La política nacional, factor clave de la crisis frutícola

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Fin de un ciclo económico

La crisis por la que atraviesa el sistema frutícola tiene dos componentes básicos. Uno es estructural y otro coyuntural.

El primero de ellos se remonta a mediados de la década de los 70 y sus efectos continúan golpeando con dureza en estos tiempos. Comprende la falta de recambio de variedades a ofertar, la progresiva descapitalización del sistema y la carencia de políticas activas para eliminar barreras de grandes mercados en el mundo, entre otros puntos.

El segundo componente se lo puede resumir bajo la denominación de “tormenta perfecta” para la presente temporada: caída de precios internacionales, inflación interna del 25% en dólares, devaluación sobre las principales monedas de los países competidores y mercados de destino (ver gráficos en página 2), crisis fitosanitaria en la producción y cierre de la frontera de Brasil. No se puede pedir nada más. Todas las variables que puedan imaginarse en una coyuntura frutícola se concentraron este año en el Valle. De allí que lo peor para la actividad todavía esté por venir. La verdadera crisis de esta coyuntura golpeará de lleno en el segundo semestre del año.

Está claro que la presente es la peor de las temporadas de la última década. Los más optimistas arriesgan que las pérdidas comerciales ascenderían este año a los 250 millones de dólares. Aquellos más pesimistas ven un rojo superior a los 350 millones de dólares. Independientemente de la cifra de que se hable, lo que está ocurriendo en la actividad es algo inédito para el Valle.

Mientras tanto, la política habla de fondos frescos por 50, 100 o 150 millones de pesos “para paliar la crisis de la actividad”.

Es enorme la distancia que existe entre el relato político y la crisis que arrastra el sector. Los números en juego acompañan estas diferencias mencionadas. Mientras que desde la política se piensa en cifras del orden de los 100 millones de pesos, el sistema consolida pérdidas por más de 2.500 millones de esa misma moneda.

De ahí el rechazo de la Federación de Productores ante la nueva oferta de otro fondo por 100 millones de pesos prometido por el gobierno nacional. Frente a una crisis de semejante magnitud, esta cifra no sólo no arregla absolutamente nada dentro del sistema sino que genera impotencia y bronca entre los productores al interpretar que sus interlocutores políticos no tienen idea, en materia económica, de lo que mencionan ni la angustia que están atravesando los chacareros.

Son claramente dos realidades para una misma crisis.

Pero no todo tiene esta misma lógica en la era Kirchner. Algo totalmente distinto ocurre con la industria petrolera. Al entrar en crisis por la caída del precio del crudo, el gobierno nacional puso un piso a la cotización del barril lo que le permite a estas grandes empresas oligopólicas (multinacionales criticadas hasta el hartazgo en el relato kirchnerista) percibir un subsidio cruzado del orden de los 300 millones de dólares por mes. O lo que es lo mismo decir: alrededor de 3.600 millones de dólares por año.

Brutales números. Sólo un mes del subsidio al sector hidrocarburífero permitiría levantar cabeza a toda la industria frutícola y a sus productores, que dan trabajo a más de 40.000 personas por año, en forma directa e indirecta.

¿Qué es lo que lleva a la política a tomar decisiones tan dispares?, ¿a discriminar a una actividad tan noble como la fruticultura?

Es difícil encontrar una verdadera respuesta a estos interrogantes. La mayor parte de los argumentos que se pueden evocar son por lo general intuiciones más que certezas: la fruticultura nunca estuvo en la agenda del gobierno nacional, no fue capaz de reinventarse en todo este último tiempo, estuvo condenada por los ciclos económicos del país, y como estos podemos dar varios argumentos más. Podríamos escribir páginas completas de “los porqués” de la actual situación del sistema. Pero eso hoy no es tal vez lo importante. La realidad, que debería ser un llamado de atención para toda la sociedad, es ver a cientos de productores, gran parte de ellos con más de 50 años, pidiendo dignidad frente a un modelo que los termina excluyendo. Ante sus reclamos, la política económica nacional y popular se mantiene inflexible.

Muchos funcionarios nacionales y provinciales miran para otro lado. Otros justifican lo injustificable. Esta semana, por dar un ejemplo cualquiera, la secretaria de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Carla Campos Bilbao, que estuvo de visita en la región, aseguró que “no hay dudas de que algunos empresarios buscan un modelo exportador que maximice sus beneficios con un tipo de cambio alto y una concentración en pocas manos. El sistema de retenciones que planteó originalmente el gobierno viene a interpelar ese modelo, en busca de llevar el beneficio a más actores”. Un clásico de la retórica oficial.

La flamante funcionaria debería saber que el retraso cambiario que viene sufriendo la región desde el 2007 ha sido uno de los factores decisivos de esta crisis estructural y coyuntural que sufre el sector. El tema no es una conspiración de las empresas exportadoras. Es una realidad. Si bien el año pasado se hizo una corrección sobre el tipo de cambio, la inflación devoró cualquier beneficio que pudo haber existido con esa medida. Los gráficos adjuntos muestran claramente el retraso cambiario (respecto del dólar) que se observa en el país, no sólo tomando en cuenta el crecimiento del IPC privado, sino también el oficial que se mide a través del Indec.

Por otra parte es importante destacar, tal se refleja en los gráficos mencionados, la mejora cambiaria real que tuvieron en este último año los países competidores del hemisferio sur y la devaluación sufrida por los principales países hacia donde se dirige nuestra oferta exportable.

Pero la cuantiosa estadística que refleja el mal momento de la fruticultura es negada sistemáticamente por los funcionarios-militantes del gobierno nacional. Ya sea por ignorancia (en el buen sentido de la palabra) o real malicia, la crítica situación regional sigue sin llegar a consolidarse en la agenda nacional. Algo nunca visto en la corta historia que muestra la actividad. Todo se justifica y, en la mayor parte de los casos, se inventan conspiraciones en pos de mantener la mística de un modelo económico cuyo relato dista, y mucho, de la realidad que sufre la Argentina, y en especial todas las economías regionales del país.

En la presente temporada, distintas proyecciones privadas destacan que el Valle de Río Negro y Neuquén terminará de comercializar en fresco algo más de 700.000 toneladas de peras y manzanas, sumando el mercado interno y externo en esta cifra. Un volumen que se produce con menos de 20.000 hectáreas, tomando en cuenta explotaciones con una productividad internacional media. El Valle de Río Negro y Neuquén, hacia principios de la era Kirchner, contaba con más de 40.000 hectáreas plantadas con montes frutales. Claramente, el modelo nacional y popular arrasó en estos más de diez años al frente del poder con gran parte de aquellos sueños de los inmigrantes que llegaron a esta región a principios del siglo pasado.

El futuro

Todo indica que el país está ingresando en un cambio de ciclo que está dado por el fin de los altos precios de los commodities en los mercados del mundo.

Este escenario ya está afectando el modelo de Estado rentista que tomó en estos últimos doce años los recursos extraordinarios generados por el campo para reorientarlos, en gran parte, al crecimiento improductivo del sector público.

La fruticultura del Valle de Río Negro y Neuquén entregó cientos de millones de dólares al gobierno central a través de un impuesto distorsivo, como son las retenciones a las exportaciones, sin tener en cuenta que a partir del 2007 la crisis se instalaba con fuerza en la actividad. No hubo perdón para el pago de este tributo. Es más, hoy con un cáncer casi terminal, la fruticultura del Valle continúa transfiriendo recursos al Estado nacional a través de este impuesto que se aplicó por la emergencia económica en el 2002.

Junto con este nuevo cambio de paradigma que significa la caída de los precios de las materias primas en los mercados internacionales, la política tiene un desafío por resolver: volver a recomponer su relación con las economías regionales, las grandes perdedoras de esta mal llamada década ganada.

Y para el futuro gobernador de Río Negro, el desafío será aún mayor. Recomponer el tejido productivo que deja este viejo modelo no será tarea fácil.

Seguramente con el tiempo la mirada de la historia nos dará una visión mucho más imparcial sobre lo que significó el matrimonio Kirchner para la fruticultura de la región. Los cómplices que participaron de esta aventura van a tener que lidiar con su conciencia al ver el ajuste compulsivo que terminó haciendo el sistema para corregir sus desvíos. Paradójico para la mística del modelo nacional y popular: el sistema frutícola ajustado por el mercado, dejando de lado a los productores y concentrando la actividad en pocas manos.

Ministros, secretarios y asesores nacionales que se aprovecharon durante gran parte de su vida de la savia de los frutales del Valle no son seres demoníacos como muchos se imaginan. Son sólo diligentes funcionarios, lectores la mayoría de ellos de Kant o Heidegger, alérgicos a la violencia y empeñados en cumplir las órdenes de sus superiores; seres banales a los que la irreflexión los predispuso a convertirse en grandes actores de toda esta tragedia.

javier lojo

jlojo@rionegro.com.ar