Los beneficiarios de lotes sociales no pagan y ponen en jaque al Instituto de Tierras

El Instituto Municipal de Tierras y Viviendas registró este año una pronunciada caída en sus ingresos, que dependen en forma casi excluyente del pago mensual que efectúan los beneficiarios de lotes sociales y que acumulan cada vez mayores atrasos.

“Es de público conocimiento la situación en la que está el país -dijo el presidente del Instituto, José Mella-. Eso también repercute acá”.

Señaló que es constante la presentación de adjudicatarios de los lotes en las oficinas del Instituto para pedir nuevos planes de pago.

Aunque el organismo no brindó un número preciso, son cientos los terrenos fiscales entregados en la última década, cuyos titulares se comprometen a pagarlos en cuotas de bajísimos montos.

En lo que va del año el índice de cumplimiento cayó un 45% respecto del mismo período del año anterior, afirmaron desde el Instituto. Esa reducción en los ingresos regulares complica algunos planes, aunque hasta ahora no debieron bajar programas, según aseguró Mella.

En la última reunión del Consejo Social de Tierras el vicepresidente del IMTV, Nicolás Pedernera, brindó un informe sobre la situación económica del organismo y dejó en claro que había “una caida en la recaudación referida la venta de lotes”.

Mella explicó ayer que los lotes que son propiedad del municipio y terminan adjudicados a particulares con criterio social tienen un precio estándar ya establecido que se actualiza en forma periódica y que actualmente es de 500 pesos el metro cuadrado.

Señaló que los planes de pago acordados con los adquirentes son a 10 años de plazo y que las cuotas mensuales “son muy bajas, varían entre los 400 y los 1.400 pesos”.

Aun así hay mucha gente que dejó de pagar y se acercan al instituto a exponer su situación para evitar el riesgo de ser desadjudicados. “Los que no pueden pagar es por falta de ingresos, no es que la gente sea viva y quiera sacar una ventaja”, dijo Mella.

Agregó que “no pueden ser exceptuados”, pero sí se evalúa cada situación con un informe social y se acuerda un nuevo plan de pago. Según el presidente del Instituto, la merma en los ingresos hasta ahora no los obligó a postergar nada.

Pero admitió que algunos planes debieron ser reformulados. “Tenemos gastos importantes, por ejemplo la contratación un agrimensor para regularizar el barrio 29 de Septiembre, que cuesta 800 mil pesos -señaló Mella-. Estamos complicados, pero en ese caso puntual hay también un compromiso de los propios vecinos y lo vamos a sacar adelante”.