La política del carpetazo

Hace mucho tiempo, cuando Cristina Fernández de Kirchner se preparaba para suceder a su marido en la presidencia, dio a entender que, una vez terminado el trámite electoral, se dedicaría a mejorar la calidad de las instituciones nacionales. Puede que en aquellos días ya lejanos estuviera sinceramente convencida de que lograrlo sería más que suficiente para asegurarle un lugar destacado en la historia del país pero, por desgracia, sus propias necesidades políticas y personales resultaron ser más poderosas que sus eventuales ideales. Lejos de fortalecer las instituciones básicas de la República, la presidenta las ha debilitado. Además de marginar al Congreso nacional, llenándolo de incondicionales dispuestos a cohonestar automáticamente cualquier proyecto oficialista e inutilizar a los organismos que en teoría deberían servir para mantener la corrupción a raya, parecería que Cristina se ha propuesto dinamitar el Poder Judicial porque aún hay algunos jueces que se resisten a avalar todas sus iniciativas. Entre los blancos de la ira “democrática” de la presidenta está la Corte Suprema. Es legítimo suponer que Cristina ha llegado a la conclusión de que su esposo cometió un error muy grave cuando, de una manera decididamente autoritaria que en aquella oportunidad no motivó muchas críticas, reemplazó a la Corte “menemista” por otra de juristas prestigiosos y por lo tanto de mentalidad independiente. Al fin y al cabo, al gobierno le hubiera convenido contar con el apoyo de una Corte Suprema dominada por personas más acostumbradas a someterse sin chistar a la voluntad del Poder Ejecutivo que la mayoría de los integrantes actuales del máximo tribunal. Sea como fuere, con el presunto aval de Cristina, grupos de tareas kirchneristas ya han comenzado la obra de demolición. El más agresivo es, cuándo no, el liderado por Hebe de Bonafini, que últimamente ha bombardeado de amenazas a los jueces de la Corte. Dice estar recopilando información acerca de la trayectoria de cada uno “para que el pueblo sepa quiénes son” y “con quién se acomodan y quién les paga”. Paradójicamente, el único magistrado que según la kirchnerista más combativa es un “juez probo” es aquel “juez del Proceso” Eugenio Zaffaroni que, para más señas, fue acusado de ser dueño de media docena de lugares que servían de prostíbulos vip, pero, felizmente para él, según las pautas actualmente vigentes su militancia política importa mucho más que sus pecados de juventud o lo que sucedió en sus propiedades. La estrategia defensiva de Cristina y los militantes que la acompañan difícilmente podría ser más rudimentaria. En lugar de intentar probar que las acusaciones en su contra, como las relacionadas con el crecimiento explosivo del patrimonio presidencial, son falsas, tratan de hacer pensar que quienes no comparten todas sus opiniones, comenzando con los jueces de la Corte Suprema, son sujetos aún más miserables, personajes venales al servicio de “la corporación mediática” y por lo tanto enemigos del pueblo que pronto recibirán lo merecido. Hasta ahora, las muchas víctimas de la política del carpetazo han incluido a un agente inmobiliario que, luego de haber escrito que su negocio se había visto devastado por el cepo inmobiliario, fue investigado por la AFIP y, claro está, el actor Ricardo Darín, aunque parecería que en su caso las denuncias formuladas por la presidenta no se correspondían con la verdad. Sea como fuere, tales detalles carecerán de importancia. Aún no sabemos qué descubrirán los investigadores del equipo de Hebe en su esfuerzo por hundir a ciertos jueces de la Corte Suprema pero, siempre y cuando consigan producir algo, sería de prever que consistiría en una mezcla pintoresca de acusaciones ideológicas atribuyéndoles afinidad al “neoliberalismo”, además de información acerca de sus lazos familiares con empresarios y sus amistades personales, todo lo cual podría indignar a un puñado de sectarios de opiniones contundentes pero que, desde el punto de vista del grueso de la ciudadanía, no tendría significado alguno. Por fortuna, a pesar de los esfuerzos denodados de los militantes kirchneristas más vehementes, y del debilitamiento de tantas instituciones nacionales, en la actualidad la Argentina no parece correr mucho peligro de degenerar en un país en que la Justicia se vea subordinada al rencor.