Laila seguirá presa, ahora con una acusación un poco más leve

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La procesada confesó el hecho y dijo que había actuado porque sentía “mucha bronca”.

CIPOLLETTI (AC).- La Cámara Criminal Primera confirmó el procesamiento de Laila Díaz pero bajó la calificación legal. Los jueces quitaron de la resolución el secuestro coactivo pero mantuvieron la prisión preventiva. Consideraron que la situación de encierro no perjudicará su salud. Laila está acusada de asesinar a la laboratorista Carla Milla en el ataque a tiros que ocurrió en marzo en la Clínica Radiológica del Sur. Tiene 49 años y su nombre en el documento de identidad es Héctor José Díaz pero hace años que eligió ser travesti y llamarse Laila. Se moviliza en silla de ruedas por una mala praxis por la silicona que se colocó en los muslos. El 23 de marzo a las 8:45 ingresó a la clínica privada de Mengelle e Yrigoyen y subió en ascensor hasta el segundo piso. Allí exigió la presencia del médico Wálter Núñez y sacó un revólver calibre 32 de la cartera. Disparó 27 veces y en la primera tanda de balazos hirió por la espalda a Carla Milla, que murió desangrada atrás de una mesada. En medio de los disparos comenzó a exigir que el médico Núñez pidiera disculpas por la supuesta mala praxis de la que fue víctima su madre de 81 años, que murió el 8 de mayo internada en Neuquén. El juez Santiago Márquez Gauna la procesó por los delitos de “portación de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, violación de domicilio y secuestro coactivo agravado por la causación intencional de la muerte de una persona”. La pena es prisión perpetua. El defensor público Juan Pablo Piombo apeló la resolución y solicitó prisión domiciliaria para Laila porque se mueve en silla de ruedas. Ayer, la Cámara Primera confirmó parcialmente el procesamiento y modificó la calificación legal por la de “portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización, violación de domicilio y homicidio agravado por el empleo de arma de fuego”. Según la legislación, esa figura admite penas que van desde los diez años y ocho meses de cárcel hasta los 25 años. En la misma resolución, los jueces Alejandra Berenguer, Álvaro Meynet y César Gutiérrez Elcarás confirmaron la prisión preventiva.