Los buitres siguen picoteando

Los esfuerzos del gobierno nacional por conseguir dinero fresco colocando bonos en distintas plazas internacionales sufrieron un revés imprevisto, al decidir el juez neoyorquino Thomas Griesa prohibirle al Citibank pagar los títulos emitidos bajo ley argentina. Para desconcierto de quienes suponían que el default “selectivo” o “parcial” se limitaba a los bonos vendidos bajo la jurisdicción de Nueva York, el juez se mostró resuelto a impedir que la Argentina acceda a los mercados internacionales hasta que los fondos buitre hayan recibido el dinero que a su juicio les corresponde, alternativa ésta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no está dispuesta a aceptar. Aunque el Citibank apele la orden del juez porque preferiría no tener que incumplir las normas de nuestro país, lo que le entrañaría el riesgo de ser una víctima propiciatoria del lío en el que se ve involucrado, parece poco probable que prosperen los intentos de obligar a Griesa a adoptar una postura más flexible. Por su parte, los voceros de los fondos buitre festejaron el fallo del juez; confían en que, dentro de poco, obtendrán lo que están buscando. Puede que al gobierno ya no le importe demasiado lo difícil que le será poner fin al aislamiento financiero del país si sigue desacatando los fallos de Griesa, puesto que desde su punto de vista las ventajas políticas que le ha brindado la pelea con “los buitres” han sido más que suficientes como para cubrir los costos económicos, pero no compartirán tal opinión quienes podrían verse obligados a encontrar una solución definitiva para el problema gravísimo provocado por el conflicto entre el país y la Justicia norteamericana. Mal que les pese, el sucesor de Cristina tendrá que abonar todos los costos políticos de un eventual arreglo, costos que los kirchneristas y muchos otros se encargarán de hacer subir lo más posible. Por sus propias razones, Griesa ha optado por continuar presionando al gobierno kirchnerista para que termine respetando su fallo original, aunque a esta altura se habrá dado cuenta de que tanto los argumentos jurídicos que esgrime como la dura realidad económica no servirán para modificar la actitud de Cristina que, huelga decirlo, tendrá la última palabra mientras esté en el poder. Para la presidenta, todo debería subordinarse a lo político, ámbito en que, a diferencia de Griesa, se siente a sus anchas. Se trata, pues, de un diálogo de sordos. Aun cuando el “juez casi municipal, de trocha muy angosta”, como en una oportunidad lo calificó el exintegrante de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni –pasando por alto el hecho de que el “municipio” de Griesa ostente un producto bruto que duplica el de la Argentina–, lograra explicarle que sería del interés de nuestro país satisfacer a “los buitres”, el gobierno kirchnerista se mantendría en sus trece. No cedería a menos que tuviera buenos motivos para creer que el grueso de la ciudadanía está a favor de lo que para Cristina y muchos otros sería una derrota humillante. Por ahora, no hay señales de que la actitud mayoritaria hacia “los buitres” esté por cambiar. Para que ello sucediera, sería necesario que el pragmatismo se impusiera al principismo reivindicado por los kirchneristas y sus aliados coyunturales. El gobierno nacional del entonces presidente Néstor Kirchner optó por someterse a la ley de Nueva York por entender que ningún inversor en sus cabales compraría bonos bajo la jurisdicción nada confiable de las leyes de nuestro país. Andando el tiempo, el gobierno comprendería que hubiera sido mejor emitirlos en Londres, puesto que las leyes inglesas han resultado ser menos rígidas cuando de los deudores se trata que las neoyorquinas, pero ya le es tarde. Por lo demás, Griesa está claramente decidido a defender lo que para él es su propio territorio y por lo tanto toma todas las maniobras ensayadas por nuestro gobierno como una amenaza no sólo a su propia autoridad sino también a la de la Justicia estadounidense como tal. Lleva las de ganar porque en el resto del mundo, incluyendo a Gran Bretaña y los demás países de la Unión Europea, escasean los interesados en arriesgarse desafiando las leyes financieras norteamericanas, razón por la que se ha visto frustrada la esperanza de que los europeos se rebelen contra el imperialismo jurídico de Estados Unidos.

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