Limbo legal

En principio, la idea que está reivindicando, con su vehemencia habitual, el peronista Adolfo Rodríguez Saá de renovar por completo la legislación del país tiene sus méritos. Por cierto, la experiencia de los años últimos ha mostrado que muchas leyes existentes son propias de una sociedad que se siente en buena medida ajena al capitalismo contemporáneo, realidad ésta que se ha visto agravada por el hecho de que a través de los años diversos grupos corporativos se las han arreglado para blindar jurídicamente sus conquistas para obligar a los conquistados a respetarlas. En efecto, los esfuerzos de una larga serie de gobiernos por impulsar cambios económicos se han visto frustrados por jueces que no tenían dificultades para declarar inconstitucionales las reformas oficiales. Con todo, extrañaría que lo que el precandidato presidencial Rodríguez Saá tiene en mente cuando habla de hacer caducar todas las leyes vigentes, ratificando algunas y anulando otras en un período de seis meses, fuera una revolución legal modernizadora destinada a permitirle a la Argentina avanzar con mayor rapidez en un mundo «globalizado» que es irremediablemente capitalista. Por el contrario, la consecuencia más probable de una reforma legal tan frenética y comprensiva como la propuesta por el ex gobernador de San Luis sería una legislación extremadamente populista comparable con aquellas constituciones utópicas, como la brasileña, en las que todos tienen garantizado virtualmente todo sin que tales delirios utópicos hayan incidido en la vida real.

Las grandes reformas legales destinadas a despejar el camino eliminando obstáculos arcaicos plantean desafíos que a veces parecen casi insuperables, razón por la que en el siglo XIX el Japón, gobernado por modernizadores resueltos, eligió importar partes enteras del código criminal francés primero y del alemán después. Aunque nadie negaría que podría convenirnos aprender algo de la experiencia de otros países, a juzgar por su retórica actual Rodríguez Saá querría legislación que fuera más nacionalista, no menos, que la vigente, de suerte que es comprensible que sus planteos en torno de la necesidad de renovar todas las leyes del país han ocasionado más preocupación que interés. Como afirmó hace poco el ministro de la Producción, Aníbal Fernández, la iniciativa del puntano conspira contra la seguridad jurídica y provoca «espanto» entre los que podrían estar pensando en invertir en el país, sentimiento que sin duda ha sido intensificado por la trayectoria de Rodríguez Saá en San Luis, provincia cuyas excentricidades jurídicas recientes motivaron las protestas formales de una multinacional norteamericana.

En el curso de un debate celebrado en Miami auspiciado por la Conferencia de las Américas, el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy, luego de oír a Alberto Rodríguez Saá, el hermano del candidato, insistir en la necesidad de una «ley madre» de caducidad generalizada, afirmó que su propia posición es «exactamente la opuesta» porque a su entender «hay que cumplir las leyes, no derogarlas todas», lo cual sería lo ideal si la legislación nacional no incluyera leyes hechas a la medida de intereses determinados o productos de ideologías contrarias al sistema económico al cual el país está procurando adaptarse y que el propio López Murphy está intentando promover. Pero si bien es claramente preciso que algunas leyes sean revisadas, sería contraproducente que un gobierno nacido en un momento muy especial se encargara de llevar a cabo una transformación tan drástica como la planteada por Rodríguez Saá. Sería de prever que los resultados se asemejaran a los logrados por los diputados y senadores minutos antes de terminar el año cuando, haciendo gala de su impaciencia, suelen convertir docenas de proyectos – algunos sensatos, otros delirantes- en ley sin saber muy bien lo que están haciendo. También lo sería que un futuro gobierno de ideas distintas pensaría en repetir el proceso. Mal que les pese a los conscientes de que nuestra legislación deja mucho que desear, cuando es cuestión de reformas legales la evolución es de por sí mejor que la revolución y los cambios cuidadosamente preparados siempre son preferibles a las innovaciones improvisadas que podrían ocasionar muchos problemas muy graves en los años siguientes.


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