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Las “zonas de paz”, áreas de conflicto en Venezuela



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Un rimbombante plan de las autoridades venezolanas para reducir la criminalidad sin apelar a la tradicional “mano dura” policial fue bautizado con el nombre de “zonas de paz”, lugares donde las bandas delictivas tendrían una segunda oportunidad para regenerarse. El ensayo, que otorgaba beligerancia a delincuentes comunes, se salió de control en poco tiempo, con las bandas aprovechando el subsidio oficial en metálico para proveer de más potencia a sus arsenales e imponiendo sus leyes en las áreas de influencia. Con el reconocimiento de las autoridades y el retiro de la policía de las localidades donde funcionan esas “zonas de paz”, encontraron terreno fértil para el tráfico de drogas y armas, el secuestro y la extorsión. Repentinamente, las cifras de homicidios y otros delitos aumentaron hasta que el Estado tuvo que retomar el esquema represivo, con acciones de seguridad bajo el nombre de Operación para la Liberación del Pueblo (OLP). El presidente Nicolás Maduro anunció la creación de estas zonas en febrero del 2014, como parte del plan Patria Segura. El programa incluía una oferta de desarme voluntario, en la que los delincuentes podrían cambiar armas por instrumentos de trabajo. En esas áreas se prohibió la presencia de agentes de policía, dejando el control en manos de grupos delictivos. Se establecieron formalmente en por lo menos seis de las 23 regiones del país, incluyendo la zona metropolitana de Caracas. Un año después, las autoridades se vieron obligadas a retroceder y poner en marcha las OLP, ejecutadas por grupos de elite del Ejército, la Policía y soldados de la Guardia Nacional (policía militarizada) para “liberar” al pueblo de la ola criminal. El activista Carlos Nieto Palma, de la organización no gubernamental Una ventana a la Libertad, dijo que con ese plan el Estado cedió el control de la seguridad a las bandas delictivas, “cosa similar a la que ya, desde hace varios años, se hizo con las cárceles, donde el poder total lo tienen los reclusos”. “Como parte de las estrategias centrales en estas ‘zonas de paz’ se prohibió la presencia de organismos de seguridad del Estado, permitiendo tácitamente que el control esté en manos de los grupos delictivos que operan en estos sitios”, dijo a la DPA. Los sondeos de opinión pública indican que el auge delictivo es una de las principales preocupaciones de la sociedad venezolana. Según cifras oficiales, el país tiene una tasa de 62 homicidios por cada 100.000 habitantes, de las más altas del mundo. El número aumenta a 82 en estimaciones de organizaciones no gubernamentales que estudian el tema. La organización no gubernamental Paz Activa dijo en un estudio que en 1998 por cada 100 homicidios la policía detenía a 110 personas en investigaciones. En la actualidad por cada 100 homicidios se detienen a 10 personas, lo que ilustra el grado de impunidad. Las instituciones independientes señalan el secuestro, el tráfico de drogas y la extorsión como los actos delictivos que más proliferan en el país. El programa de las “zonas de paz” intentó copiar experiencias de Brasil, Colombia y El Salvador, pero los especialistas coinciden en que las bandas supuestamente desmovilizadas calcaron el sistema de control que funciona en las cárceles, con los caciques y sus secuaces imponiendo sus leyes en los localidades declaradas bajo su dominio. La iniciativa fue impulsada por el exviceministro del Interior José Vicente Rangel Ávalos, quien en una actividad para promoverlo se fotografió con líderes de bandas armados que, mostrando rifles automáticos, declaraban su simpatía hacia el plan. El director del Centro de Investigaciones Populares en Caracas, el sacerdote jesuita Alejandro Moreno, alertó sobre que las “zonas de paz” se convirtieron en microestados “peligrosos” conformados por bandas que se declaran comunidades autónomas, las cuales excluyen a los policías o los ahuyentan a tiros. Como se sienten garantes de la paz, los jefes imponen sus normas, desde horarios de entrada y salida de la zona hasta la forma de solucionar los conflictos familiares, que deben arreglarse o desaparecer “bajo amenaza de pena de muerte”, explicó Moreno. De las “zonas de paz” salen con frecuencia reportes de homicidios y la mayoría de las víctimas son acribilladas. Las autoridades admitieron que en edificios populares construidos por el gobierno, muchos apartamentos fueron desalojados a la fuerza por delincuentes para ocuparlos como sus centros de operaciones. La firma encuestadora Hinterlaces dijo que el apoyo a la lucha contra la delincuencia creció tras el anuncio de las OLP, a pesar de las objeciones por el tema de los derechos humanos. En su estudio “Monitor País” de agosto del 2015, señala que el programa recibió un 83% de respaldo entre los encuestados. El coordinador de la organización no gubernamental Paz Activa, Luis Cedeño, dijo a la DPA que el Estado fue del extremo de la permisividad de las “zonas de paz” al extremo represivo de las OLP. “El gobierno tiene una visión de izquierda de que el ataque a la inseguridad pública debe ser de manera antagónica a la mano dura. La cristalización de esa visión han sido las zonas de paz, que ahora se vinculan al surgimiento de las llamadas megabandas. Con la OLP el gobierno se decidió por el costo de reprimir”, señaló. Agregó que las “zonas de paz” se basaron en un esquema preventivo, pero “no previenen nada, por lo que debe acompañarse con una cuota de represión”. “Las zonas de paz son conformadas por líderes de las cárceles que salen y quieren imponer ese modelo fuera de la cárcel. Las OLP surgen porque el costo de no reprimir superó el de reprimir. Es una política efectista donde pareciera que el gobierno está en control de la situación. La inseguridad está punteando en las encuestas como tema y eso le preocupa al gobierno”, señaló. El asesor en seguridad Marcos Tarre, coautor del libro “Estado delincuente”, calificó como un “desastre” el resultado de las “zonas de paz”. “La negociación es positiva, pero no de la forma que se hizo. El Estado negoció con bandas desde un punto de debilidad, sin transparencia y a espalda de las comunidades que iban a ser objeto del plan”, dijo a la DPA. Un balance no oficial después de dos meses de funcionamiento estimó que las incursiones de las OLP, muchas de ellas en “zonas de paz”, dejaron más de 100 supuestos delincuentes muertos, la mayoría por resistencia al arresto. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron excesos policiales, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos sin orden judicial y arrestos sin el debido proceso durante las operaciones. (*) Periodista

Néstor Rojas Mavares (*) Agencia DPA


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