Manía reeleccionista

En medio de la disputa legal y política por las elecciones provinciales, el gobierno llamó a comicios el 23 de junio para las 36 comisiones de fomento de la provincia, con un nuevo régimen legal que deja abierta la puerta a la reelección indefinida de los comisionados.

La reciente ley 5352 estableció un nuevo marco de funcionamiento para el sistema de administración de las localidades más pequeñas de la provincia. La mayoría están en la Región Sur, Andina y Atlántica.

El objetivo declarado fue aggiornar el sistema, ya que desde su creación, hace 50 años, “el mundo y los modos de vida han cambiado sustancialmente”, señala en la fundamentación. La normativa introduce la elección directa y proporcional de vocales, regula en forma más clara y específica su funcionamiento, aumenta su capacidad de gestión, mejora su coordinación con organismos provinciales, obliga a los comisionados a residir en el paraje y establece un contralor desde el gobierno provincial.

Sin embargo, los aspectos positivos de la ley quedaron opacados por un cambio en la redacción del artículo 4, que antes establecía la duración del periodo de los comisionados “en cuatro años, pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional”, por un simple “podrán ser reelegidos”, con lo que de hecho se borra el límite de dos mandatos como máximo, establecido en la reforma de 2010.

Aunque el gobierno intentó presentar la modificación como de forma, contradice uno de los fundamentos: “Garantizar la convivencia democrática” y “consolidar un sistema democrático, representativo y participativo” en las comisiones. La hipertrofia de los Ejecutivos y el caudillismo habitual de nuestra política hacen que quien ejerce el cargo tenga una enorme ventaja sobre sus rivales en los procesos electorales, por el elevado nivel de conocimiento que les otorga la presencia institucional, el manejo del calendario electoral y el uso de recursos estatales, entre otros. Sólo a modo de ejemplo, en Latinoamérica la tasa de reelección de los presidentes es del 90%, y en los gobernadores de nuestro país es del 80%. Por eso, las limitaciones a la reelección buscan garantizar una mínima alternancia en el poder.

En el caso de las comisiones de fomento, la proximidad del liderazgo y el manejo de recursos vitales para una población vulnerable hace que el poder de los comisionados en muchos casos sea enorme. Tienen la gestión de la leña o el gas del plan Calor en invierno, tienen el vehículo en mejores condiciones y cupos de combustible para el traslado de personas por trámites y urgencias, son intermediarios clave ante entes provinciales, nacionales o judiciales e interceden por obras claves. Su manejo histórico ha sido dispar, con administraciones honestas y eficientes y comisionados que se han mantenido más de 20 años en el cargo, un nepotismo que instaló “dinastías familiares”, abusos, discrecionalidad en el manejo de fondos y corrupción. Hay comisionados que administran sus parajes desde Roca o Bariloche.

La omisión sobre el límite a las reelecciones podría echar por la borda buena parte de la modernización pretendida por la ley. Según la oposición, responde a un acuerdo político entre el gobierno actual y comisionados que finalizan sus mandatos en el 2019 y temen perder el control de sus parajes. La mayoría de ellos asumió en 2011, cuando estaba vigente la prohibición para un tercer mandato consecutivo. La “omisión” de la limitante en la nueva redacción buscaría garantizar su apoyo al oficialismo en los comicios provinciales a cambio de seguir en sus cargos indefinidamente.

Como señaló el fallo de la Corte que bloqueó una tercera postulación del gobernador Weretilneck, “la vigencia del sistema republicano requiere una periodicidad y renovación de las autoridades” y las comisiones de fomento no son una excepción. Como señaló el pensador francés Alexis de Tocqueville ya en el siglo XIX, el Municipio (la administración local) “es el lugar donde reside la fortaleza de los pueblos libres” ya que allí se ejerce primariamente la ciudadanía. Permitir que comisionados se atornillen en el poder por más de ocho años sin dudas atenta contra la calidad democrática de estos gobiernos locales.