Las tres internas detrás del acuerdo con el Fondo

“Me tiene harto el vice de Lavagna”. Siete palabras en boca del Diputado Fernando Iglesias alcanzan como botón de muestra del ambiente político en la primera semana del año.

La discusión entre los principales referentes de la oposición en torno a la resolución del principal corset que enfrenta la economía nacional, es apenas un síntoma. De hecho, son tres las internas en torno al postergado acuerdo con el organismo multilateral.

Al mencionado debate en el seno de Juntos por el Cambio, se suma la disputa que se vive hacia dentro del propio FMI respecto al crédito otorgado a la Argentina en 2018, y la encarnizada discusión interna dentro del oficialismo, donde el ala moderada y dialoguista que encarna Guzmán enfrenta al sector refractario que desde 2020 pretende patear el tablero en la negociación con el Fondo.

Tres internas. Tres discusiones simultáneas en derredor de un mismo acuerdo. Un acuerdo que depende en partes simétricas de la resolución política interna en cada espacio.
Las tres internas atravesadas por un hilo conductor: la necesidad de mostrar en el día después, que las cosas son diferentes a lo que todos vimos y está probado que sucedió. No hay mejor definición de posverdad.

Para comprender el grado de profundidad de la interna que tiene lugar el board del FMI en torno a la negociación con Argentina, es necesario recordar cómo fue que el organismo terminó otorgando semejante cantidad de dinero a un país con crisis de balanza de pagos ya desatada.

El préstamo por u$s 57.000 millones que decidió enviar a la Argentina en 2018 y 2019 es el más grande que haya otorgado jamás el Fondo Monetario Internacional desde su constitución en el año 1944. Para tomar dimensión, vale recordar que el Plan Marshall que sirvió para la reconstrucción del continente europeo tras la Segunda Guerra Mundial, se constituyó con u$s 13.000 millones. O también que la ayuda que el propio FMI dispuso para asistir a los países afectados por la pandemia, ascendió a u$s 50.000 millones.

El informe de evaluación sobre el crédito que publicó el board a fin de año, es un tácito mea culpa de intencionalidades.
Es más que evidente que la administración Trump tuvo una injerencia determinante en la decisión del Fondo, y que el préstamo tuvo como objetivo prioritario garantizar la permanencia de Mauricio Macri en el poder. Un objetivo que no se cumplió, así como tampoco se cumplieron las metas económicas explicitas que tuvo el crédito: restablecer la confianza de los mercados, reducir los desequilibrios externos y fiscales, reducir la inflación y proteger a los segmentos más vulnerables de la población.

Por el contrario, y tal como señala el propio FMI en su informe, los fondos se mal utilizaron para financiar la salida de los capitales especulativos.
Con tal panorama, la interna que se juega hoy mismo en el interior del FMI, es cuál será la postura respecto a la deuda argentina. Existen dos visiones en el seno del organismo.

La primera es que el Fondo es co responsable del desbarajuste financiero provocado por la administración Macri, al haber financiado el desenlace, pese a las elocuentes señales de desgaste que ya exhibía el frente financiero argentino. Quienes se enrolan en esta mirada son los países menos poderosos que integran el board. Señalan que desde el vamos estaba a la vista que el acuerdo firmado en 2018 era impagable, y que la apuesta era que la renegociación de ese acuerdo, sucediera luego de 2019 con el propio Mauricio Macri en el poder.

La segunda postula que si bien fue un error asistir con un crédito de semejante magnitud un programa económico que ya había fracasado, la Argentina es responsable de sus propias decisiones de política económica y debe afrontar las consecuencias de su propia crisis. En esa postura más dura, se encuentra hoy el gobierno de los Estados Unidos, quien tiene el poder de veto suficiente para torcer cualquier decisión del board. De allí surge la exigencia de ajuste inmediato en 2022. Esta es la postura que se impone en los últimos meses en el seno del Fondo.

Sucedió, pero la intención es que parezca que nunca pasó: la administración Biden reconoce el error de su antecesor Trump, pero no está dispuesta a que Estados Unidos quede marcado como el principal responsable de la debacle argentina.

Atrás quedaron los días en los que se hablaba de “un FMI diferente, más heterodoxo, dispuesto al diálogo, y flexible”. Tal perfil se refleja apenas en el tibio mea culpa del informe publicado en diciembre, o en el reconocimiento de la inflación como un fenómeno multicausal. Pero difícilmente signifique condicionalidades distintas a las que el Fondo exigió históricamente. La receta volverá a tener gusto rancio: ajuste fiscal, flexibilización laboral y reforma previsional.

Dentro de las filas del principal espacio opositor, la principal prioridad hoy es el armado de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Se identifican nítidamente tres sectores. La UCR, que de la mano del ex Ministro K Martín Louteau hizo una excelente elección legislativa y ya reclama peso propio a en ambas cámaras. El ala moderada, la que tiene más peso interno y mayor proyección de cara a la presidencial, encabezada por Horacio Rodriguez Larreta y María Eugenia Vidal. Y el ala dura, cada vez más emparentada con las expresiones libertarias que con el republicanismo radical, encarnada por Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

La discusión principal es de qué forma se posiciona cada sector de la coalición frente al presente y al futuro, pero principalmente frente al pasado.
El emergente de ese debate fueron esta semana las diferentes reacciones frente al convite del Presidente Alberto Fernández a los gobernadores para dar a conocer el estado de situación de la negociación con el Fondo.

La invitación inicial incluía a empresarios y sindicalistas. Solo eso bastó para que Rodríguez Larreta señalara que se trataba de un acto político, y no de una reunión de trabajo, y se negara a participar. Luce extraño que un acto político, no pueda ser a la vez una reunión programática. Más sorprendente aún, es desconocer que el crédito que el Fondo otorgó a la Argentina y se está renegociando, es en sí mismo un acto político.

La respuesta de la UCR, llegó de la mano de su Presidente a nivel nacional y Gobernador de la Provincia de Jujuy, Gerardo Morales, quien asumió: “La deuda la contrajimos nosotros, lo menos que podemos hacer es ir a escuchar a Martín Guzmán”. La frase que contiene un inusual grado de racionalidad. El meollo debiera ser resolver el acuerdo, no la responsabilidad de la debacle.

Fue entonces que el ala dura del PRO entró en ebullición. La reacción de los Diputados Waldo Wolf y Fernando Iglesias, que directamente trató a Morales de “ignorante”, tiene como único objetivo desconocer la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri respecto a la deuda. El discurso pretende instalar que la deuda ya existía previamente, y que la gestión Macri “se vio obligada a acudir al Fondo”. Ninguna de las dos cosas son fácticamente ciertas, pero conforman la historia de que “aquello que sucedió, en realidad no sucedió”.

“Yo diría que este gobierno asumió con una clara ventaja que era su capacidad de endeudarse, producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior”, supo confesar en una entrevista televisiva el ex Ministro de Economía de la gestión Macri, Nicolás Dujovne. El recuerdo respecto al origen de la deuda dentro del ala dura del mismo espacio, hoy parece ser otro.

Con tales desencuentros al interior de Juntos por el Cambio, será un enorme desafío el consenso que pueda surgir dentro de la oposición, si se tiene en cuenta que el acuerdo con el FMI debe ser homologado por el Congreso de la Nación.

Durante dos largos años, el Presidente Alberto Fernández repitió como un mantra que el acuerdo con el Fondo no se llevaría a cabo a cambio de un ajuste que pusiera en jaque el crecimiento económico con inclusión.

Repitió la misma consigna al culminar el encuentro con los gobernadores, donde Martín Guzmán esquivó nuevamente la necesidad de dar a conocer metas fiscales, monetarias y cambiarias, y dedicó su discurso a poner sobre la mesa un conjunto de buenas intenciones y rasgos generales en relación a la negociación con el organismo.

Lo llamativo, es que si algo explicitó Guzmán en su exposición, es que al día de hoy hay un punto específico de desacuerdo que traba la firma con el FMI: la condición que pone el Fondo, es que Argentina debe ajustar el gasto fiscal en 2022.
Vista en perspectiva, la consigna que repite una y otra vez el Presidente, se da de bruces con la principal condicionalidad que interpone el organismo, lo que equivale a pensar que el acuerdo está hoy más lejano que antes.

Es imposible no pensar que las palabras del Presidente tienen como destinatario principal la interna del Frente de Todos, donde un enorme sector es refractario al acuerdo con el FMI desde el día cero.
Basta para ello recordar que el año 2021 culmina con un déficit fiscal primario del 2,1% del PBI, exactamente la mitad del 4,2% que estipulaba el Presupuesto. Es decir que, pese al esfuerzo de explicar que “aquello que sucedió, en realidad no sucedió”, Guzmán aplicó un ajuste de 2 puntos del producto en 2021.

La sensación que deja la interna oficialista, es que a raíz de las encarnizadas discusiones dentro del oficialismo, que tuvieron su punto culmine en la semana posterior a las PASO, el clímax de la negociación con el Fondo se fue pasando. No se supo aprovechar la buena disposición que supo mostrar su Directora Ejecutiva Kristalina Georgieva en ciertos momentos puntuales de 2021.

En vísperas del primer vencimiento en marzo, el gobierno sigue preso de la disputa ideológica interna, y se apronta a firmar un acuerdo que no incluirá ninguna de las condiciones apuntadas al inicio de las conversaciones: reducción de tasas, extensión de plazos, y evitar el ajuste.