Los únicos privilegiados

A muchos políticos les encanta hablar de transparencia, pero su entusiasmo es meramente teórico.

Redacción

Por Redacción

A muchos políticos les encanta hablar de “transparencia” y de “solidaridad”, pero ocurre que su entusiasmo por las cualidades así denominadas es meramente teórico. Saben que cuentan con prestigio en los países desarrollados y, por tratarse de personas actualizadas, se sienten constreñidos a reivindicarlas, pero esto no quiere decir que estén dispuestos a modificar su propia conducta. Si bien a pocos legisladores provinciales se les ocurriría confesar que sus “dietas” suelen ser treinta o cuarenta veces más altas que los ingresos del obrero común, diferencia que algunos, acaso muchos, se las ingenian para aumentar mediante la venta de votos y de influencias, no vacilan en hacer gala de su opulencia por entender que sus comprovincianos, lejos de protestar, los respetarán aún más por su éxito. Con todo, desde su punto de vista es mejor que el público no se entere de las cifras exactas, razón por la cual los legisladores tucumanos se sienten vilmente traicionados por el ex ministro de Gobierno de su provincia, José Ricardo Falú, que acaba de renunciar a su puesto luego de un intento infructuoso de obligarlos a conformarse con los aproximadamente tres mil pesos mensuales de su dieta oficial. Según Falú, en realidad los legisladores cobran 15.000 pesos mensuales gracias a los eufemísticamente llamados “gastos de bloque”, pero aunque los integrantes de una minoría de clase media coincidirán en que es escandaloso que estos políticos hayan conseguido conquistar el bienestar a costillas del contribuyente, puede que las consecuencias electorales del robo así perpetrado sean menores.

Al despedirse de su función, Falú hizo hincapié en el contraste entre la miseria del “ejército de hambrientos” que deambula por la provincia y la opulencia de los legisladores que, dijo, deberían pedir perdón al pueblo y devolver los dineros públicos ilícitamente percibidos. Huelga decir que la posibilidad de que actúen de tal modo es virtualmente nula. Lejos de considerarse estafadores, los legisladores tucumanos, lo mismo que sus equivalentes de muchas otras provincias paupérrimas, están plenamente convencidos de que es justo que ganen lo suficiente como para sentirse por fin parte de la elite económica nacional. Tal vez sus jefes cambiarían de opinión si tuvieran motivos para creer que en las próximas elecciones los tucumanos se las arreglarían para castigarlos en las urnas por haberse apropiado de una proporción a todas luces excesiva de los recursos financieros disponibles, pero es poco probable que esto suceda. En amplias zonas del país, los pobres no suelen sentirse del todo indignados por la rapacidad indisimulada de sus representantes. Por el contrario, la celebran por los mismos motivos que los harían festejar la buena fortuna de un vecino que se convirtiera en multimillonario gracias a una lotería.

La mentalidad así reflejada tiene mucho que ver con el fracaso económico y social de la Argentina en su conjunto y, sobre todo, en las provincias de tradiciones feudales acostumbradas a la hegemonía de un clan familiar. Mientras que en los países modernos la mayoría abrumadora de los ciudadanos cree que es lógico que el mercado reparta los premios materiales, en otros lo natural es que sean distribuidos según criterios que en el fondo son políticos o sociales, de suerte que es considerado tan legítimo que un “dirigente” aproveche su poder para enriquecerse y para ayudar a sus familiares y amigos como lo era en épocas ya lejanas que lo hicieran un monarca y sus favoritos. En sociedades premodernas como la nuestra, los valores realmente respetados, a diferencia de los declamados, son tan distintos de los imperantes en los países avanzados que el capitalismo liberal no puede sino funcionar mal y los políticos no pueden sino ser sistemáticamente corruptos. Aunque este orden híbrido está modificándose rápidamente al difundirse ideas y actitudes más apropiadas para los tiempos que corren, el conflicto entre lo viejo y lo nuevo dista de haber culminado y, mientras continúe, en todo el país “dirigentes” como los tucumanos denunciados por Falú procurarán aprovechar al máximo lo que para muchos será la última oportunidad para adquirir una fortuna personal que les permita salvarse de la miseria generalizada que es en buena medida el producto de sus propios esfuerzos.


A muchos políticos les encanta hablar de “transparencia” y de “solidaridad”, pero ocurre que su entusiasmo por las cualidades así denominadas es meramente teórico. Saben que cuentan con prestigio en los países desarrollados y, por tratarse de personas actualizadas, se sienten constreñidos a reivindicarlas, pero esto no quiere decir que estén dispuestos a modificar su propia conducta. Si bien a pocos legisladores provinciales se les ocurriría confesar que sus “dietas” suelen ser treinta o cuarenta veces más altas que los ingresos del obrero común, diferencia que algunos, acaso muchos, se las ingenian para aumentar mediante la venta de votos y de influencias, no vacilan en hacer gala de su opulencia por entender que sus comprovincianos, lejos de protestar, los respetarán aún más por su éxito. Con todo, desde su punto de vista es mejor que el público no se entere de las cifras exactas, razón por la cual los legisladores tucumanos se sienten vilmente traicionados por el ex ministro de Gobierno de su provincia, José Ricardo Falú, que acaba de renunciar a su puesto luego de un intento infructuoso de obligarlos a conformarse con los aproximadamente tres mil pesos mensuales de su dieta oficial. Según Falú, en realidad los legisladores cobran 15.000 pesos mensuales gracias a los eufemísticamente llamados “gastos de bloque”, pero aunque los integrantes de una minoría de clase media coincidirán en que es escandaloso que estos políticos hayan conseguido conquistar el bienestar a costillas del contribuyente, puede que las consecuencias electorales del robo así perpetrado sean menores.

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