La transmisión on-line de los juicios divide al Poder Judicial de Neuquén
Derecho a la intimidad, a la privacidad, principio de inocencia, en confrontación con acceso a la información, publicidad de los actos de gobierno, libre acceso a las fuentes de información. El debate por las audiencias virtuales sigue.
El juicio transmitido por YouTube que abrió el primer debate fue en Zapala. (Archivo)
«Existe la publicidad de los actos de gobierno, pero primero está el derecho a la vida. Si la transmisión de una audiencia pone en riesgo a un imputado, yo me voy a oponer«, dice el defensor público Raúl Caferra. «El acceso a la información es un derecho humano fundamental. En el caso de las audiencias, el principio es la máxima divulgación. Si como jueza lo voy a restringir, tengo que hacerlo en una resolución fundada», afirma la magistrada Carolina González. «Lo ideal es transmitir todo por streaming como ya están haciendo algunas ciudades del interior de Neuquén. Todo debe ser público, es lo que dice el Código», plantea el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid. «Yo estoy en contra de los juicios virtuales. Las audiencias en las que se produce prueba tienen que ser presenciales, con los jueces ahí y el público ahí, viendo lo que pasa», es la posición de la jueza de Impugnación Florencia Martini.
En el Poder Judicial de Neuquén todavía no se terminan de acomodar a la transmisión de las audiencias por plataformas on-line. La publicidad, uno de los activos más valiosos del Código Procesal Penal, está puesto en debate. Hay una colisión de derechos de igual jerarquía, y algunas decisiones se toman sin la correspondiente fundamentación ni explicación hacia la comunidad.
El caso testigo: riesgo de vida
El martes a la noche, el defensor público de Circunscripción Raúl Caferra pidió que no se permita el acceso de la prensa por Zoom a una audiencia de formulación de cargos en un caso de homicidio simple, con el argumento de que está en riesgo la integridad física del presunto autor. Dijo que la publicación masiva de su nombre, imagen y domicilio ponía en peligro su vida.
La fiscal del caso Sandra Ruixo no se opuso, y la jueza Ana Malvido le hizo lugar. La audiencia se realizó sin presencia de público ni de periodistas, ni siquiera de la prensa institucional.
Al día siguiente fue posible obtener una copia en video de la misma, por lo cual la restricción tuvo efecto por unas pocas horas.
Nadie pidió que no se la difundiera y no hizo falta: ningún medio masivo de la región la publicó.
Fiscales, a oponerse
El fiscal general José Gerez evalúa dictar una instrucción general para que todos los fiscales se opongan cada vez que la defensa efectúe un pedido de restricción de la difusión de las audiencias.
La semana pasada se presentó una situación similar: el defensor de Circunscripción Pablo Méndez pidió que no se difunda la imagen de un hombre declarado responsable de homicidio en Zapala, con el mismo argumento de proteger su integridad física y la de su familia. La fiscal jefa Sandra González Taboada no se opuso, pero en este caso la jueza Carolina González no hizo lugar.
Río Negro, que viene siguiendo esta discusión interna que atraviesa a poderes judiciales de todo el país, le dio amplia difusión al caso. El link a la nota está más arriba.
Con mucha frecuencia la defensa pública requiere que no se difunda la imagen del imputado o que una audiencia completa quede en reserva. Es una controversia de relevancia que excede al interés particular de los medios de prensa, ya que cualquier ciudadano interesado queda privado de acceder a información pública y a actos de gobierno.
«Que no haya riesgo para las personas»
El defensor Raúl Caferra dijo que «las audiencias son públicas siempre que no puedan causar peligro o daño a las personas».
Indicó que «en general, cuando son casos de trascendencia mediática, está en riesgo la vida de una persona. Hay riesgo de linchamiento, o intentos de vandalizar su casa. Por eso es la postura que yo tomé» en la audiencia del martes a la noche.
Caferra puso de resalto que «hoy en día es muy fácil salir en las redes a convocar linchamientos. Yo no quiero lamentar que esto le pase a una persona».
«No seamos una caja de resonancia de la violencia. Como abogado y funcionario, mi primera misión es proteger la vida», remarcó.
Seis años atrás…
«El defensor Caferra me hizo ese mismo planteo de la seguridad de su asistido en una audiencia en mayo de 2014, y pidió que no se permita el acceso de la prensa», evocó el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid.
Para demostrar que algunas discusiones son antiguas, continuó: «fue en la sala de la calle Yrigoyen (antes de que existiera la Ciudad Judicial) y su argumento fue que si se difundía la imagen de su defendida, se ponía en riesgo la integridad física. Le respondí que la publicidad era lo más beneficioso para ella. ¿Qué mejor que una audiencia pública para que aclare todo? El juez era Mauricio Zabala, hizo lugar, y toda la prensa pudo ingresar».
Breide Obeid indicó que «salvo en caso de delitos contra la integridad sexual, o donde la víctima es menor de edad, en cuyo caso se los protege a ellos, debe regir el principio de publicidad».
Opinó que un amplio acceso a las audiencias evitaría «que después haya que salir a aclarar por qué se tomaron ciertas decisiones, si hubo prueba ofrecida o no, si el fiscal pidió tal cosa o no».
«Derecho humano fundamental»
La jueza de Garantías de Zapala, Carolina González, dijo por su parte que el derecho de acceso a la información pública es un derecho humano fundamental. Está reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución de la provincia de Neuquén, y el Código Procesal de Neuquén».
«La máxima divulgación es el principio. Como jueces, somos sujetos obligados a que se dé cumplimiento, en forma proactiva, de forma oficiosa. No necesitamos que nos lo vengan a pedir», agregó.
En el caso de una audiencia de formulación de cargos, la magistrada exhibió mayor cautela. «Esa es una etapa muy incipiente de la investigación; en ese caso podría plantearse algún problema de que es demasiada exposición (del imputado) con un nivel de sospecha muy bajo, todavía no está claro si esta persona debe tener relevancia pública».
En cambio ya en la etapa del juicio oral, «hay que garantizar la máxima divulgación por los medios de prensa».
Destacó que cualquier restricción «debe ser por resolución fundada».
En contra de los juicios virtuales
Florencia Martini es jueza del Tribunal de Impugnación. En su opinión, los juicios siempre deben ser públicos y deben tener acceso todas las personas que permitan la sala de audiencias.
«La publicidad se garantiza con lo presencial. No es lo mismo que se ve desde una plataforma virtual», señaló.
Y a continuación dijo: «yo estoy en contra de los juicios virtuales. Se pierde la calidad de la información que el juez está recibiendo; es menos transparente que el juicio presencial».
Añadió que «la ciudadanía tiene derecho a ver personalmente a los jueces».
Respecto de los testigos, dijo que «hay detalles que hacen a la comunicación neurolingüística que sólo los brinda estar en la sala».
Añadió que si le toca estar en un juicio virtual «lamentablemente lo haré porque no soy yo la que decide, sino el Tribunal Superior. Yo definiría otra cosa».
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