Lavanderías sobrecargadas

La corrupción se ha hecho tan sistemática que ya no contamos con instrumentos innegablemente limpios para remediarla.

Por Redacción

La obsesión actual por el lavado de dinero no se debe a que se haya descubierto que todos los años en el país se legitiman miles de millones de dólares sucios, sino a que según un informe de un subcomité del Senado estadounidense, distintos financistas argentinos están involucrados en este negocio rentable. En otras palabras, una vez más, las presiones internacionales han obligado a un gobierno nacional a intentar eliminar una lacra notoria que de otro modo hubiera preferido pasar por alto con la esperanza de que andando el tiempo el problema se resolviese por sí solo. Desde luego que nunca hubo la más mínima posibilidad de que ello ocurriera. Por el contrario, tal como ha sucedido con otras formas de corrupción, la escasa eficacia de los presuntamente responsables de combatirlo sólo ha servido para que afectara a cada vez más personas.

No se han equivocado mucho la diputada radical Elisa Carrió y su colega, el demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, cuando afirmaron que miembros del gobierno son “parte del establishment que no quiere investigar a los lavadores”. No es que los ministros criticados por su falta de iniciativa, Chrystian Colombo y José Luis Machinea, estén en favor de los sujetos que prestan servicios financieros bien remunerados a ladrones, estafadores, coimeros y narcotraficantes deseosos de dar a su dinero mal habido una apariencia respetable. Es que saben muy bien que una investigación rigurosa podría perjudicar a muchas personas e instituciones importantes. Además, entienden que sería difícil, tal vez imposible, asegurar que los damnificados se limitaran a los malhechores. Por ser cuestión de una multitud de entidades, algunas de las cuales están relacionadas con otras que siempre han tratado de operar conforme a las reglas vigentes, la caída de cualquiera podría tener repercusiones incontrolables. Asimismo, puesto que es del interés de los lavadores profesionales sembrar confusión fabricando “evidencia” que implique a otros bancos e instituciones financieras, los investigadores, por hábiles que sean, perderán mucho tiempo examinando las actividades de personas inocentes.

En la lista de nombres de los sospechosos de tener algo que ver con el lavado de dinero de procedencia inconfesable figuran varios dirigentes menemistas más sus “amigos” extranjeros: la encabezan el mismísimo ex presidente Carlos Menem, su colaborador más fiel Alberto Kohan, su banquero favorito Raúl Moneta, Monser Al Kassar y Gaith Pharaon, además del fallecido Alfredo Yabrán y muchos funcionarios menos eminentes. Aunque en algunos casos las sospechas que se han difundido resulten carecer de fundamentos, una investigación seria no podría sino desatar una cantidad impresionante de conflictos políticos porque, como suele ocurrir, los mencionados se afirmarán blancos de una “campaña”. Si bien el presidente Fernando de la Rúa y sus acompañantes han negado con vehemencia haber acordado un “pacto de impunidad” con sus antecesores en el Poder Ejecutivo, nadie ignora que tienen buenos motivos para no querer impulsar una investigación vigorosa de todas las denuncias que se han formulado en su contra, de ahí la decisión de concentrar sus esfuerzos moralizadores en las proezas atribuidas a un par de “emblemáticos” de origen no peronista.

Igualmente contrarios a una ofensiva policial y jurídica destinada a desenmascarar a los lavaderos de dinero son los grandes bancos, los cuales, como es natural, no quieren en absoluto que hurguen en sus asuntos personajes que acaso no sean ellos mismos muy respetuosos de la ley. En efecto, la corrupción se ha hecho tan sistemática que ya no contamos con instrumentos innegablemente limpios que puedan usarse para llevar a cabo con éxito una operación de la clase que tantos están reclamando. Sin embargo, el que las autoridades de los Estados Unidos y otros países avanzados estén entre los convencidos de que Buenos Aires se ha convertido en un buen lugar en el que lavar dinero proveniente de negocios ilícitos significa que el gobierno tendrá que actuar, lo cual plantea la posibilidad de que en los próximos meses se produzcan escándalos aún más impactantes que cualquiera de los muchos que estallaron en el curso de la gestión de Menem.