Las inmobiliarias temen que se complique aún más el mercado

Para el desarrollador inmobiliario de Viedma Fabián del Valle, la nueva norma sobre alquileres que se debate en el Congreso “no dejará conforme a ninguna de las dos partes”.

Argumentó en ese sentido que en el sector inquilinos actualmente el nivel salarial es bajo y con pérdida de poder adquisitivo, en tanto que los propietarios tienen bajo nivel de rentabilidad por cada propiedad alquilada.

En su interpretación, el sistema de indexación propuesto dejará disconforme al propietario, porque cuando termine de alquilar, con la elevada inflación actual, no llegará a cubrir la inversión hecha en la propiedad.

Para los empresarios y locadores, una excesiva regulación estatal podría generar un efecto contrario al buscado: disminuir la oferta.

Para Del Valle “la situación del país es compleja, y hasta que no se solucione la macroeconomía no habrá muchas posibilidades” de arreglos.

Dijo que “nosotros intermediamos y hacemos lo mejor posible [con las dos partes] porque tratamos de conformar a las dos partes”.

Por otro lado, opinó que esta nueva norma puede llegar a subsanar inconvenientes en las ciudades grandes como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde los precios son cada vez más elevados y atados al dólar.

Según su opinión, en Viedma se está dando un problema “inverso” ya que ahora la búsqueda es por alquileres más baratos.

Por su parte, el Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) consideró positivo que los actuales proyectos de ley de Alquileres haya sufrido modificaciones “porque promovían una inaceptable intromisión del Estado sobre las relaciones privadas de los habitantes de la Nación”.

“Los alquileres de vivienda son un mercado que mantiene un funcionamiento correcto en todo el territorio de nuestra República. Además, las relaciones locativas están debidamente reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que no se explica la insistencia de parte de diversas fuerzas políticas de avanzar en modificar sus contenidos a tan pocos años de su sanción”, indicó la entidad a través de un comunicado.

Además, asegura que “intromisiones como las propuestas solo generarían inseguridad jurídica y pérdida de confianza, como lo prueba lo que viene ocurriendo en la Ciudad de Buenos Aires a partir de la sanción de la ley 5859, que retrajo la oferta de inmuebles en el territorio de la misma con el consecuente encarecimiento de los valores de las propiedades en alquiler”, perjudicando a los consumidores, al contrario de lo pretendido por los proyectos anteriores.


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