Lecciones de cuarentena

El país se prepara para ingresar en una nueva etapa de la cuarentena obligada por la pandemia del coronavirus, con un frente aceptablemente estabilizado en el plano sanitario, pero con una situación económica y social preocupante. En este plano, la actividad del gobierno continúa mostrando algunas deficiencias y estos días quedó demostrada la necesidad de un periodismo independiente y una opinión pública activa que ayuden a enmendar los errores.

Como señaló el presidente, los indicadores sanitarios parecen darle la razón a la decisión de adoptar el aislamiento social para evitar que la pandemia se extendiera en forma incontrolable. Más allá de que puedan ser opinables algunos datos, hay dos realidades comprobables: la curva de casos infectados logró “achatarse” lo suficiente para permitirle al precario sistema sanitario lidiar con la enfermedad sin colapsar. Quizás el dato más relevante es que la capacidad de camas de terapia intensiva con respiradores es -por ahora- estable y suficiente, cuando el país entra en una fase más crítica de la enfermedad, con la circulación comunitaria del virus en varias provincias.

Pero, como han dicho analistas, el gobierno cabalga sobre dos crisis simultáneas: la sanitaria y la económico-social. Es esta última la que genera más incertidumbre y fuertes presiones para flexibilizar la cuarentena y poner en riesgo el esfuerzo social de semanas. Así como la “clase universitaria” que dio Alberto Fernández fue muy clara sobre el control de la pandemia, tuvo ambigüedades sobre cómo hará para sortear el parate económico: mezcló decisiones tomadas con otras a analizar y deseos futuros.

Esto se refleja en el accionar oficial. Mientras el equipo de Salud se muestra cada vez más efectivo y coordinado, en el resto del gabinete surgen desajustes entre fracciones del oficialismo, que a menudo le juegan en contra al gobierno.

La primera fue la ya criticada situación del cobro de jubilaciones, que puso en riesgo a miles de adultos mayores. Esta semana se sumaron los escandalosos sobreprecios que se disponía a pagar el Estado en la compra de alimentos para los sectores más vulnerables. La situación fue denunciada por un periodista que se tomó el trabajo de comparar las contrataciones publicadas en el Boletín Oficial con los precios de esos artículos en supermercados, evidenciando que el Estado iba a pagar entre un 30 y 50% más, cuando compra por miles de bultos y debería conseguir ventajas. Por suerte, el presidente tuvo buenos reflejos: frenó los pagos, desplazó a funcionarios y ordenó que ninguna compra hecha por el Estado puede superar los precios máximos fijados por el gobierno a los comercios minoristas.

Dicho sea de paso, el gobierno parece revelarse impotente en evitar que los precios y el abastecimiento de alimentos e insumos críticos se desboquen en un momento tan delicado como este.

En medio del debate, la ministra de Seguridad tuvo el poco tino de anunciar un “ciberpatrullaje” en las redes sociales, para detectar la “desinformación”, el “alarmismo” y testear el “humor social” para prevenir delitos. El anuncio generó críticas de entidades de prensa y sectores opositores, señalando que podría derivar en censura, limitar la libertad de expresión y habilitar actividades de inteligencia interna ilegales. Ante el revuelo, la ministra se retractó de algunos dichos.

Esta etapa decisiva de la pandemia es para el gobierno un terreno pantanoso, donde las presiones para relajar la cuarentena se multiplican, al tiempo que las internas y malas decisiones podrían minar la legitimidad social y política que ha ganado el presidente con su liderazgo en la crisis.

Los hechos de estos días enseñan que cualquier cambio deberá ser hecho con cautela y análisis exhaustivo. El Estado debe sin dudas replantearse su sistema de compras: la emergencia en ningún caso puede ser excusa para eludir la trasparencia de los procesos ni servir para que miserables malversen fondos públicos destinados a los necesitados. También que el periodismo crítico y una opinión pública activa no son un enemigo, sino un aliado para el necesario control republicano de las acciones del gobierno, evitando las derivas intolerantes y autoritarias.