Las leyes son para los demás

https://www.rionegro.com.ar/las-leyes-son-para-los-demas-AORN_1221551/

Hecha la ley, hecha la trampa, dice el refrán, pero a esta altura sería excesivo calificar de tramposos a quienes violan la ley electoral porque ni siquiera procuran brindar la impresión de respetarla. Por cierto, no se siente del todo preocupado por las infracciones flagrantes que se cometen a diario el fiscal federal electoral Jorge Di Lello, quien confiesa no haber prestado atención al asunto ya que le parece “que es intrascendente que me la pase mirando expedientes y no resolviendo cosas”. Aunque Di Lello admite que “puede ser que se haya transgredido” la ley según la cual “queda prohibido durante los quince días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las primarias la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos”, etcétera, que puedan “promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos”, parece entender que le sería inútil tratar de aplicar la norma y por lo tanto sería mejor adoptar lo que llama “un criterio restrictivo con respecto a las prohibiciones”. O sea que, a su juicio, lo más sensato sería mofarse de ellas. Las transgresiones más impúdicas han sido las perpetradas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, acompañada por las cámaras de la televisión oficialista y por candidatos del Frente para la Victoria, ha celebrado un acto proselitista tras otro, aprovechando las oportunidades ofrecidas por empresas como Samsung que ponen en marcha nuevas líneas de producción o por su propia fábrica de índices alentadores, el Indec. También se ha expuesto a reparos el intendente porteño Mauricio Macri por inaugurar el Metrobús y estaciones del subte con la esperanza de que se vean beneficiados los candidatos del PRO. Cristina y Macri distan de ser los únicos que han elegido interpretar la legislación electoral conforme a criterios tan “restrictivos” que su incidencia en la campaña sea virtualmente nula. Es factible que haya algunas excepciones, pero sólo se trataría de candidatos de agrupaciones menores que no tienen más alternativa que la de intentar hacer valer su presunta voluntad de respetar la letra chica de la ley. Es evidente que, en opinión del fiscal federal Di Lello, la ley electoral existente es tan mala que sería absurdo pensar en tratar de obligar a la presidenta a acatarla. Muchos concordarán, ya que en nuestro país resulta habitual que los transgresores justifiquen su conducta afirmando que las leyes que violan son arbitrarias y que por lo tanto es legítimo repudiarlas. Huelga decir que tal actitud se ha generalizado, incidiendo en el comportamiento no sólo de funcionarios y políticos que se niegan a discriminar entre lo público y lo privado, aprovechando los bienes y servicios del Estado como si fueran suyos, sino también de muchísimos empresarios y otros ciudadanos. Como consecuencia, la Argentina es desde hace mucho tiempo un país de transgresores moralistas que, cuando sobornan a funcionarios, olvidan abonar impuestos o se burlan de alguna ley local, asumen la postura de personas honestas condenadas por las circunstancias a cometer lo que según leguleyos pedantes son infracciones pero que, pensándolo bien, no lo son en absoluto. Así las cosas, no es exactamente sorprendente que el país haya protagonizado lo que, a juicio de ciertos observadores extranjeros, ha sido el fracaso colectivo más impactante, y menos explicable, del siglo XX y parece encaminado a repetir la hazaña en el XXI. El sistema dual existente, conforme al cual la legislación existente es una cosa y el código de conducta que efectivamente rige es otra bien distinta, una realidad que, para más señas, casi todos entienden, resulta intrínsecamente perverso. Al entronizar la mentira, atenta contra la justicia social, la igualdad ante la ley y cualquier esfuerzo por solucionar los problemas de la sociedad con un mínimo de eficiencia. Si, como Di Lello y Cristina, sus candidatos, y otros políticos claramente creen, la ley electoral es un bodrio, deberían haberla cambiado hace mucho tiempo para que fuera aplicable. Mientras tanto, les corresponde cumplirla, de tal modo asegurando al resto de la ciudadanía de que la Argentina es un país comprometido con el Estado de derecho, no un territorio anárquico en el que los más poderosos se sientan por encima de la ley.