La responsabilidad de proteger a los migrantes



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Los migrantes se enfrentan a infinidad de peligros: mafias despiadadas que los pasan de contrabando por las fronteras con un completo desprecio por sus vidas; reclutadores rapaces que los despojan de sus ganancias; empleadores abusivos que explotan su trabajo; y para colmo de males, la xenofobia, que debilita la voluntad política de hacer frente a estos problemas. Pero abundan ejemplos de prácticas ingeniosas tendientes a proteger el bienestar y los derechos de los migrantes, que se deberían difundir e implementar con más frecuencia. Ahora que las migraciones internacionales van camino casi de duplicarse en las décadas venideras, estas prácticas deben convertirse en modelos de acción. El sufrimiento de los migrantes es particularmente trágico cuando se origina en el conflicto violento (como es el caso de Siria y Libia) o en desastres naturales o creados por el hombre. En estas crisis, los migrantes ven sus vidas y su seguridad física amenazadas, sin que medie culpa alguna de su parte. Pero el mundo carece de pautas claras para su protección en estos casos. La guerra civil en Libia dejó cientos de miles de migrantes atrapados en medio del fuego cruzado, poniendo de manifiesto su vulnerabilidad. Y aunque la guerra afectó sobremanera a los propios libios, la vulnerabilidad de los trabajadores extranjeros fue incluso mayor, ya que en la mayoría de los casos los esquemas para la protección de la población civil los dejaron de lado. Se manifestaron entonces los muy diferentes destinos a los que se enfrentan los migrantes. La mayoría tuvo que ingeniárselas para escapar de la violencia por sus propios medios y muchos perdieron la vida en el intento. A algunos se los confundió con mercenarios (más que nada, por el color de la piel) y murieron asesinados. Pero otros grupos tuvieron mejor suerte. Por ejemplo, las compañías petroleras occidentales abrieron puentes aéreos para rescatar a sus empleados migrantes altamente calificados y resguardar así su seguridad. Los países provistos de buenos protocolos de protección y suficientes recursos financieros fueron eficaces en la evacuación de sus ciudadanos (el ejemplo de Filipinas es digno de mención). Así Libia se convirtió en un claro recordatorio de las graves deficiencias que hay en lo concerniente con la asistencia a los migrantes en situación de riesgo. La vulnerabilidad de estas personas resulta agravada además por su situación legal y otros obstáculos, por ejemplo: restricciones al ejercicio de sus derechos fundamentales, barreras idiomáticas, límites a su desplazamiento y falta de capital y redes sociales suficientes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Acnur (la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados) hicieron esfuerzos heroicos (muy por encima de sus obligaciones) para proteger a migrantes que corrían riesgo en Libia, lo mismo que numerosas ONG. El Banco Mundial también se apuró a proveer fondos para la evacuación de nacionales bangladesíes. Pero las organizaciones internacionales no pueden resolver el problema solas. Antes de que estalle la próxima crisis es preciso dejar claras las responsabilidades básicas de cada uno de los actores principales (incluidos los países de origen y destino, los estados circundantes, las empresas y la sociedad civil). El año pasado yo comencé una campaña para convencer a los gobiernos y a otros actores de la necesidad de definir un marco de acción para la asistencia a migrantes atrapados en situaciones de crisis. Este marco debería incluir una serie de principios, entre ellos uno fundamental: en momentos de crisis, debe prodigarse ayuda de emergencia a ciudadanos y migrantes por igual, sin discriminación. Quiero expresar mi agradecimiento a Estados Unidos y Filipinas (que colaboran estrechamente con la OIM, el Acnur y organismos de la sociedad civil) por ofrecerse a liderar una iniciativa para resolver la situación de los migrantes atrapados en crisis graves. Por su parte, la Universidad de Georgetown y la Fundación MacArthur también están haciendo un aporte fundamental. Algunos países ya han identificado medidas que las partes involucradas pueden tomar antes, durante y después de una crisis para proteger a los migrantes. Hay algunos países especialmente experimentados en proteger a sus trabajadores en el extranjero, cuya experiencia puede tomarse como modelo de acción. Por ejemplo, Filipinas cuenta con un sistema de alerta temprana que permite movilizar a los organismos gubernamentales para responder con rapidez en caso de crisis, así como un fondo especial para financiar evacuaciones de emergencia. El gobierno también ofrece a los emigrantes seminarios obligatorios (antes de partir al extranjero y una vez llegados a destino) para que sepan qué hacer en caso de emergencia. También hay países donde se aplica un sistema de registro (como la matrícula consular de México) para que, durante una crisis, el país de origen sepa dónde están sus ciudadanos emigrados (incluso los indocumentados). La responsabilidad de los países de destino durante una crisis es igual de importante. Estos países deberían ofrecer ayuda humanitaria y evacuación de las zonas de peligro a todos los afectados independientemente de su situación legal, como hizo Estados Unidos el año pasado después del huracán “Sandy”. Las autoridades japonesas también dieron un ejemplo tras el terremoto y posterior tsunami del 2011, cuando transmitieron información en 17 idiomas para que los inmigrantes supieran que podían buscar ayuda de los servicios de emergencia. Otra necesidad que suelen tener los migrantes después de una crisis es obtener documentos de viaje de emergencia y asistencia legal para recuperar sus bienes perdidos. También los países circundantes tienen responsabilidades que cumplir, por ejemplo, mantener las fronteras abiertas para que los migrantes no queden atrapados (algo de lo que Egipto y Túnez dieron un generoso ejemplo durante la crisis de Libia). Entretanto, el papel de los empleadores en una crisis es esencial. Para comenzar, deberían tener la obligación de repatriar a sus empleados extranjeros (como estipula el contrato de empleo estándar usado en Filipinas para los trabajadores migrantes). Además, deberían tener planes de evacuación para su personal en todos los niveles, no solamente los ejecutivos. De más está decir que la ayuda a migrantes en problemas debería alcanzar a todos, no solamente a los afectados por conflictos y desastres sino también a los abandonados por contrabandistas, a los muchísimos más atrapados en el limbo durante años en países de tránsito y a los millones que trabajan en condiciones de esclavitud. Los principios y planes que implementemos para proteger a los migrantes en situaciones con riesgo para la vida pueden (y deben) extenderse a una variedad mucho más amplia de migrantes vulnerables. Que no nos desaliente la variedad abrumadora de problemas a los que se enfrentan los migrantes. Siguiendo el ejemplo de pequeños grupos de Estados, expertos, organismos internacionales y representantes de la sociedad civil que trabajan en forma conjunta para implementar soluciones pioneras con potencial de convertirse en prácticas universales (un modelo que podría aplicarse a otros problemas internacionales) podemos enfrentar esos desafíos uno por uno y con la necesaria determinación. (*) Presidente de Goldman Sachs International y de la Escuela de Economía de Londres. Representante Especial de la ONU para la Migración Internacional y el Desarrollo. Traducción: Esteban Flamini

Peter Sutherland (*) Project Syndicate


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