La renuncia de Fayt



De haber renunciado hace un par de meses el juez Carlos Fayt a la Corte Suprema, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hubiera festejado la noticia con alborozo, ya que en un intento por apurar su salida los militantes oficialistas trataron de hacer pensar que era demasiado senil para ocupar un cargo tan importante, pero con sus 97 años a cuestas el jurista más prestigioso del país tuvo la entereza y la lucidez necesarias para resistir todas las presiones en su contra. Así y todo, al darse cuenta de que, después de 32 años, ha llegado la hora de abandonar un trabajo que en una oportunidad calificó no de “full-time” sino de “full-life”, o sea, que requería todos sus esfuerzos, decidió presentar su renuncia “con efectos a partir del once de diciembre del corriente año”, de tal modo señalando que al próximo gobierno le correspondería encargarse de la demorada renovación de la Corte Suprema. Aunque Fayt hizo gala de cierta malicia al elegir irse un día después de la salida de la presidenta que había procurado humillarlo, fue también una forma de advertir a todos los integrantes del elenco político nacional que, a menos que sea autónoma, la Justicia no es digna de llamarse tal. La “Justicia militante” o politizada propuesta por la presidenta y sus partidarios más fervorosos, entre ellos la procuradora general Alejandra Gils Carbó, es un oxímoron. No es que Fayt haya carecido de opiniones políticas. Aunque ha sido reacio a llamar la atención sobre sus convicciones en tal ámbito, siempre ha reivindicado valores propios del socialismo democrático de mediados del siglo pasado, ya que, a diferencia de muchos, no simpatizaría con las desviaciones populistas que andando el tiempo tentaron a colegas de principios más flexibles que los suyos. Como no pudo ser de otra manera, la negativa de Fayt a dejarse llevar por las modas políticas de turno ha molestado mucho a los simpatizantes de una larga serie de gobiernos, en especial los kirchneristas que, de tomarse en serio “el relato” difundido por Cristina y sus militantes, se imaginan progresistas cabales. Parecería que para ellos Fayt se había convertido en un representante de lo que llaman “la derecha”, una categoría en la que incluyen a todos los que no se sienten entusiasmados por “el proyecto” armado por el matrimonio santacruceño y sus muchos acompañantes. Reemplazar a Fayt no será del todo fácil. Es de esperar que el próximo gobierno sea mucho más pluralista que el actual y que por lo tanto se esfuerce por asegurar que las dos vacantes –ya dejó una Eugenio Zaffaroni, el magistrado más oficialista de la Corte Suprema encabezada por Ricardo Lorenzetti– se vean llenadas por representantes de diversas corrientes democráticas, evitando así el riesgo de la homogeneidad excesiva. Es lo que hicieron el gobierno del presidente Raúl Alfonsín al designar a Fayt, Augusto Belluscio, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi y –por sorprendente que a esta altura parecería a muchos– el de Néstor Kirchner, si bien Carlos Zannini, que años después es compañero de fórmula del candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, pronto se quejó amargamente del resultado afirmando: “Pusimos a esta Corte para otra cosa”. Por fortuna, el sucesor de Eduardo Duhalde cometió lo que a juicio de Zannini –y, con toda seguridad, de Cristina– fue un error muy grave, ya que los privó de la posibilidad de contar con el apoyo automático de una Corte Suprema sumisa hecha a su medida. ¿Se animaría Scioli a emular a Alfonsín y Néstor Kirchner si triunfara en las elecciones presidenciales que se celebrarán el mes venidero o, de ser necesaria una segunda vuelta, en noviembre? Si no quisiera o no pudiera hacerlo, el país pagaría las consecuencias. De no haber sido por la voluntad de la Corte Suprema de anteponer el respeto debido a la Constitución nacional a los intereses personales de políticos determinados, comenzando con la presidenta misma, en la actualidad el país se encontraría en una situación límite, pero a pesar de todas las presiones los jueces que todavía quedan se han aferrado a su independencia, razón por la que el máximo tribunal es una de las escasas instituciones del país que, para frustración del gobierno kirchnerista, han sabido conservar su prestigio.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Lunes 21 de septiembre de 2015


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