Laberinto hondureño

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La mejor forma de salir de la clase de embrollo en que Honduras cayó cuando, con el aval de la Corte Suprema y el Congreso, los militares se encargaron de echar al entonces presidente Miguel Zelaya con métodos propios de un golpe de Estado consiste en celebrar elecciones libres. Es lo que acaban de hacer los hondureños pero, para aquellos mandatarios iberoamericanos que habían hecho de la restauración de Zelaya una prioridad absoluta, no tuvieron derecho a procurar solucionar así el dolor de cabeza mayúsculo que fue provocado por la destitución llamativamente torpe de un presidente acusado por sus adversarios de pisotear la Constitución nacional, motivo por el que son reacios a reconocer la legitimidad del triunfo amplio del conservador Porfirio Lobo Sosa. Claro, el fervor democrático o, si se prefiere, constitucionalista de los partidarios más entusiastas de Zelaya tiene ciertos límites, ya que mandatarios como Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez y Evo Morales no soñarían con cuestionar la legitimidad del régimen del dictador cubano Raúl Castro. Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobreestimó la capacidad de su país para influir en el resto de la región, haciendo gala de su condición de gran potencia emergente: mal que le pese a Lula, a esta altura está tan comprometido con la causa de Zelaya que no tiene más alternativa que la de seguir apoyándolo con la esperanza de que los hondureños acepten reponerlo, aunque fuera sólo simbólicamente, de esta manera salvando las apariencias. En cuanto a la actitud hostil asumida por la ONU, un organismo en que los representantes de regímenes tiránicos suelen llevar la voz cantante, su preocupación conmovedora por la legitimidad del proceso electoral hondureño tiene más que ver con los intereses políticos o estratégicos de sus integrantes que con cualquier voluntad de asegurar que en última instancia el desenlace del drama hondureño refleje los deseos de los hondureños mismos.

Felizmente para Lobo, y para el presidente de facto Roberto Micheletti, la solución electoral que se ha ensayado cuenta con la aprobación del gobierno estadounidense del presidente Barack Obama. Aunque la postura inicial de la Casa Blanca se asemejó a la de los halcones iberoamericanos que se oponían a la destitución de Zelaya, no tardó en modificarse bajo la presión no sólo de republicanos agitados por la ingerencia de Chávez en los pequeños países centroamericanos sino también de muchos demócratas. Desde el punto de vista de tales políticos norteamericanos, si bien fue intolerable el modo en que los militares se las arreglaron para sacar a Zelaya, de por sí la decisión de destituirlo pudo justificarse, ya que, luego de ser elegido como un liberal pro estadounidense, se transformó entre gallos y medianoche en un chavista fervoroso resuelto a cambiar la Constitución con el propósito de eternizarse en el poder. Se trataba, pues, de un presidente corrupto que se había “borocotizado”, obligando a sus compatriotas a resignarse a lo que tomaron por una maniobra urdida por chavistas pertrechados de petrodólares o, caso contrario, destituirlo.

A la luz de la historia latinoamericana en la materia, puede entenderse la aversión que casi todos sienten hacia cualquier variante de golpismo militar, sobre todo si lo apoyan el Poder Judicial y el Legislativo de un país de la región, pero hoy en día esta forma tradicional de cambiar una situación considerada insoportable no constituye la mayor amenaza a la democracia. Mucho más peligrosos son los esfuerzos de gobernantes como Chávez y Morales por hacer pensar que el sistema así calificado es esencialmente antipopular, ya que las reglas “burguesas” les impiden concretar sus aspiraciones supuestamente revolucionarias. En Venezuela, Bolivia, Ecuador y, en menor grado, en nuestro país también, el Poder Ejecutivo se ha puesto a socavar las instituciones democráticas locales so pretexto de que por ser intrínsecamente ineficaces no le permiten enfrentar la “emergencia” económica y social existente con el vigor necesario. Para los dirigentes políticos que piensan así, fue una suerte que la destitución de Zelaya pudiera presentarse como un golpe militar tradicional, ya que les ha permitido cumplir el papel de defensores a ultranza de la “democracia burguesa” que en el fondo desprecian.