Le otorgaron la libertad asistida y las autoridades no supieron de él durante un mes y medio

La preocupación por la falta de control de los condenados con beneficios que caminan por las calles de Cipolletti se reavivó días atrás con un caso que levantó polémica.  A un preso le habían otorgado el beneficio de la libertad asistida el 10 de julio y hasta el 23 de agosto nadie supo nada de él.

Lo más llamativo es que se encontraba monitoreado con pulsera electrónica y el sistema, de nuevo, no emitió alertas. Permaneció un mes y medio sin ningún tipo de vigilancia.Las pulseras o tobilleras electrónicas que ofrece el Ministerio de Seguridad no han dejado bien parados a los jueces de Cipolletti.

En el último tiempo la Justicia tuvo serios cuestionamientos por la fuga de Irene Méndez, condenada por homicidio, quien se cortó la tobillera. Por otro preso de apellido Cisterna que también estaba con el dispositivo y siguió robando y por la demora en reportar el contacto físico entre José Forno y otros líderes de la megabanda de boqueteros.

Esa situación le valió a la UADME – Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico – un llamado de atención que quedó consignado en el fallo de prisión preventiva. Cipolletti tiene negros antecedentes con los beneficios otorgados a los presos, desde el caso Geldres hasta el reciente homicidio de Joaquin Vinez, a manos de Baldebenito.

El juez de ejecución Lucas Lizzi le otorgó la libertad asistida el 10 julio con pulsera electrónica y con pautas de conducta. Además debía hacer tratamiento por su adicción. El 2 de agosto el condenado tenía que presentarse ante las oficinas del IAPL que es el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, que también depende del Ministerio de Seguridad y debe hacer el seguimiento de los condenados.

Ese día no se presentó y el 15 de agosto el organismo llamó por teléfono a la madre y ella dijo que su hijo se encontraba trabajando. El 20 de ese mes lo visitaron en la casa y no lo encontraron. Allí se informó que se había mudado de domicilio.

Una de las pautas impuestas por el juez era la de “mantener domicilio”. El magistrado de ejecución recién fue notificado el 23 de agosto de toda esa situación y cuando solicitó los reportes a la UADME surgió que el condenado estaba en otro lugar desde hacía 10 días, según la señal de la tobillera. La fiscal Rita Lucia pidió que le revocaran el beneficio.

Esa medida fue confirmada por un tribunal de revisión. Sin embargo salió a la luz que los organismos del Estado que deben hacer el control fallan y que los sistemas son muy poco fiables.  Hubo, otra vez, serias recriminaciones internas entre los funcionarios judiciales y hacia el Ministerio de Justicia.

Como agravante, la Justicia de Cipolletti ha detectado que los informes del Penal 2 de Roca que propician beneficios a los presos están mal confeccionados o lo que es más grave aún adulterados. En otro expediente se detectó que el legajo de un preso tenía algunas correcciones con lapicera.

El juez de Ejecución comunicó esa situación a la Fiscalía de Roca para que investiguen la posible comisión de un delito.