Llegó con retraso, pero fue arrollador

Los primeros años de la década de 1940 mostraron el escenario político y social de los territorios nacionales del norte de la Patagonia con algunas características predominantes. En Neuquén, una casi inexistente o mínima expresión de un movimiento de trabajadores organizados; una débil inserción del territorio en las líneas de conflicto partidario establecidas en el concierto político nacional y, consecuentemente, una escasa presencia de agrupamientos políticos, ya fueran de matriz conservadora o radical, no así socialista.

En cambio, la trama de una sociabilidad política existente en gran parte del territorio nacional de Río Negro era diferente. Aquí ya era significativa la presencia no sólo de los partidos políticos tradicionales y aún de los representativos de los trabajadores, sino también de todas las expresiones políticas e ideológicas no siempre incluidas dentro de determinadas estructuras partidarias como el nacionalismo. También el panorama gremial era mucho más rico que el neuquino, a juzgar por la cantidad y participación de los mismos y su importancia en el mundo asociativo.

En el plano social, el espacio norpatagónico parecía ser más homogéneo, en tanto y en cuanto el mundo rural adquería predominio sobre el urbano. Además en buena parte de ese ámbito jugaban un rol importante –en términos poblacionales– las comunidades indígenas o los restos de ellas, salvo en la región de los valles del Limay y del Neuquén y los bañados por el río Negro y donde había una significativa presencia de colonos de origen extranjero.

La asunción del gobierno provisional a partir del golpe de Estado de 1943 y la significativa actividad que comenzó a desarrollar la Secretaría de Trabajo y Previsión en estos territorios modificó significativamente la realidad anterior.

El efectivo ejercicio del cumplimiento de las leyes laborales existentes y la profusa aparición de nuevas normas, el estímulo a la creación de entidades gremiales y la ampliación de su rol como intermediarias válidas entre el Estado, los patrones y sus afiliados, y una efectiva presencia estatal en el mundo rural, a través de la aplicación de nuevas leyes que congelaban los arrendamientos y aparcerías, sumada a la actividad desplegada por los delegados indígenas protegiendo los derechos de estos particulares actores y sancionando los abusos de estancieros, jueces de paz y bolicheros, fueron razones de este cambio.

Sin embargo, la presencia estatal claramente expandida a partir de la labor de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que había dejado significativas huellas en el mundo del trabajo de la región, se vio súbitamente interrumpida con la salida abrupta de Perón de los cargos ocupados el 9 de octubre y el desenlace de esa situación con la movilización obrera del 17 ese mismo mes de 1945.

Estos acontecimientos parecieran haberse vivido en estos lejanos territorios como un momento de pérdida y temor por la continuidad de las conquistas obtenidas para gran parte de la clase trabajadora. Sin embargo, a diferencia de lo sucedido en Buenos Aires y otros centros urbanos no aparecieron noticias haciendo referencia a movilizaciones regionales durante ese emblemático día, salvo la de un grupo de obreros petroleros de la Standard Oil afiliados al gremio de orientación comunista, Unión Petrolera de Plaza Huincul, que marcharon en Challacó pidiendo –paradójicamente– que no se liberara al coronel Perón y que siguiera detenido en Martín García.

Por el contrario en los días posteriores, y ahora sí en consonancia con el resto de los trabajadores a nivel nacional, los que habitaban estos territorios se volcaron a la lucha anticipando de alguna manera parte de la dinámica que adquirió la conflictividad desarrollada durante el año siguiente.

En efecto, podemos señalar que en los últimos meses de 1945 los obreros del Alto Valle ingresaron en una fase de conflicto abierto con la parte patronal, al que se sumaron otros trabajadores rionegrinos a comienzos de 1946.

Esta conflictividad se expande al territorio neuquino, obligando a intervenir una y otra vez las delegaciones locales de la Secretaría de Trabajo y Previsión para laudar entre la patronal y los trabajadores, en la mayoría de los casos a favor de estos últimos.

Esta movilización también se verificó en el mundo rural, donde además de los peones, los fiscaleros, colonos sin títulos de propiedad y las comunidades indígenas pugnaban por ser receptores de la nueva legislación, especialmente el Estatuto del peón, o tratando de hacer efectivo el lema “la tierra es de quien la trabaje” a partir de las políticas que incluyen racionalizar la explotaciones rurales, subdividir la tierra, estabilizar la población rural sobre la base de la propiedad de la misma y llevar mayor bienestar a los trabajadores agrarios. Es decir: incluir la cuestión indígena directamente en el campo de la cuestión social y laboral en el mundo rural.

A modo de reflexión final, debemos señalar que más allá de la resonancia que tuvo en la región la movilización del 17 de octubre de 1945, la llegada del peronismo se inscribió como un importante momento de inflexión en la historia de la Norpatagonia. A la vez que implicó una experiencia relativamente exitosa en cuanto a la conquista de la ciudadanía social y política e inició también un marcado proceso de integración social de amplios sectores que no habían ingresado al mundo de la política formal, expandiéndola prácticamente a todos los rincones de los territorios que componen la Norpatagonia y a todos los segmentos de sus respectivas sociedades.

(*) Doctor en Historia. Director

del Grupo de Estudios de Historia Social (UNC)

Enrique Masses (*)

Gehiso

El 17 de Octubre en la Norpatagonia