Lobbistas y violentos

No fue una jugada sutil. Las empresas petroleras ejercieron esta semana una fuerte presión para amortiguar el impacto del proyecto de retención a las exportaciones de hidrocarburos. Y desde que el tema se instaló, dos gobernadores, Jorge Sobisch de Neuquén y José Luis Lizurume de Chubut, quedaron expuestos al inocultable movimiento lobbista que aún sigue operando muy poco a la luz y bastante más a la sombra.

El nuevo impuesto, con vigencia por cinco años, al menos en su versión original, fue creado por la ley de Emergencia Pública que aprobó el Congreso el fin de semana último, para sostener la pesificación de los créditos de hasta 100.000 dólares.

Se trata de una propuesta ideada por el gobierno de Eduardo Duhalde como moneda de cambio frente al rechazo que la desdolarización de los préstamos en moneda extranjera iba a provocar en los bancos.

Ahora se dabate la reglamentación de la norma y se analizan alternativas más flexibles o, mejor dicho, menos rígidas para las compañías que, bajo el argumento de que con el gravamen se distorsionan sus proyectos de inversión a mediano plazo, ponen a prueba hasta qué punto llega la debilidad de un gobierno que asumió por el camino de un emparche institucional.

Las petroleras están dispuestas a pagar un anticipo único y extraordinario de ese impuesto por un monto de 1.400 millones de pesos. Trascendió que el dinero lo obtendrían en 30 ó 40 días a través de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Lo curioso es que, al promediar la semana, las empresas insinuaron que el pago del préstamo podía ir a cuenta del Estado.

Por ahora las autoridades nacionales le dijeron no a la variante del crédito, según expresiones del jefe de Gabinete Jorge Capitanich. Pero la negociación sigue abierta y el juego de presiones tiene un invitado selecto: los españoles de Repsol YPF, una empresa a la que el gobernador Sobisch define, desde hace tiempo y con convicción, como su «aliada estratégica».

No cae bien en la Argentina de los cacerolazos, protestas que la clase media utiliza ahora para vigilar de cerca a la dirigencia política y expresar su bronca por el «corralito» financiero, la imagen de dos gobernadores acompañando el reclamo de las petroleras, como ocurrió el miércoles cuando se reunieron con Duhalde en Olivos, Sobisch, Lizurume y el empresario del sector Carlos Bulgheroni. Llamativamente no participaron de ese encuentro los representantes de otras provincias con recursos petroleros, como Santa Cruz, Tierra del Fuego, Salta o Mendoza. ¿Las opiniones estarán divididas en este tema? Es probable que no haya uniformidad de criterios entre los gobernadores respecto de la participación en la negociación junto con las compañías a las que deben controlar para el cobro de las regalías.

Fue precisamente en Olivos donde por primera vez se habló del reemplazo del impuesto a las exportaciones de hidrocarburos por un pago anticipado. Nada se dejó trascender en ese momento acerca de la posibilidad de conseguir el dinero a través de un crédito, y menos que las cuotas podían llegar a estar a cargo del Estado.

Difundida la propuesta original de Duhalde, el gobierno del Neuquén, que trabó fuertes lazos con la petrolera española a partir de los compromisos asumidos cuando se renovó la concesión del yacimiento Loma de la Lata, reaccionó con una amenaza: aumentar la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad petrolera e incluso gravar, con el mismo impuesto, las exportaciones de hidrocarburos en la franja que corresponde a la cuenca neuquina. El proyecto quedó archivado y hoy no está muy claro quién era el destinatario de ese mensaje.

Mientras Sobisch se encontraba en Buenos Aires con la cabeza puesta en los vaivenes de la nueva política petrolera, un grupo de dirigentes la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevaba al límite una injustificada espiral de violencia. Los golpes que recibió el titular del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, Gerardo Hettinger, y también otros dos funcionarios del organismo, terminaron de aislar a estos sindicalistas que ya habían apadrinado otra golpiza, como la que sufrió al salir de la Legislatura el diputado radical Ricardo Villar meses atrás.

La prepotencia utilizada en el ISSN terminó mal para Julio Fuentes y otros dirigentes que el viernes fueron detenidos por orden de la Justicia, acusados de una chorrera de cargos, entre ellos los de asociación ilícita, un delito difícil de probar, especialmente después de lo que ocurrió con el ex presidente Carlos Menem en la causa de la venta de armas.

La Justicia dirá si los detenidos son culpables o inocentes de los cargos que se les imputaron. Pero está claro que este grupo de dirigentes estatales no acierta en la estrategia y, con acciones como las aludidas, se alejan de la sociedad tanto o más que los políticos.

Fuentes y sus dirigidos están muy lejos de las pacíficas cacerolas a las que acude la clase media. De haber pergeñado estrategias apelando a la razón y abandonado el camino de la violencia, hoy no estarían involucrados en una causa judicial.

La conducción de ATE dirige el gremio desde hace por lo menos una década, situación que, al menos en este aspecto, la equipara a los burócratas sindicales que no dejan asomar la cabeza de las nuevas generaciones.

En la Justicia saben que movieron una ficha de alto riesgo. Atraparon al sindicalista local con más presencia mediática. Pero si fallan, es probable que Fuentes obtenga laureles que la sociedad no le concedió.