La Ronda 2 del offshore, entrampada en la grieta del gobierno

Los cuestionamientos recibidos en la audiencia pública para la exploración de tres áreas dividen las aguas en el gobierno. Desde Energía se había anunciado que habría otra ronda licitatoria como "acto de soberanía nacional".





El lanzamiento de una nueva ronda licitatoria para la exploración del potencial hidrocarburífero del mar Argentino parece estar cada vez más lejos, o al menos, en un terreno nebuloso, a raíz no solo de la fuerte oposición que se plasmó en la audiencia pública que debatió el inicio de los trabajos sísmicos de la primera tanda de la ronda inicial, sino en especial por la grieta abierta entre diversos sectores del gobierno nacional.

La existencia de posturas no solo diferentes sino incluso opuestas no es una novedad en el ámbito energético nacional en donde incluso se asistió a la resistencia de un subsecretario, como Federico Basualdo de Energía Eléctrica, quien finalmente logró conservar su despacho pese a que el pedido vino incluso desde el presidente Alberto Fernández.

La nueva víctima de la grieta en temas energéticos es ahora la Ronda 2 del offshore, un nuevo proceso de licitación de áreas para la exploración del enorme mar Argentino. En agosto del año pasado, las autoridades que estaban en ese momento en la cartera energética, el secretario Sergio Lanziani y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, habían anunciado el inminente lanzamiento licitatorio, en lo que incluso definieron como un «acto de soberanía nacional».

Sin embargo, en función de lo ocurrido en la audiencia pública que analizó desde la semana pasada el pedido de la firma Equinor para iniciar los trabajos de estudios sísmicos de tres bloques de la Cuenca Atlántico Norte, las actuales autoridades de Energía recalcularon el escenario y optaron por no brindar ningún tipo de precisión sobre si habrá o no una nueva ronda licitatoria.

A diferencia de otros enfrentamientos entre sectores del gobierno, en esta oportunidad la posición adoptada por el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que conduje Juan Cabandié dejó en evidencia la poca predisposición de esa cartera para avalar los desarrollos del offshore, con el agravante de que por las normativas vigentes todos los proyectos requieren de su aprobación o rechazo.

Desde la industria ya se venía cuestionando el accionar de este ministerio dado que la concesión de los bloques de la Ronda 1 se dio en 2019 y a pesar del paso de más de dos años, las empresas involucradas denunciaron que durante todo el 2020 no se dio curso -ni a favor, ni en contra- a sus pedidos para iniciar los trabajos de estudios sísmicos, que tienen precisamente como punto de partida la realización de las audiencias públicas.

Fuente allegadas a la cartera de Energía confiaron que si bien hay interés desde el gobierno en que se explore el potencial hidrocarburífero del offshore, en especial teniendo en cuenta que en gran parte se estima que hay recursos de gas natural, se advirtió que «hay una clara posición de la cartera de Ambiente por lo cual es mejor esperar a que se resuelva la Ronda 1″.

La advertencia no es casual, y va en línea con lo que el mismo Darío Martínez indicó ayer al señalar que «esperaremos el resultado de la audiencia pública para ver qué pasa», ya que desde el gobierno se reconoce que, si bien la Ronda 1 fue realizada durante el gobierno de Mauricio Macri, creó un derecho en las empresas concesionarias de las áreas, que además tienen la particularidad de ser las empresas líderes a nivel mundial del segmento del offshore.

La Ronda 1 del offshore se realizó en abril de 2019 y culminó con la concesión de 18 de los 38 bloques puestos en ofertas para trabajos de exploración, es decir para que las empresas estudien si en esas áreas hay o no recursos hidrocarburíferos, ya que la costa argentina tiene la particularidad de ser una de las menos exploradas de todo el mundo.

En mayo de 2019 se adjudicaron 18 concesiones de exploración en las cuencas Malvinas Oeste, Argentina Norte y Austral, que implicaron compromisos de inversión de 724 millones de dólares, y que comprendieron a las empresas Qatar Petroleum (QP), TotalEnergies, ExxonMobil, Tullow, Shell, Wintershall DEA, BP, la japonesa Mitsui y la italiana Eni y las nacionales YPF, Pluspetrol y Tecpetrol.

Las concesiones se dieron por un plazo de 13 años y se esperaba que a partir del octavo año, es decir a partir de 2027, se realizaran los primeros pozos exploratorios. El primer paso que las firmas deben realizar es completar los estudios de exploración sísmica que, pese a la oposición planteada en la audiencia pública, se realizaron en una primera fase a cargo del Estado y a través de YPF.


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