte de lo percibido. Igual, el proceso más patético corresponde al trámite contra Sodero por el uso de bienes del Estado, que incluyó rebeldía y procesamiento por parte del juez Favio Igoldi, un peculiar y osado miembro de esta Justicia. La Cámara anuló su resolución al cuestionar la indagatoria y pidió reiterarla aunque el magistrado, desde hace diez meses, no logra que Sodero Nievas comparezca en los tribunales rionegrinos; continúa en Capital Federal y se ampara con certificaciones médicas.

La Justicia no logró sacudirse ese descaro y quedó atrapada en otro escarnio: el procesamiento y detención del camarista Juan Bernardi en una investigación por corrupción de menores (tipificado como «promotor de actos corruptivos» y «de prostitución de una menor»). Espanto y silencio absoluto en el Poder. La postura institucional del STJ se reduce al posicionamiento de su presidenta, Adriana Zaratiegui, en el Consejo de la Magistratura. Votó en disidencia el pedido de desafuero.

Falta la elevación al Consejo del sumario instruido por Marcelo Chironi, quien agregaría razones para el juicio político y destitución. Esta semana, también se complicaría la situación procesal de Bernardi, pues habrían aparecido otras declaraciones acusatorias. Además, la Cámara deberá resolver la apelación al procesamiento y prisión, cuya excarcelación fue rechazada por el fiscal Hernán Trejo.

Este proceso expone y prueba a los actores judiciales. Hay demasiados temores, advertidos en la fácil propensión de los magistrados a excusarse en la conformación del cuerpo de apelación. Las distintas instancias procesales conforman el andamiaje de la revisión de fallos. El riesgo está en la inacción y la tardanza. Pasó más de un mes para que el tribunal se ocupara del tema.

La prontitud sigue siendo una materia aplazada. Sus consecuencias son fatídicas. La Justicia se encamina a enterrar el caso más reciente y emblemático de corrupción: las coimas de la Lotería. El fiscal Fabricio López Brogna habría aceptado el pedido de prescripción de la causa donde se condenó a cinco y cuatro años de prisión al exinterventor Miguel Irigoyen y al exconcesionario de los casinos Carlos Ferrari. En febrero se cumplieron seis años de esa condena y, durante ese plazo, los tribunales locales y la Corte Suprema se repitieron en dilaciones, sin resguardos del proceso. Así abrieron grietas para los recursos de prescripción formalizados por las defensas. El rechazo de la causa por parte de la Corte puso a la Cámara provincial frente a la posibilidad de la detención de los condenados, ya con sentencia firme. Ahora, se filtró la probabilidad de su extinción.

La prescripción sellaría la suerte de ocho años de investigación de una denuncia de catorce años. Su caducidad ignoraría históricas y excéntricas pruebas de coimas, como los depósitos de Ferrari, el dueño de los casinos, en las cuentas bancarias de Irigoyen. ¿Nadie se conmoverá en la Justicia si todo concluye con semejante perdón? Habría que evaluar si tiene sentido continuar con otros procesamientos de poderosos, como los avanzados expedientes Flavors o Sobresueldos.

La causa de las coimas en la Lotería involucró y se tramitó en el gobierno de Pablo Verani. Sus huellas siempre estuvieron presentes. En realidad, los lazos del poder político nunca desaparecen.

Persiste el estancamiento de trámites que rozan a los que mandan en el Ejecutivo y en la Legislatura. La investigación de gastos reservados volvió a empantanarse si, en definitiva, se considera que, alguna vez, estuvo en marcha. El año pasado se desempolvó una vieja denuncia del 2012 cuando el Tribunal de Cuentas sacudió el ambiente político al denunciar ese manejo de fondos públicos. El alboroto anotició a la procuradora del inicial cajoneo y abrió un sumario por la inacción a Marcelo Álvarez, que era el fiscal. Nada ocurrió. Un año después, el trámite está, otra vez, hibernando, ahora a cargo del fiscal Trejo y bajo la supervisión de su jefe, el propio Álvarez.

En esa lista bien podrían incluirse decenas de expedientes, como los demorados fallos por los pagos indebidos del Estado a estudios jurídicos por demandas de aportes extraordinarios. La nómina es extensa. En concreto, una Justicia que sólo juzga a algunos, bien desamparados.

adrián pecollo

adrianpecollo@rionegro.com.ar