La reforma que propicia Carta Abierta

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ALEARDO F. LARÍA (*)

El espacio de intelectuales y artistas afines al kirchnerismo, que se identifican bajo el apelativo Carta Abierta, se ha pronunciado recientemente a favor de la reforma constitucional. En un documento denominado “La diferencia” se manifiestan a favor de “rediseñar las magnas normas para que coincidan con los procesos de transformación que suceden en varios países de la región”. Desean favorecer así “la eventual continuidad democrática de liderazgos” que serían garantizadores “de la continuidad de las nuevas experiencias populares de la región”. Si bien no lo dicen explícitamente, es evidente que con el uso de estos circunloquios se posicionan a favor de la segunda reelección de Cristina Fernández. Es probable que el prurito de alguno de sus integrantes haya conseguido que el deseo de re-reelección aparezca enmascarado bajo una pretensión más ambiciosa dirigida a “legislar a una escala constitucional admisible y nueva las relaciones entre el Estado y la sociedad, entre la producción y el consumo, entre la economía y la política”. Pero el entusiasmo retórico se paga a veces con incursiones en terrenos pantanosos, por ejemplo, cuando consideran que Argentina se debe una nueva Constitución para establecer una “barrera antineoliberal”, que permita “la inclusión de nuevas formas de propiedad” y recuperar el “dominio nacional-estatal de los recursos naturales”. Debe reconocerse que, por primera vez, los barrocos y escurridizos documentos de Carta Abierta se atreven a esbozar un ambicioso programa político, que inclusive va más allá de la reforma constitucional. Así, por ejemplo, denuncian el “viejo modelo sindical” y propician “la promoción de leyes que garanticen la plena participación de los trabajadores, que establezcan métodos transparentes de elección, que ilegalicen los procedimientos y prácticas que naturalizan el fraude y la proscripción de listas opositoras”. Reclamo que, todo hay que decirlo, instalado luego de nueve años de conservadores gobiernos kirchneristas, donde ni siquiera se concedió la prometida personería a la CTA, suena poco convincente. Resulta difícil establecer si estos enunciados “emancipadores” son simple producto de la retórica populista u obedecen a la más pedestre impericia política, una indudable seña de identidad del conglomerado “nacional y popular”. Obsérvese que, al proclamar la necesidad de que los recursos naturales regresen al dominio nacional-estatal, se está infiriendo la mayor herida al incipiente proyecto de reforma constitucional. Es difícil pensar que los senadores de las provincias petrolíferas vayan a facilitar el quórum para una reforma que les va a privar de las regalías petrolíferas, uno de los pocos restos de federalismo concreto y práctico que todavía admite el actual esquema constitucional. El artículo 124 de la Constitución nacional señala que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios”. Según interpretaciones de algunos comentaristas del texto constitucional, la incorporación de esa cláusula, aprobada por los convencionales constituyentes de 1994, entre los que se encontraban Cristina Fernández y Néstor Kirchner, fue fruto de una concesión de Carlos Menem, para conseguir la aprobación del texto constitucional que le garantizaba la reelección. Ironías de la historia: el artículo 124 concedido por Menem para facilitar la reelección pretende ahora ser eliminado incrustado en un programa imaginado para obtener la segunda reelección de Cristina Fernández. Alguien debería explicar a los flamantes constitucionalistas de Carta Abierta la magnitud del desatino. La pretensión de tomar posesión de una nueva caja y acabar con la disposición constitucional que ha permitido que las provincias petrolíferas obtuvieran importantes ingresos por regalías de las compañías privadas, sin pasar antes por el mostrador del Estado nacional, es una vieja aspiración del kirchnerismo. Lo revela el reciente decreto 1277 que invade claramente competencias que la ley 26197 había conferido a las provincias y que es objeto de todo tipo de curiosas interpretaciones por los gobiernos provinciales afectados, en el deseo de hacerlo compatible con las disposiciones constitucionales. Otras pruebas se pueden encontrar habitualmente en las páginas del diario oficialista “Página/12”. Por ejemplo, en un artículo publicado el 1 de abril, el especialista Marcos Rebasa afirma que “los recursos son de todos” y sostiene que la idea que atribuye a las provincias la propiedad de los recursos naturales en base al artículo 124 de la CN es un error de interpretación, puesto que el texto constitucional dice “corresponde” a las provincias, no que esos recursos les “pertenecen”. Afirma que la tesis de que cada una de las 25 provincias es la propietaria de los recursos naturales “es un absurdo con sólo enunciarlo”. Los gobernadores de las provincias de Neuquén y Río Negro, que tan gentilmente se han prestado a legitimar los intentos de constitucionalizar la “eternidad” de CFK, deberían meditar ahora sobre las consecuencias últimas de su amable disposición. Si se animaran a dibujar el escenario de una futura convención, no les costaría imaginar a los constituyentes de Carta Abierta puestos de pie para reclamar todo el “poder originario” del pueblo de la Nación para arrasar con el artículo 124 de la Constitución. Luego la historia, inexorablemente cruel, se encargaría de tomar nota del sorprendente aporte prestado desde estas provincias a la consolidación de un renovado unitarismo fiscal. (*) Abogado y periodista