La pregunta de la hora

La pregunta que muchos se formulan es qué hará Sobisch si no logra convencer a la oposición de que apruebe su paquete de ajuste. Distintos funcionarios advirtieron que en esas circunstancias al gobierno no le quedará otro camino que un mayor endeudamiento y una insolvencia cuyos efectos, eso sí, está dispuesto a prorratear entre empleados públicos, proveedores o contratistas. Pero muchos oficialistas y opositores se interrogan también sobre la posibilidad de que el gobierno, antes de entrar en la inercia política, saque un conejo de la galera.

La iniciativa sobre el ajuste la tiene ahora en buena medida la oposición, pero por lo que ya se ha visto ni la Alianza ni el justicialismo estarían dispuestos a aprobar la receta oficial a libro cerrado.

Contrariamente a lo que se piensa, el bloque del PJ ya no está muy dispuesto a seguir desempeñando el papel de comodín del oficialismo. Esta vez su oposición al ajuste está más cerca de las certezas que de la retórica política. Los dirigentes ven con claridad que el PJ, ahora oposición nacional, está frente al imperativo de «lavar culpas» por una década de ajustes y privatizaciones. En Neuquén, a esa certeza se añade el sueño de dejar alguna vez de ser minoría.

Así, ni peronistas ni aliancistas quieren dar un cheque en blanco al gobierno. No quieren la emergencia ni aceptan el traspaso y «desguace» del EPEN, postura esta última que tuvo expresión esta semana en el primer revés legislativo del oficialismo.

En el caso de la Alianza, ya se advierte con claridad que ni frepasistas ni radicales comulgan con lo esencial del paquete de medidas enviado por Sobisch a la Cámara.

Desde luego, lo crucial es la disponibilidad y con ella la eventual prescindibilidad de muchos agentes públicos contenida en el proyecto de emergencia económica. Algo que tampoco aprueban, dicho sea de paso, ninguna de las tres cámaras empresarias de la provincia.

Para la Alianza, todas las demás medidas propuestas -retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, aumento de la edad jubilatoria, moratoria fiscal- pueden ser motivo de negociación. Inclusive el proyecto de transformación del Banco Provincia en sociedad anónima, cuya letra la coalición no está dispuesta a avalar pero sí a discutir, en base de un crítico documento técnico que la coalición dará en estos días.

En lo que respecta a la emergencia, la Alianza baraja dos posibilidades: elaborar un proyecto de ley alternativo o preparar tres o cuatro iniciativas que cubran separadamente las distintas alternativas contenidas en el proyecto oficial (reordenamiento administrativo; suspensión de juicios contra el Estado; moratoria fiscal; modificación de aportes jubilatorios.

Es que la coalición, de boca de sus dos principales referentes legislativos -Villar y Radonich-, sostiene que el gobierno no tiene convicciones democráticas firmes y como ahora además carece de mayoría, lo que quiere es facultades discrecionales.

El 10 de diciembre pasado, cuando asumió frente a la Cámara, Sobisch adelantó que enviaría cinco leyes de ajuste y advirtió que los diputados le podían aprobar una, dos o más, pero que si no le aprobaban ninguna le iban a tener que decir de dónde sacar los recursos.

Hace un par de semanas, el discurso oficial fue un poco más allá, empleados, proveedores y contratistas, incluidos docentes, médicos y policías, se enteraron de que si el ajuste no se aprueba, a partir de junio ellos mismos estarán entre los acreedores del Estado, porque éste les descontará una cuarta parte de sus salarios, acreencias o contratos.

Los hombres del oficialismo aseguran que esta advertencia del gobierno no es una bravuconada destinada a sembrar el terror, sino una firme determinación que podría preceder a la toma de medidas aún más drásticas si la oposición no se hace eco de la grave situación.

Muchos se preguntan si Sobisch, determinado como está a llevar adelante esta transformación, sería capaz de apelar a la prescindibilidad por decreto. El proyecto de reforma de la Constitución que impulsa el Ejecutivo contempla introducir los decretos de necesidad y urgencia, pero mientras no se materialice un cambio de esa naturaleza, la preocupación oficial es contar con respaldo jurídico para sus actos. Después de todo, muy probablemente sea esta gestión la que se tenga que hacer cargo de una eventual compensación millonaria por los decretos de recorte salarial aplicados por Felipe Sapag en 1996.

A la luz de estos desvelos, los técnicos del gobierno han comenzado a barajar la posibilidad de apelar a la ley 2003, de Reforma del Estado, sancionada por la anterior gestión de Sobisch (1992). Esa norma, con fundamento en la ley de Emergencia 1820 de Salvatori (1989), destaca en su artículo 19 que a partir de su promulgación «no se podrá incorporar personal alguno a la administración». Algo que el gobierno de Sapag no parece haber tenido en cuenta.

Desde luego, en los niveles oficiales no son pocos tampoco los que piensan que esta norma podría ser objetada por supuesta extemporaneidad.

Pero a medida que el tiempo transcurre, el gobierno se sumerge en una encrucijada porque, a pesar de las palabras de Sobisch el 10 de diciembre, los proyectos enviados a la Cámara tienen lógica como un todo y en ese todo, la emergencia es lo principal.

Así, por ejemplo, si el gobierno contara con la prescindibilidad contenida en el proyecto de emergencia y también con la ley de reforma administrativa, podría poner a una cantidad de empleados en disponibilidad para luego ofrecerles la opción de pasar a la nueva estructura funcional, en la que ganarían menos pero podrían conservar su puesto de trabajo.

Algunas de estas alternativas son sólo eso: alternativas que el gobierno baraja para el caso de que no obtenga el eco deseado en la Legislatura. Pero a medida que transcurre el tiempo adquieren mayor proyección por la necesidad de no perder la iniciativa política.

Héctor Mauriño