La salud en crisis

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Si bien Santa Cruz fue la provincia más beneficiada por “la década ganada”, ya que, según informó hace poco la Auditoría General de la Nación, en el período 2003-2012 el gobierno nacional le giró discrecionalmente cinco veces más dinero por habitante que a Río Negro y casi diez más que a Neuquén, la ayuda cuantiosa así supuesta no sirvió para mejorar mucho la atención médica suministrada por las instituciones del Estado. Como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner acaba de descubrir, el hospital público de Río Gallegos ni siquiera está en condiciones de tratar de manera aceptable algo tan sencillo, y tan frecuente, como la fractura de un tobillo. Para no correr riesgos innecesarios, la mandataria se sintió constreñida a trasladarse enseguida a la capital federal donde, por fortuna, en clínicas privadas como el Sanatorio Otamendi aún se encuentran tomógrafos y equipos de resonancia magnética que funcionan. Es posible que Cristina haya exagerado la gravedad de la situación en su provincia adoptiva ya que, según la Asociación de Profesionales de la Salud local, los hospitales privados de Río Gallegos sí cuentan con aparatos adecuados, pero parece que por sus propios motivos eligió no aprovecharlos. Sea como fuere, nadie ignora que, con un puñado de excepciones, los demás santacruceños no pueden pensar en viajar varios miles de kilómetros si tienen la mala suerte de sufrir un accidente doméstico menor como el que inmovilizó a Cristina. Tienen que conformarse con lo que hay, o sea con servicios médicos que, a juicio de la presidenta de la República, son tan deficientes que no tuvo más opción que la de regresar cuanto antes a Buenos Aires. La presidenta y los militantes de La Cámpora dicen creer que el estado lamentable de los hospitales públicos santacruceños se debe a la inoperancia del gobernador Daniel Peralta. Aunque la opinión decididamente negativa que les merece la gestión de Peralta deberá más a las alternativas de la rencorosa interna santacruceña que a la presunta ineptitud del gobierno provincial, no se habrán equivocado por completo, ya que a partir del 2010 el Ministerio de Salud ha cambiado de manos seis veces. Así y todo, también ha contribuido a los problemas lo sumamente difícil que es para todos los centros médicos del país, incluyendo los privados, conseguir los insumos básicos que necesitan, puesto que los esfuerzos del gobierno nacional por mantener a raya las importaciones han tenido un impacto muy fuerte no sólo en sectores industriales, como el automotor, que se ha paralizado, sino también en todo lo relacionado con la salud. Para alarma de los médicos y, desde luego, sus pacientes, en muchas zonas del país faltan esporádicamente insumos tan rudimentarios como jeringas, guantes de látex descartables y vacunas, además, huelga decirlo, de equipos de cierta complejidad que por ahora el país no está en condiciones de construir sin partes importadas. Pero no sólo es cuestión de la dependencia de insumos importados. Otro motivo por el que el sistema público de salud se ha deteriorado mucho últimamente consiste en la voluntad de los distintos gobiernos provinciales y municipales de demorar lo más posible los pagos a los proveedores, práctica que suelen atribuir a las ya tradicionales trabas burocráticas. Es de prever que en los meses próximos tales problemas se multipliquen, no porque funcionarios imaginativos inventen más pretextos para negarse a cumplir con sus obligaciones sino porque no habrá dinero suficiente como para permitirles agilizar los trámites. En tiempos de escasez, como los que durarán hasta que por fin la economía haya salido de una recesión acompañada por una tasa de inflación que está entre las más altas del mundo, los encargados de la salud tendrán que competir con muchos otros por los fondos disponibles, comenzando con los policías, los docentes y una hueste de empleados públicos propensos a poner en marcha “planes de lucha” si sospechan que sus propios ingresos corren peligro. Al internarse el país en un año electoral, los gobernadores e intendentes tenderán a privilegiar a los más combativos, por entender que cualquier conflicto podría perjudicarlos, y sucede que, a pesar de lo mucho que está en juego, los profesionales de la salud no han logrado que los problemas gravísimos que enfrentan sean considerados prioritarios.