«Los presos denuncian para salir de la U-11» 11-4-03

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NEUQUEN (AN).- Para el director de las cárceles de la provincia, comisario inspector Raúl Martínez, los presos de la Unidad 11 realizan denuncias contra los guardias para justificar las revueltas que protagonizan y para que los trasladen a comisarías, donde las condiciones de alojamiento son menos rigurosas y hay menos seguridad. Por otra parte, Martínez admitió que la relación entre los detenidos y los guardias «no es buena», aunque destacó que «los internos que provocan conflictos son el diez por ciento del total, lo que pasa es que el resto tiene que acompañarlos para no sufrir represalias». Martínez fue consultado por «Río Negro» sobre la crítica situación que se vive dentro de la Unidad 11, reflejada en el crecimiento explosivo de las denuncias por apremios ilegales. Pero al mismo tiempo, según pudo averiguar ayer este diario, aumentaron las causas que involucran a los detenidos en incidentes como fugas y quema de colchones (ver aparte). El jefe policial indicó que la crisis actual «tiene su correlato con una serie de episodios anteriores, como intentos de fuga, peleas entre detenidos, huelgas de hambre y otros. Cada vez que el interno recibe una sanción por su inconducta, se justifica haciendo una denuncia contra el personal de guardia». Recordó que días atrás se produjo «una refriega» cuando los alojados en el pabellón 7 «tomaron de rehén a un celador», y otro incidente similar ocurrió luego cuando «los del pabellón 1 no se quisieron encerrar después de que terminó la trasmisión del canal 7 de televisión. Trataron de impedir el ingreso del personal, tomaron las instalaciones y lógicamente se produjo otra refriega». Martínez admitió que arrojaron gases lacrimógenos, pero «solamente dos, más de esa cantidad no se puede porque es un ambiente cerrado». Los presos aseguran que las «gaseadas» son habituales y que luego los mojan con una manguera de alta presión. La combinación del químico del lacrimógeno y el agua helada les provoca quemaduras en la piel. El comisario inspector añadió que «los presos rompen paredes y extraen hierros con los que fabrican armas caseras. Siempre en las requisas se encuentra alguna». También dijo que luego de los incidentes «no se dejan revisar por el médico, y después siempre aparece alguno lesionado». Insistió en que «las denuncias que realizan tienen varias finalidades, una es justificar los incidentes que protagonizan; otra es lograr que los saquen porque quieren ir a las comisarías», donde las condiciones son menos rigurosas «y hay menos seguridad». También admitió que «conspira contra la tranquilidad que están todo el día sin hacer nada, y el ocio es un mal consejero». Al respecto, el Poder Judicial ha ordenado al Poder Ejecutivo que debe darles trabajo a los detenidos mientras cumplen su condena, pero esa directiva no se cumple. Martínez señaló además que «el problema son el diez por ciento de la población carcelaria», que actualmente roza las 200 personas. «En cada pabellón hay cuatro o cinco cabecillas, y el resto se tienen que acoplar», señaló. Respecto del personal, «sería mejor si tuviéramos más guardias, pero los nuevos agentes están haciendo el curso y recién los tendremos disponibles en noviembre». Actualmente el servicio lo cumplen efectivos sin demasiada preparación para la tarea, y además ser trasladado para trabajar en la cárcel es visto dentro de la carrera policial como un castigo.

Los números que reflejan la crisis

NEUQUEN (AN).- La cantidad de denuncias por apremios ilegales formuladas por detenidos en la Unidad 11 contra policías no deja de crecer. Fuentes judiciales revelaron ayer que ya superaron las 50 en lo que va del año, contra 33 de todo 2002. En el último mes y medio hubo más de 30, y como algunas son denuncias colectivas, la cantidad de víctimas es superior. Pero al mismo tiempo crecieron las causas judiciales en las que están involucrados los presos por protagonizar evasiones, intentos de fuga, quema de colchones, daños diversos y agresiones a los guardias. En ese sentido, las fuentes revelaron que ya se iniciaron 30 causas, contra 15 de todo el año pasado. Estos datos que traducen en números la magnitud del conflicto se manejan en varios estamentos con poder de decisión, como el Tribunal Superior de Justicia, el ministerio de Gobierno y la Comisión Penitenciaria. Por otra parte, en las dos Cámaras Penales, en los seis juzgados de Instrucción y hasta en el TSJ, se tramitan incontables recursos de hábeas corpus presentados por los presos y sus familiares, reclamando que cesen los castigos a los que vienen siendo sometidos. La Unidad de Detención 11 es la cárcel más grande de la provincia. Asentada en el Parque Industrial, tiene capacidad para 185 internos y actualmente están alojados allí casi 200. El 60 por ciento tiene condena, el resto están procesados con prisión preventiva. La dotación del personal está por debajo de los niveles aconsejables: los 90 guardiacárceles (distribuidos en tres turnos) son apenas la mitad de los que deberían estar destinados a la unidad. Por eso los pabellones tienen vigilancia mínima, y hasta las torres instaladas en el cerco perimetral están desguarnecidas. En un intento por descomprimir la crisis, los defensores oficiales comenzaron a realizar visitas para recoger denuncias (algo que tenían casi prohibido hasta hace poco), también la conducción del TSJ inspeccionó la cárcel y se espera que en lo inmediato haya una «respuesta institucional», según varias fuentes judiciales.