“La utilidad de la ley”

Nuestro país se encuentra en un difícil momento económico que repercute sobre el bolsillo de los asalariados, particularmente los del sector público. De ellos, tal vez los que más sufren las consecuencias son los docentes. Su salario se encuentra sumamente retrasado, particularmente si lo comparamos con los recientes aumentos obtenidos por las fuerzas policiales. Es comprensible su indignación, y también el ahínco con que defienden sus derechos. Sin embargo, no puedo dejar de exponer el azoramiento que me provocó escuchar, el martes de Carnaval, a una dirigente gremial entrevistada por un medio radial cuando dijo que “no van a acatar la conciliación obligatoria”. Semejante anuncio público del más completo desprecio por la ley, es lo que provoca estas reflexiones. En el sur de Francia hay una pequeña ciudad llamada Salon de Provence. Como todo pueblo, tiene una plaza central, donde está –por supuesto– la municipalidad. Al lado hay una torre con un reloj y una leyenda dedicatoria que dice “À la loi” (“A la ley”). Esto significa que, en un país donde corrieron ríos de sangre para lograr establecer una convivencia civilizada entre los ciudadanos, se homenajea el mecanismo que hizo posible esa cohabitación más o menos pacífica a través de la voluntad popular expresada en un texto: la ley. Me pregunto qué ha pasado en la Argentina, donde el concepto de pacto social (organización comunitaria) que representa la existencia de una ley ha quedado tan desvalorizado, como para que la dirigente de una parte de la sociedad no tenga el menor pudor en anunciar a todos los que quieran escucharla que esa parte de la comunidad “no va a cumplir con la ley”. Por supuesto que no se trata de acatar ciegamente los dictados del gobierno, si parecen injustos. Pero para enfrentarlos hay mecanismos que también prevé la ley, como ser acudir a los tribunales judiciales. No sería la primera vez que una ley fuera declarada inconstitucional; y eso también es parte del mecanismo de convivencia civilizada que llamamos “ordenamiento legal”. Me pregunto qué diría esa misma dirigente gremial si se le dejara de abonar su sueldo o se le negara atención en un hospital, comisaría o tribunal, o no le recogieran la basura ni entregaran sus cartas. Porque todos esos servicios que presta el Estado se efectúan a través de agentes públicos que cumplen con la ley. Y no quiero ni pensar si se llevara al ámbito del derecho público el principio que –hasta hoy– sólo rige en derecho privado, llamado “exceptio non adimpleti contractus” (“excepción de incumplimiento de contrato”), por el cual no puede reclamar sus derechos aquel que no cumple con sus deberes. ¿Sería imaginable que el Estado, ante el incumplimiento de sus obligaciones por parte de un grupo social –en el caso, el no acatamiento de los docentes a la conciliación obligatoria– convirtiera a ese grupo en una especie de paria social, negando a sus miembros el suministro de servicios? (“No se atienden docentes hasta que cumplan con la ley”) Por favor, señores: comprendamos que la ley es ida y vuelta. Si queremos recibir sus beneficios, por lo menos, tenemos que estar dispuestos a cumplir la parte que nos toca o a cuestionar aquellos deberes que consideramos injustos a través de los mecanismos que la misma ley provee. Decir que “no se va a cumplir con la ley” es retroceder siglos en el pacto social y volver al régimen de la selva. Hugo Ansaldi DNI 11.266.618 El Bolsón

Hugo Ansaldi DNI 11.266.618 El Bolsón