La ley Gerez es constitucional dijo el TSJ: se puede extender la preventiva

El fallo se conoció antes de este mediodía. Es la que permite extender la prisión preventiva más allá de un año.

En un fallo que se conoció este mediodía, la sala Penal del Tribunal Superior de Justicia dio el respaldo definitivo a la ley que permite extender la prisión preventiva más allá de un año debido a la pandemia de coronavirus.

El fallo, firmado por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Genari, fue emitido sin realizar la audiencia oral que venía reclamando la defensa.

La Resolución señala que “la ley N° 3234, reconoció una situación de extrema gravedad e impacto a nivel mundial, cuya derivación -en lo que aquí interesa- implicó el diferimiento de los juicios orales por razones de prevención sanitaria; pero aun así mantuvo inalterada su aspiración a conservar y reconocer el derecho de todo imputado a que su detención provisional no se prolongue más allá de un límite temporal acotado y específico, fijando para ello un término infranqueable, acorde a esta situación. (…) lejos de existir una contracción del derecho fundamental al juzgamiento y a la detención cautelar conforme al sistema de plazos máximos establecidos por Ley, tal garantía queda inalterada frente al compromiso de establecer un límite preciso e insuperable para estas particularísimas circunstancias”.

Además, la resolución indica que “el dictado de la ley 3234 no implica un retroceso en el reconocimiento de la titularidad de los derechos de jerarquía constitucional de los imputados, dado que por su carácter de norma excepcional, sus efectos solo limitan el ejercicio de los mismos durante un lapso temporal razonable, sin efectuar discriminaciones arbitrarias, y en los límites estrictamente necesarios para el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Argentino”.

A partir de ahora se estima que se caerán todos los recursos que venía preparando la defensa pública para impugnar las extensiones de prisiones preventivas que reclamaba la fiscalía.

La ley Gerez se llama así por el fiscal general José Gerez, quien llevó el proyecto a la Legislatura en mayo, cuando el sistema judicial penal dejó de hacer juicios orales debido a la pandemia de coronavirus.

La constitucionalidad de la norma logró apoyo mayoritario en tribunales de revisión y de impugnación, pero se aguardaba la palabra del TSJ.


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