La politización de la cuarentena y sus efectos se instala en el Concejo de Bariloche

El proyecto presentado por los concejales del Frente de Todos para imponer contribuciones obligatorias a empresas de facturación millonaria en la ciudad que tienen domicilio afuera promete generar los primeros cruces políticos en relación con la pandemia, la cuarentena y sus consecuencias económicas.

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Hasta ahora el Concejo sólo consideró un par de proyectos relacionado con la crisis sanitaria que vive la ciudad. Ambos fueron promovidos por el Ejecutivo y aprobados por unanimidad.

En el primer caso fue la declaración de emergencia “económica, social y de servicios” y después la imposición de una escala de multas para los infractores de las normativas de movilidad y aislamiento.

La adecuación del trámite administrativo para la presentación “virtual” de nuevas iniciativas fue aprovechado por el FdT para avanzar con una medida tributaria que podría recaudar alrededor de 100 millones de pesos anuales. La coalición opositora quiere que ese dinero no vaya a Rentas Generales sino a un fondo fiduciario, destinado a realizar pequeñas obras públicas, con participación de cooperativas y “grupos asociativos”.

El proyecto que establece la contribución especial para grandes empresas ya tiene dictamen de asesoría letrada y el lunes será tratado en la comisión de Economía.

La concejal Julieta Wallace recordó que simplemente busca cumplir un mandato expreso de la Carta Orgánica, vigente desde 2007, y que ya existe una ordenanza en vigencia aprobada en 2010 con el mismo objeto, que fue prorrogada en 2015, pero que nunca se aplicó.

Wallace sabe que sin los votos del oficialismo su proyecto terminará congelado y dijo que en su bloque están dispuestos a evaluar cambios en el texto original. Una de las opciones sería acotar la vigencia del nuevo tributo.

El proyecto propone crear con la contribución “solidaria obligatoria” que recaería sobre las empresas con domicilio en otras localidades el llamado “fondo fiduciario para el desarrollo y la inclusión social”, con un plazo de 20 años. La concejal aceptó que podrían darle carácter extraordinario y anual, en el marco de la pandemia.

En realidad el FdT apunta a traducir en versión barilochense una idea que también circula a nivel nacional, para generar fondos extra con un gravamen a las grandes fortunas.

Wallace dijo que la diferencia es que en esta ciudad hay una imposición de la Carta Orgánica que no se puede desoir. Recordó que en la convención constituyente, que presidió la actual gobernadora Arabela Carreras, “el artículo 136 tuvo amplio consenso político”.

El texto lo llama fondo “para las necesidades más urgentes” y establece que “se nutrirá con un aporte especial de las empresas de mayor relevancia económica, que por estructura, actividad o política empresaria, no destinen las ganancias e inversiones en Bariloche ni tengan otro arraigo en la ciudad más que el comercial o de servicios”.

La ordenanza reglamentaria se aprobó tres años después y en 2015 fue prorrogada, por impulso del concejal Leandro Lescano, compañero de partido del actual intendente Gustavo Gennuso, quien recibió el proyecto de Wallace con muchos reparos y lo consideró “inaplicable”.

El concejal oficialista Gerardo Ávila, consultado por este medio, afirmó que “en términos generales nadie puede estar en desacuerdo”, pero “el gran problema es cómo se implementa”. Dijo que el análisis en comisión “va a ser clave”, y que este fin de semana lo evaluarán en el bloque y definirán una postura.

Para Àvila, el concepto de gravar en forma puntual y diferenciada a las empresa que facturan en Bariloche pero tienen domicilio fiscal fuera del ejido “es razonable”, aunque “no serviría de nada aprobart una ordenanza que sea sólo declarativa, o peor, que le genere juicios al municipio”.

Para el concejal de Juntos son más aptas otras herramientas para atender la crisis como las planteadas por el Ejecutivo, que pasarían por promover el pago adelantado de tasas y la venta de lotes fiscales.

Esto último también fue considerado por Wallace como un contraproyecto que “seguramente va a aparecer en el debate”. Se anticipó a manifestar su oposición, pero celebró que el Concejo, luego de un paréntesis de varias semanas, “pueda empezar a dar la discusión de fondo sobre cómo se financia esta crisis”.

Wallace dijo que ya tienen un listado tentativo de las empresas que deberían contribuir, según una escala que impone sumas de 3.750.000 pesos anuales para las que facturan más de 400 millones de pesos. 1.500.000 para las que facturan entre 200 yu 400 millones y 450 mil pesos anuales para las que facturan menos de 200 millones.

En la nómina aparecen supermercados, petroleras, telefónicas, bancos y tarjetas de crédito, entre otras.