La muerte de un fiscal

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No bien se enteró de que, para consternación de virtualmente todos, efectivos policiales habían encontrado el cadáver del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, en el baño de su departamento de Puerto Madero, el secretario de Seguridad Sergio Berni afirmó que todo hacía pensar que se trataba de un suicidio. Es una hipótesis, pero hay otras. Aunque sobre la base de la información que es de dominio público resulta por lo menos factible que Nisman, abrumado por la magnitud del drama que protagonizaba, de un momento a otro haya decidido matarse, también lo es que muriera asesinado por sujetos que temían lo que podía revelar al Congreso acerca de las secuelas del peor atentado terrorista de la historia del país o que él y sus familiares fueran amenazados de muerte por chantajistas politizados. Como suele ocurrir en sociedades, entre ellas la nuestra, en que muchos, acaso la mayoría, se han acostumbrado a subordinar absolutamente todo a sus propias preferencias políticas, cada uno elegirá la explicación que más le convenga. Lo más probable es que los oficialistas se aferren a la ofrecida por Berni: dirán que Nisman se suicidó porque sabía que no le sería dado justificar las denuncias contundentes que había formulado contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y distintos personajes del submundo kirchnerista, entre ellos el piquetero Luis D’Elía y el agitador todoterreno Fernando Esteche, de Quebracho. Por su parte, los adversarios del gobierno seguirán sospechando que, a lo mejor, fue un suicidio “inducido”, como aventuró Elisa Carrió, por presiones insoportables o, lo que sería peor, un asesinato político que no presagia nada bueno para un país que aún no se ha recuperado por completo de la violencia que desembocó en la guerra sucia. Consciente de que el riesgo de una recaída es real, el jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial Mauricio Macri advirtió que, a menos que haya “un antes y un después”, al país le aguardaría “más impunidad”, lo que sería “un desastre en lo institucional”. Lo mismo que otros opositores, Macri cree ver detrás de la muerte de Nisman la mano de los servicios de inteligencia que, como es notorio, están en medio de una interna brutal que nadie se encuentra en condiciones de frenar. Por desgracia, no habrá manera de disipar las densas nubes de sospechas que ya se han formado en torno a la muerte –la que para algunos fue terriblemente oportuna– del fiscal Nisman. De resultas tanto de la campaña furibunda del oficialismo en contra de la “corporación” o “mafia” de los jueces como de la reacción opositora frente a los intentos de kirchneristas como la procuradora general Alejandra Gils Carbó de poner el Poder Judicial al servicio de la presidenta y sus allegados para que no tengan que rendir cuentas por la sorprendente evolución de sus respectivos patrimonios, muy pocos confiarán en la honestidad intelectual de los encargados de investigar lo que sucedió el domingo en el departamento ubicado en el barrio más exclusivo, y más kirchnerista, de la Capital Federal. De ahora en adelante, proliferarán las teorías conspirativas, las acusaciones y las contraacusaciones, lo que con toda seguridad tendrá consecuencias inevitablemente malsanas para la ya enfermiza cultura política nacional. De todos modos, es de suponer que casi toda la información recogida por Nisman desde 1997, cuando se incorporó al equipo que procuraba investigar los atentados contra la embajada de Israel y la sede de la AMIA, ha sido debidamente almacenada y la tendrá el fiscal Alberto Adrián Gentili que, hasta el 31 de este mes, estará a cargo de la causa. La tarea que le espera al subrogante no será del todo fácil. Además de continuar con la investigación, le será forzoso asumir una postura clara frente a los eventuales motivos por los que Cristina y Timerman decidieron avalar un acuerdo con el régimen iraní. Si Gentili da a entender que las denuncias de encubrimiento formuladas por Nisman se inspiraban sólo en una interpretación personal de la evidencia, indignaría a los convencidos de que el gobierno iría a cualquier extremo para ocultar la verdad; en cambio, si ratifica las conclusiones de Nisman, los oficialistas lo tratarán como un miembro más de “la mafia” judicial.

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