Los que están solos y esperan
Por James Neilson
Sería difícil no sentir simpatía por los millares de desocupados de La Matanza y muchas otras partes del país que están cortando rutas para reclamar trabajo, comida, escuelas y atención médica gratuita. A juicio de ellos mismos, de los políticos y de los comentaristas, no les quedan demasiadas alternativas salvo la de esperar a que una recuperación económica finalmente llegue para suministrarles lo que necesitan. Conforme al consenso aún imperante, es responsabilidad de los «dirigentes» asegurarles por lo menos lo imprescindible. Todos coinciden en que sea así, pero ocurre que desde hace tiempo ni el Estado tanto nacional como provincial ni los partidos políticos cuentan con los medios que les permitirían cumplir con dicho deber. No sólo es cuestión de la falta de fondos. Otro factor consiste en la inoperancia al parecer irremediable de instituciones que sencillamente no están en condiciones de hacer frente a emergencias. Así, pues, se ha roto el contrato implícito en que se basaba el sistema político argentino y tal como están las cosas no habrá forma de restaurarlo jamás. Será forzoso negociar uno que sea radicalmente distinto, pero el interés por emprender esta tarea es bastante escaso en buena medida porque muchos políticos suponen que si se les ocurriera confesar su propia impotencia no tardarían en ser barridos por inútiles.
Para la mayoría abrumadora de los habitantes del país, es natural que la gente de La Matanza, aquel distrito inmenso en que medio millón de personas vive por debajo de la línea de pobreza, pida «soluciones» al gobierno. ¿Para qué existen los gobiernos si no es para ayudar a los débiles? También lo es que casi todos traten el drama de la miseria de manera colectiva: una «solución» adecuada beneficiaría a los necesitados en su conjunto, no a algunos pocos. Sin embargo, en el mundo real no hay posibilidad alguna de que el gobierno nacional del presidente Fernando de la Rúa o el provincial del gobernador Carlos Ruckauf rescate a los hundidos en la miseria. A lo sumo, lograrán aplacar a los más militantes incorporándolos al elenco dirigente, lo cual serviría para poner fin a los cortes de ruta pero no para mucho más.
Pues bien: ¿cómo reaccionaría el gobierno de los Estados Unidos, es decir, del país paradigmático para los tiempos que corren, frente a un desastre similar? Con toda probabilidad, se limitaría a enviar unidades de la Guardia Nacional a despejar los caminos y detener a los «cabecillas» de lo que, con razón, tomaría por una rebelión violenta contra el Estado de derecho. Después, tal vez, se intentarían algunas medidas destinadas a «reinsertar» a los marginados en la sociedad, pero se trataría de iniciativas mínimas, no de un programa ambicioso destinado a inaugurar una época de justicia social. Es que en los Estados Unidos, lo «natural» es que las personas con problemas se vean forzadas a valerse por sí mismas, trasladándose a otra parte más promisoria del país si no encuentran empleos en el lugar de residencia propio o intentando formar algún negocio rudimentario. Todos, incluyendo a los recién llegados, lo entienden, razón por la cual los «estallidos» que se producen suelen tener menos que ver con la extrema pobreza que se da en muchas grandes ciudades norteamericanas que con los conflictos raciales. En los Estados Unidos nunca ha sido popular la idea de que deberían existir soluciones políticas contundentes para los problemas económicos: según las pautas argentinas, en este sentido todos los gobiernos, sin excluir a los encabezados por Franklin Roosevelt, John F. Kennedy y Lyndon Baines Johnson, han sido agresivamente «liberales».
Pues bien: desde antes de comienzos de la gestión del presidente Carlos Menem, la Argentina está alejándose del viejo «modelo» corporativo y paternalista para acercarse a otro «liberal» e individualista. Lo mismo que tantos otros países, está «norteamericanizándose». Pero aunque muchas estructuras han cambiado, las actitudes apenas se han modificado. He aquí el motivo fundamental del desprestigio no sólo de la «clase política» sino también de la política como tal. Como siempre, los «dirigentes» hablan como si estuvieran en condiciones de solucionar los problemas pero, claro está, ya no tienen con qué hacerlo. Si bien están dispuestos a reconocer que los esquemas clientelistas no pueden funcionar sin dinero, dan a entender que se trata de una etapa que terminará pronto y que entonces podrán desempeñar nuevamente su papel tradicional. Para disculparse aluden al «neoliberalismo», a la deuda externa, a la herencia y otros males que en su opinión están en la raíz de todas las penurias actuales, pero tales excusas ya no impresionan a los muchos que se sienten traicionados por sus «dirigentes» a quienes acusan de seguir robando sin hacer nada a cambio de sus privilegios. Si odian tanto a un «modelo» que según ellos produce tanto sufrimiento, se preguntan, ¿por qué no lo desechan en favor de otro mejor?
A muchos políticos les encantaría poder hacerlo, pero en sus momentos más sobrios saben que no serían capaces de construir un sistema económico que fuera lo bastante productivo como para permitir que la Argentina mantenga su lugar actual en el mundo, para no hablar de mejorarlo, y que diera trabajo adecuadamente remunerado a casi todos los adultos del país. Aunque la experiencia norteamericana ha mostrado que la hipermodernidad y el dinamismo no son incompatibles con la ocupación plena, muchos de los empleos que ha generado la bonanza de la era Clinton son precarios y los salarios son muy inferiores a los de antes. Puesto que el ingreso per cápita estadounidense es al menos tres veces superior al argentino, de reproducirse aquí en escala reducida un boom comparable, a lo mejor se crearía, andando el tiempo, una multitud de empleos equiparables con los provistos por los planes Trabajar. La verdad es que sería poca cosa, pero dadas las circunstancias sería poco realista pedir más.
En la actualidad, el país se halla a medio camino entre el viejo «modelo» corporativo populista y otro nuevo de características «liberales», pero desafortunadamente para todos, no cuenta ni con una cultura económica comparable con la estadounidense ni con los recursos que tanto han contribuido a su supremacía. No sólo es una cuestión de dinero y de infraestructura, sino también del atraso educativo, de la ausencia de una comunidad científica y de la mentalidad dependiente, para no decir cortesana, del grueso del empresariado. Por eso, es comprensible que tantos quisieran conformarse con un «modelo» menos exigente, pero sucede que las hipotéticas alternativas ya se han desactualizado, ya requerirían para funcionar capacidades administrativas muy superiores a las poseídas por los políticos y empleados públicos locales.
La Argentina no es el único país que ha tenido que «liberalizarse» a pesar de ser producto de una tradición nada liberal. España también tuvo que hacerlo, pero comenzó un par de décadas antes y disfrutó de la cuantiosa ayuda del resto de Europa occidental, además de las ventajas brindadas por la proximidad de decenas de millones de turistas en potencia.
Pero aun así, durante años la tasa de desocupación española superó el veinte por ciento y todavía es del quince por ciento, sin que los sin trabajo recibieran más que un subsidio magrísimo. Puede que la Argentina logre seguir por la misma ruta que ha trazado la madre patria, lo cual la llevaría a un modesto bienestar luego de veinte o treinta años muy difíciles.
Esta perspectiva no es satisfactoria desde el punto de vista de nadie y sobre todo no lo es desde aquella de quienes están reclamando «soluciones» inmediatas, pero puesto que la única alternativa consistiría en un intento desesperado y con toda seguridad vano de volver al pasado, sería mejor que los «dirigentes» sean personas que entiendan muy bien que el facilismo populista ya ha supuesto la miseria para buena parte de la población actual del país y que recaer en él tendría consecuencias aún más devastadoras para las generaciones siguientes.
Sería difícil no sentir simpatía por los millares de desocupados de La Matanza y muchas otras partes del país que están cortando rutas para reclamar trabajo, comida, escuelas y atención médica gratuita. A juicio de ellos mismos, de los políticos y de los comentaristas, no les quedan demasiadas alternativas salvo la de esperar a que una recuperación económica finalmente llegue para suministrarles lo que necesitan. Conforme al consenso aún imperante, es responsabilidad de los "dirigentes" asegurarles por lo menos lo imprescindible. Todos coinciden en que sea así, pero ocurre que desde hace tiempo ni el Estado tanto nacional como provincial ni los partidos políticos cuentan con los medios que les permitirían cumplir con dicho deber. No sólo es cuestión de la falta de fondos. Otro factor consiste en la inoperancia al parecer irremediable de instituciones que sencillamente no están en condiciones de hacer frente a emergencias. Así, pues, se ha roto el contrato implícito en que se basaba el sistema político argentino y tal como están las cosas no habrá forma de restaurarlo jamás. Será forzoso negociar uno que sea radicalmente distinto, pero el interés por emprender esta tarea es bastante escaso en buena medida porque muchos políticos suponen que si se les ocurriera confesar su propia impotencia no tardarían en ser barridos por inútiles.
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