Los fiscales quieren seguir investigando la muerte del bebé

Cendón y Lozada trabajan en la impugnación del fallo que rechazó la formulación de cargos a la madre



La fiscal Betiana Cendón junto a Martín Lozada y Marcos Sosa Lukman (fiscal adjunto).  (Archivo)

La fiscal Betiana Cendón junto a Martín Lozada y Marcos Sosa Lukman (fiscal adjunto). (Archivo)

El equipo que conduce la fiscal Betiana Cendón elabora, con el apoyo del fiscal jefe Martín Lozada, el recurso para impugnar el fallo de la jueza de garantías Romina Martini que rechazó la formulación de cargos contra una joven sospechada de haber matado a su bebé recién nacido con el argumento de la falta de pruebas.

Fuentes que conocen el caso explicaron que la fiscalía en el recurso volverá a insistir con la necesidad de que se permita habilitar la investigación para esclarecer qué ocurrió y en qué circunstancias mataron al recién nacido.

Indicaron que el recurso tiene que estar presentado antes del 3 de junio próximo para que sea analizado por el Tribunal correspondiente.

Los fiscales insisten que la formulación de cargos que pretenden hacer contra la joven sospechada del homicidio de su bebé es para abrir la puerta a investigar el caso. Sostienen que ni la declaración de la joven ante una empleada policial ni el allanamiento en el domicilio de la sospechosa forman parte de la evidencia.

Uno de los ejes centrales de la impugnación para que el tribunal analice serán cuáles son los alcances de la perspectiva de género, que Martini priorizó para analizar el caso.

En el Ministerio Público Fiscal entienden que Martini sólo valoró los planteos de la defensa oficial de la joven y no tuvo en cuenta los argumentos de la fiscalía.

Perspectiva de género

El primer punto que Martini expuso en su fallo fue aclarar cuál es el marco normativo que resulta aplicable al caso. Y señaló que se tiene que analizar sobre la doctrina y jurisprudencia que eliminación todas las formas de discriminación contra la Mujer, que tienen rango constitucional. También valoró los pactos internacionales que garantizan la protección integral a las mujeres.

En ese aspecto destacó el derecho de las mujeres a la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones, a recibir un trato humanizado, evitando la revictimización.

Martini sostuvo que “el caso debe analizarse y resolverse con el marco legal indicado precedentemente, en razón de estar llamada a juzgar a una mujer, que habría cometido un hecho delictivo contra su hijo luego de haberlo dado luz -situación que solo puede vivir una persona por su condición de mujer-, parto ocurrido sin asistencia, lo tuvo sola en su vivienda, que además en el presente se encuentra atravesando el puerperio”. Se trata de una chica de 18 años, que tiene un hijo de 2 con su pareja.

En la resolución Martini cuestionó el trabajo que Cendón y su equipo desplegó a partir de que recibieron la noticia de que había un bebé en posible riesgo y había que ubicarlo.

Informes

Valoró el informe de la psiquiatra forense Verónica Martínez que evaluó el estado de salud mental de la joven. La jueza consignó que la psicóloga forense Andrea Maccione informó que la joven “está en estado de shock, que tiene baja autoestima, temor a perder a su hijo T, que además le temía a su pareja”.

Martínez consignó que la joven relató que se sentía rara hacía meses, “pero no pensó que estaba embarazada ya que seguía teniendo pérdidas de sangre que si bien no eran de gran cuantía ella interpretó que se trataba de las menstruales”. Dijo que un test de embarazo le dio negativo.

Dijo que cuando se dio cuenta que estaba embarazada -habría ocurrido hace un mes- no quiso contarle a su pareja porque temía que él se enojara, porque le había expresado que no quería tener otros hijos. Además, dijo que su pareja ya tenía problemas en casa y esto sería agregarle otro problema.

Martini advirtió en su fallo que el trabajo de la fiscalía no se hizo de acuerdo a las normas procesales. Indicó que “no se requirió autorización judicial para efectuar ninguno de estos ingresos” en el domicilio de la joven, donde hallaron al bebé sin vida ni de su pareja.

Martini admitió los tres planteos que hizo el defensor oficial Marcos Cicciarelo. Para la jueza no quedaron dudas de que la joven corrió riesgo de vida.

No cuestionó que la médica que atendió a la joven haya denunciado un parto reciento y un bebé que no aparecía y que la fiscalía tenía que investigar para evitar un daño en la vida o salud del bebé.

“Considero que ante la urgencia por hallar al bebé la investigación no pudo ver ni considerar el respeto por los derechos fundamentales de la mujer que se había visto obligada, por su propio estado de salud, a exponerse a la criminalización”, afirmó.

“Menos aún pudieron tener en cuenta el contexto en el cual se encontraba inmersa esta joven de 18 años signado por la vulnerabilidad, en estado puerperal y emocionalmente en riesgo”, afirmó Martini.

Y consideró que la fiscalía debió pedir la orden judicial para allanar los domicilios. No tuvo en cuenta los argumentos de la fiscalía en función de que obraron de buena fe por la urgencia de hallar un bebé con vida.

Tampoco, la jueza validó el consentimiento de un familiar directo de la joven que permitió inspeccionar el domicilio y encontrar al bebé muerto. Para Martini, ese consentimiento fue bajo presión.

Por eso, declaró la nulidad de la inspección domiciliaria en la vivienda de la joven y de todos aquellos que fueron su consecuencia por haber sido llevada a cabo en violación a la garantía constitucional de inviolabilidad de domicilio prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional. En consecuencia, quedó sin efecto toda la evidencia que recolectaron en ese domicilio.

Consideró ilegal los dichos de la joven ante un interrogatorio ilegal por parte de una empleada policial en el hospitalaria. En esos dichos, la joven indicó donde el bebé estaba muerto.

La autopsia indicó que el bebé murió asfixiado por ahorcamiento y tenía 10 heridas de arma blanca. La joven continúa internada con medidas de protección.


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