Legalidad paralela

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Por ser la presidenta Cristina Fernández de Kirchner una “abogada exitosa”, comprenderá muy bien que nunca les conviene a los acusados de violar la ley afirmarse contrarios a los principios reivindicados por el juez a cargo de la causa, como acaba de hacer al criticar, con su vehemencia habitual, a la Justicia estadounidense por minimizar la importancia de la voluntad del 93% de los tenedores de títulos argentinos de aceptar el arreglo propuesto por el gobierno nacional. Por cierto, el juez neoyorquino Thomas Griesa, el que desde hace años está procurando encontrar una solución para el embrollo jurídico y político que fue provocado por el default festivo de diciembre del 2001, no parece estar dispuesto a dejarse conmover por los argumentos esgrimidos por nuestros representantes. La semana pasada advirtió que “si, y subrayo el si, hay algún pensamiento de parte de la República de desafiar y evadir el actual fallo, entonces ese pensamiento debe ser seriamente reconsiderado y dejado de lado”. Griesa dista de ser el único que se siente harto de las tácticas adoptadas por el gobierno kirchnerista en un intento de politizar un conflicto económico y legal. Comparten plenamente su actitud muchos funcionarios de la administración del presidente Barack Obama, legisladores demócratas y republicanos y, claro está, sus homólogos de Europa y el Japón. Los métodos que, hasta ahora por lo menos, han brindado al kirchnerismo resultados muy positivos en el escenario político nacional no funcionan con la misma eficacia en otras partes del mundo. Calificar de “fondos buitre” a grupos de acreedores que siguen reclamando dinero y felicitarse porque aquí muy pocos soñarían con defenderlos puede permitirle anotarse algunos puntos políticos en la Argentina, pero parecería que en el exterior escasean los impresionados por la retórica presidencial. Asimismo, como todos los interesados en la saga de la deuda aún impaga saben muy bien, nuestro gobierno se ha hecho notorio por su negativa a respetar las sentencias adversas, entre ellas las formuladas por el organismo de arbitraje del Banco Mundial, el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en una decena de ocasiones ha fallado en contra del país. Si sólo fuera cuestión de un “fondo buitre” determinado, la resistencia del gobierno de Cristina a reconocer sus derechos legales no perjudicaría demasiado la imagen nacional, ya que los grupos especulativos así denominados carecen de prestigio internacional, pero sucede que actúa como si estuviera resuelto a obligar a todos sin excepción a subordinarse a su versión particular de la legalidad. Al jurar que nunca pagará un solo centavo a los “buitres”, Cristina, el ministro de Economía Hernán Lorenzino y otros voceros oficiales se han privado de espacio de maniobra. Si el gobierno termina pagando, sufrirá un revés político doloroso, pero si se mantiene en sus trece, los costos financieros –y a la larga políticos también– podrían ser muy grandes. Griesa no exageraba cuando dijo que “nuestras cortes no son impotentes. Podemos tomar medidas (…) para sancionar la conducta de la Argentina”. Aunque el juez optara por hacer nada, el que el país haya adquirido la reputación de ser un violador serial de las leyes vigentes en la llamada comunidad internacional ya le ha causado muchas pérdidas, puesto que los grandes inversores se han acostumbrado a boicotearlo, mientras que para conseguir créditos tiene que pagar una tasa de interés dos o tres veces más leonina que la abonada por sus vecinos, incluyendo Bolivia, lo que ha agravado mucho el drama fiscal de casi todos los gobiernos provinciales que necesitan dinero para los gastos corrientes y ni hablar de las inversiones en infraestructura que les permitirían aumentar la capacidad productiva local. En una etapa en que la crisis en el mundo desarrollado ha convencido a los inversores de que sería de su interés apostar a los países “emergentes”, la Argentina no ha resultado capaz de aprovechar las oportunidades brindadas por la abundancia de dinero, a tasas mínimas, que está disponible en los mercados de capital, ya que, para desconcierto del gobierno, se las ha arreglado para dotarse de un índice de “riesgo país” que es mucho más alto que el de España y que, tal y como están las cosas, podría acercarse pronto al ostentado por Grecia.