Liberaron en Viedma a la familia mapuche demorada durante una protesta
Estuvieron en la Comisaría Primera hasta las 2 de la madrugada. Anoche, pasadas las 21, habían sido sacados por la fuerza por personal policial desde la Dirección de Tierras de la provincia.
Tierras
La familia de Virginia Diumacán, que reclama la tenencia de tierras ubicadas en cercanías de Bahía Creek y varios de cuyos integrantes fueron demorados ayer por la noche quedaron en libertad en la madrugada.
La mujer explicó que desde hace años exigen la tenencia de unas 3500 hectáreas que están en disputa con otro vecino del lugar. Por eso, ayer por la mañana, hartos de no hallar soluciones, se presentaron en las oficinas de la Dirección de Tierras y permanecieron durante todo el día.
Luego, momentos de tensión con escenas de violencia y unas cuatro detenciones se produjeron en la esquina de Guido y Zatti. Hasta allí llegó un grupo de referentes mapuches a reclamar
El núcleo familiar, integrante de la comunidad Las Aguadas fue denunciado por la Dirección de Tierras cuando al intentar entrevistarse con el director, Enrique Alvarez Costa, no recibieron las respuestas esperas y decidieron ocupar el lugar.
Pasadas las 21 de ayer, la familia integrada por unas cinco personas fue desalojada del lugar por la fuerza y llevada detenida, ya que se resistían a salir de las oficinas públicas. En el exterior, los jóvenes mapuches intercambiaron golpes y empujones con la Policía que evitó el ingreso a las instalaciones.
Por la situación se reunieron en esa transitada esquina muchos vecinos que observaron el intenso movimiento policial.
En tanto el Ministerio de Gobierno había radicado por la tarde “una denuncia penal por la ocupación realizada en la sede de la Dirección de Tierras por parte de unas cuatro personas” según expresó en un comunicado.
La versión oficial indica que exigieron al director de Tierras, Enrique Álvarez Costa, que ordene el desalojo de inmueble fiscal rural ubicado en inmediaciones de la villa balnearia Bahía Creek, que ocupa un permisionario reconocido por el organismo desde hace más de 20 años.
El funcionario explicó a los ocupantes los requisitos y pasos administrativos a cumplirse para poder determinar la viabilidad de lo requerido, pero igualmente decidieron seguir con la medida de fuerza.
La cartera gubernamental condenó a la vez la amenaza de esas personas de que ocuparán por la fuerza el inmueble del que piden el desalojo si no tienen una respuesta en este sentido por parte de la Dirección de Tierras.
Finalmente, la cartera gubernamental expresó su preocupación porque esta medida de fuerza, a todas luces ilegal y sin ningún fundamento, impide el trabajo normal del organismo, cercenando los derechos de los usuarios que llegan a Viedma a realizar trámites.
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