Laila y Susana

Aleardo F. Laría aleardolaria@rionegro.com.ar

El principio de igualdad ante la ley es la piedra basal de todo sistema democrático. Por ese motivo aparece recogido con énfasis en el artículo 16 de la Constitución cuando declara que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza”. Sin embargo, en la provincia de Río Negro, como en la granja de Orwell, parece que unos ciudadanos son más iguales que otros. Dos acontecimientos dramáticos fueron protagonizados recientemente por dos mujeres en nuestra provincia. Ambas cometieron sendos homicidios y quedaron sometidas a la acción de la Justicia. Sin embargo, el trato recibido por ambas no ha sido el mismo. Susana Freydoz, pese a ser la autora de lo que posteriormente un tribunal calificó de homicidio calificado por el vínculo atenuado por circunstancias excepcionales de atenuación, no ha pisado nunca el suelo de una prisión. Durante la instrucción del procedimiento permaneció en un domicilio particular porque el juez que llevaba la causa aplicó la discutible doctrina que establece que mientras no haya una sentencia condenatoria los acusados deben permanecer en libertad. El juez hasta tuvo la frivolidad de hacer una visita de cortesía a la imputada, luciendo unos llamativos pantalones bermudas y unas ojotas, lo que dejó en los ciudadanos una imagen simbólica de extrema laxitud. En el juicio posterior se estableció que la señora Freydoz no tenía enfermedad psiquiátrica alguna y simplemente registraba un estado depresivo comprensible en personas que toman consciencia tardíamente de la magnitud del daño infligido a otro ser afectivamente cercano. Es una situación habitual en quienes no son psicópatas y, si bien representa una prueba visible de arrepentimiento, legalmente no se considera circunstancia que impida el cumplimiento de las penas. No obstante, la señora Freydoz permaneció internada en el hospital de Cipolletti, habiendo sido destinada a tal efecto una habitación exclusiva, con custodia especial, hasta que finalmente el tribunal que la juzgó, luego de recibir informes de varios médicos forenses, llegó a la conclusión de que no había motivo alguno para que no fuera internada en un establecimiento penitenciario. No ha sido el mismo trato el recibido por Laila Díaz, la mujer de origen humilde que ejerció la prostitución y que es considerada la autora de la muerte de una laboratorista de una clínica de Cipolletti. El juez de la causa dispuso la prisión preventiva y ordenó el alojamiento en un establecimiento carcelario de Roca, a pesar de que la mujer presenta evidencias de padecer graves trastornos psiquiátricos. El problema de Laila es que, a diferencia de Freydoz, no cuenta con la amistad del ministro de Gobierno de la provincia ni su caso reviste interés para el gobernador Weretilneck porque no es familiar de un importante aliado político. El ataque verbal a que han sido sometidos los jueces del tribunal que juzgó a Susana Freydoz debe ser analizado a la luz de estos antecedentes. Se trata de una clara maniobra de distracción dirigida a ocultar el hecho relevante: el traslado de Susana Freydoz a una clínica vip de Buenos Aires, un privilegio al que nunca podrá acceder la pobre Laila, a quien por obra imponderable del destino le fue asignado nacer en una humilde cuna. Vivimos en una sociedad medianamente transparente, donde ya no se puede ocultar un elefante llenando la calle de elefantes. Por más voces airadas que salgan de las gargantas gubernamentales, el hecho cierto, visible a los ojos de todo el mundo, es el trato de favor que, con uno u otro pretexto, está recibiendo la autora del crimen que segó la vida de Carlos Soria. El tribunal que la juzgó con todas las garantías y que actuó con profesionalidad debe mantener la calma y evitar entrar en el juego de provocaciones a que viene siendo sometido con el claro objetivo de impugnar su imparcialidad. Su única misión, y lo que de él espera la sociedad, es que la ley se aplique en la provincia de Río Negro de forma igualitaria a todos los ciudadanos, cualquiera sea su extracción social.

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