Las provincias necesitan

En lo que va del año Buenos Aires, Chaco y Córdoba han colocado letras de Tesorería por 3.253 millones de pesos. A esto se suman 680 millones de dólares en títulos públicos.





fernando galassi

fgalassi@rionegro.com.ar

año con mayor endeudamiento

La recaudación impositiva provincial desacelerándose y el gasto público creciendo por encima de los ingresos tributarios constituyen un combo que hace tambalear las cajas de las provincias.

Este año los gobernadores tendrán que buscar financiamiento por un monto aproximado de 29.000 millones de pesos para financiar gasto corriente y pagos de deuda, según surge de estimaciones de la consultora Economía y Regiones (E&R).

En este marco de escasez de recursos y poca flexibilidad a la baja del gasto público subnacional, cobra relevancia el Programa de Sustentabilidad Fiscal que aportaría, según consta en el presupuesto nacional, alrededor de 15.000 millones de pesos.

La mayor parte de los ingresos que el gobierno central transfiere a las provincias llega a través de la coparticipación federal, que el año pasado creció a una tasa interanual del 37,5% respecto de los montos del 2010. E&R señala que en lo que va del 2012 la suba interanual es del 28,6%, una clara evidencia del estancamiento en el nivel de actividad económica con el que hemos comenzado el año.

Un comportamiento similar mostró la recaudación propia en los primeros meses del 2012, con una desaceleración interanual del orden del 5,6% que surge de comparar la tasa del 35,4% del año pasado contra un 29,8% de este año.

Por otra parte, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) indica que, en el 2000, el total de impuestos nacionales y provinciales representaba el 21,5% del PBI.

En el 2011 dicha relación, llamada presión tributaria, llegó al 33,7%. Sin embargo, el dato a tener en cuenta es que del incremento de 12,2 puntos porcentuales aproximadamente el 80% (9,6 puntos porcentuales del PBI) quedó en las arcas de la Nación, mientras que la participación de las provincias experimentó un incremento de 2,6 puntos del PBI.

Esto demuestra que el efecto del crecimiento económico sobre los ingresos tributarios desde la salida de la crisis del 2001 no es el mismo para la Nación que para las provincias.

En lo que se refiere al 2012, el panorama que enfrentan los fiscos de las distintas jurisdicciones es más que complicado: tensión en la economía real y financiera, tanto a nivel mundial como local; necesidades de fondos que crecen junto con el gasto público y muy poco margen para aplicar algún plan de ajuste en las erogaciones mensuales.

En este sentido, otro análisis de E&R ubica en un 30% el gasto que puede ser flexible a la baja. Para ilustrar la inflexibilidad basta mencionar que los salarios de los empleados públicos tienen una participación del 64% en la estructura de gastos de las provincias. De esta manera, cada punto porcentual de incremento salarial implica un costo adicional de 1.300 millones de pesos anuales. Todo esto hace que no se esperen cambios en cuanto a algún tipo de alivio en la carga tributaria. De hecho, ya se han observado aumentos en distintos impuestos y tasas retributivas.

Esperando el rescate

A la fecha el gobierno nacional no ha implementado el Programa de Sustentabilidad de las Finanzas Públicas Provinciales, que tiene como objetivo financiar parte del déficit y los servicios de la deuda tal como se ha hecho en otras oportunidades. La instrumentación de este programa está aprobada en la ley de Presupuesto Nacional 2012 y es una ayuda adicional a la prevista por el Plan Federal de Desendeudamiento Provincial.

La falta de cumplimiento del programa mencionado implica casi 15.000 millones de pesos a los cuales las provincias no pueden acceder. Con este monto presupuestado se alcanzaría a cubrir poco más del 50% de las necesidades de financiamiento.

En un escenario de menor liquidez fiscal, las provincias no pueden darse el lujo de seguir esperando lo prometido en presupuesto y ya han comenzado a implementar distintas medidas para poder afrontar los gastos corrientes, principalmente el pago a proveedores y de los sueldos. Entre éstas se encuentra la opción de salir a buscar financiamiento al mercado de capitales o la obtención de préstamos de alguna entidad financiera, siendo esta última la más costosa.

Sin apoyo del gobierno nacional y con un acceso al mercado a un costo claramente superior al del financiamiento nacional, y ante un 2012 que hasta el momento se presenta con aumentos salariales por encima del 20%, un nivel de actividad económica que ya comenzó a mostrar síntomas de enfriamiento (lo que generaría menores ingresos fiscales), la situación para muchos gobernadores se puede volver explosiva.

Mientras tanto las transferencias por coparticipación federal evolucionan a un ritmo que se encuentra en mínimos históricos (ver recuadro aparte).

Fuentes alternativas

A diferencia de lo que ocurre con la Nación, los mandatarios provinciales no tienen acceso a cajas extraordinarias como la Anses y el BCRA. Consecuentemente, ante un escenario como el que se descripto, se ven obligados a recurrir a los mercados de crédito a través de la colocación de deuda, ya sea mediante la emisión de títulos públicos en dólares o pesos o de letras de Tesorería. Éste parece ser un camino inevitable para evitar un deterioro del resultado fiscal y financiero.

Una de las principales diferencias entre estos instrumentos es que las últimas apuntan a cubrir desequilibrios de corto plazo y situaciones de coyuntura, por lo que el plazo de colocación no suele exceder el año. De acuerdo con un informe reciente de Economía y Regiones, ésta ha sido la herramienta financiera por excelencia empleada por la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los últimos dos años.

Asimismo, el estudio señala que durante los primeros tres meses del 2012 han emitido letras las provincias de Buenos Aires, por 3.030 millones; Córdoba, por 71,8 millones, y Chaco, por 150,8 millones. Estos instrumentos ofrecen en algunos casos una tasa fija, la cual se encuentra por encima del 13%, y en otros pagan una tasa variable que ajusta por la Badlar (tasa de interés que pagan bancos privados por depósitos a plazo fijo de 30 días de más de un millón de pesos) más un spread que va desde los 200 hasta los 380 puntos básicos.

Luego de la fiesta de tasas a fines del año pasado, cuando la Badlar superó la barrera del 20%, ésta comenzó a descender hasta ubicarse en el 12,5% esta semana. De esta forma, y computando los spreads, se obtiene que el costo del financiamiento a corto plazo para las provincias a través de la colocación de letras del Tesoro varía entre el 14,5 y el 16,5%, claramente superior al financiamiento que obtendrían de Nación.

En lo que respecta a la emisión de bonos o títulos de deuda pública, en lo que va del 2012 son dos las jurisdicciones subnacionales que han recurrido al mercado internacional de crédito. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires colocó en febrero 415 millones de dólares, mientras que la provincia de Salta emitió títulos a pagar a 10 años por 180 millones de dólares con un interés del 9,5% (ver infografía). En este caso, la tasa menor a dos dígitos se debe a que el préstamo está garantizado con regalías petroleras.

Un dato que siembra dudas sobre la continuidad de estas tasas en próximas emisiones es el aumento del riesgo país, que en las últimas semanas perforó la barrera de los 900 puntos básicos por primera vez en tres meses. Las medidas de control cambiario y de comercio exterior y una relación conflictiva con empresas privadas influyen negativamente en el clima de negocios y en las expectativas de los inversores y constituirían uno de los motivos por los cuales el indicador de la banca JP Morgan no retrocede. Esta situación presiona al alza el costo de financiamiento cuando las provincias salen a buscarlo en el mercado internacional.

Tal como lo señala un informe de la consultora abeceb.com, se está apreciando una creciente dolarización de las deudas, sobre todo provinciales. A nivel nacional, en ediciones anteriores se ha destacado que mientras que en el 2005 el porcentaje de la deuda en moneda extranjera era del 51,44%, en el 2011 la participación alcanzó el 61,80%.

El gobierno nacional no se queda atrás. Esta semana se dispuso la emisión de 534,7 millones de dólares, un remanente del Bonar 2018 originalmente emitido en noviembre del 2011 al 9% por un monto nominal de 3.500 millones de dólares. Se estima que la Secretaría de Finanzas buscaría que los títulos coticen en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y en bolsas y mercados de valores del país.

Por último, la restricción presupuestaria intertemporal del gobierno no constituye un tema menor, más si se tiene en cuenta el daño potencial que puede infligir un sector público vulnerable. Es por esto que los hacedores de política económica deben procurar reducir el riesgo fiscal para evitar una eventual crisis. A diferencia de otros momentos de dificultades económicas que ha atravesado nuestro país, el actual equipo económico cuenta con la ventaja de actuar formando parte de un gobierno políticamente fuerte sin mayores complicaciones en la estructura gubernamental. Tampoco se ven afectados por un shock generado en alguna realidad inmediatamente anterior que haya podido impulsar una falta de sustentabilidad de la política económica. No hace falta recordar que gobiernan desde el 2003. A diferencia de los mandatarios provinciales, las máximas autoridades económicas del país –si bien les toca actuar en un ambiente social sensible– corren sin dudas con importantes ventajas.


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